El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que “el Poder Judicial Federal ha demostrado y seguirá demostrando ser independiente del poder político, pero también de los poderes fácticos, no somos gobierno, pero tampoco somos oposición. No nos hemos dejado utilizar y no nos dejaremos utilizar. Reitero, que nuestro único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos”.

Al inaugurar la XVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) con el tema “Justicia para la inclusión social en México”, el Ministro afirmó que “los jueces y las juezas federales no requieren que se les defienda en la plaza pública, pues ellos y ellas se defienden todos los días con sus sentencias, y nosotros, el Poder Judicial Federal acreditamos todos los días con nuestras sentencias que somos independientes”.

En ese sentido, el Presidente del Alto Tribunal aseguró que las y los juzgadores federales seguirán trabajando incansablemente defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sobre todo de los grupos más vulnerables, de los olvidados, de los invisibles, de los abandonados. “Tenemos que generar una justicia transformadora con sentido social, hasta que sea una realidad en este país todos los derechos para todas las personas”, resaltó.

Por su parte, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza reconoció que “solo a través de la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos cumpliremos con nuestros preceptos constitucionales, impulsaremos la igualdad de oportunidades y facilitaremos la inclusión de todas las personas en una sociedad más equitativa y más justa”.

En el presídium estuvieron presentes la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, así como los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo –representante de la SCJN ante el Comité Directivo de la AMIJ–, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá; así como la Consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gyvés Zárate y el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar. 

Como parte de las actividades de la Asamblea General –realizada de manera hibrida–, se llevarán a cabo seis mesas de trabajo, un panel de diálogo con Ministras y Ministros del Alto Tribunal; posteriormente, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa presentará los avances en la implementación del “Pacto Nacional por la Justicia de Género” y la clausura de estos trabajos estará a cargo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Ante estudiantes, comunidad jurídica y sindicatos a quienes presentó el foro “Claves de la Reforma Laboral”, el doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, destacó que el éxito de la Reforma Laboral depende en buena medida de la conciliación prejudicial obligatoria.

“La clave de todo es la conciliación, la cual es obligatoria. Se tiene que agotar antes de ir a los juzgados y tribunales laborales especializados y no podrá durar más de 45 días”, señaló.Ante más de 300 personas reunidas en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de Mérida, Yucatán, el abogado constitucionalista explicó cómo está funcionando la conciliación en materia laboral.

“El dato que traemos ahorita del Consejo de la Judicatura Federal dice que se está conciliando el 78 por ciento de los asuntos a nivel federal y que de ese 78 por ciento, el 80 por ciento se está logrando consolidar en menos de cinco días. Comparen eso dentro de los cuatro años y medio en el proceso ante las juntas”, puntualizó.

El jurista recordó que este foro surgió a iniciativa del Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el propósito de dar a conocer el papel fundamental que ha jugado el Poder Judicial de la Federación en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, una reforma histórica en beneficio de las personas trabajadoras y de la economía del país por el grado de transformación profunda que implica.Al término de su presentación, el doctor Carbonell respondió preguntas de las personas asistentes.

Este foro visitará las ciudades de Oaxaca, Cancún, Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México y Querétaro.

La autoridad podrá confiscar mercancía trasladada sin Carta Porte

El objetivo del complemento Carta Porte no es aumentar la recaudación, sino disminuir el contrabando e informalidad, de acuerdo con especialistas contables.

Con la última prórroga que otorgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se amplió al 31 de diciembre de 2022 el plazo para el uso de la factura electrónica con complemento Carta Porte sin aplicación de multas y sanciones. Esto, en caso de que la misma no se emita cumpliendo todos los requisitos aplicables.

De acuerdo con Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte servirá a las autoridades para tener más control y fortalecer el comercio formal.

El contador aclaró que el objetivo del complemento Carta Porte no es aumentar la recaudación. Pero dijo que servirá para disminuir el contrabando e informalidad.

Lo anterior se debe a que se tratará de evitar el traslado de mercancías por las que no se hayan pagado contribuciones, o que no se hayan introducido o importado al país de forma correcta.

Por ejemplo, si un comerciante traslada su mercancía en una camioneta de 3.5 y no trae la Carta Porte, Beltrán Ávila, indicó que la autoridad tendría el derecho de confiscar la mercancía, porque si no se tiene cómo argumentar su procedencia se podría presumir que es ilícita.

La corrupción hará muy difícil abatir la informalidad

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que debido a la corrupción será muy difícil abatir la informalidad.

“Esto se debe a que hay mucha corrupción en este tema. Inclusive, tengo conocimiento personal de que aunque se tenga la Carta Porte, los policías llegan a extorsionar a los transportistas”, expresó.

Beltrán Ávila indicó que el hecho de que no se tenga Carta Porte, no quiere decir que la mercancía que se transporta sea ilícita. Pero si se tiene la Carta Porte, se tendrá mayor respaldo para poder justificar su procedencia.

El contable, indicó que ha escuchado que existe la posibilidad de eliminar el requisito del CFDI con complemento Carta Porte.

Solicitud del gremio contable

Desde que se anunció la actualización del complemento Carta Porte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó a las autoridades lo siguiente:

“Que la emisión de este complemento ampare únicamente el traslado de las mercancías y no sirva para acreditar la legal posesión de estas”.

Que este documento no contenga información sensible que pueda llegar a poner en riesgo la integridad física de los transportistas.

Iniciativa para eliminar el requisito de la Carta Porte

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, recordó que actualmente se encuentra en el Senado de la República una propuesta, por parte del senador Ismael García Cabeza de Vaca, en cuya exposición de motivos se tomaron en cuenta los comentarios que el IMCP realizó respecto al tema. En dicha propuesta se solicitan los siguientes puntos:

Una revisión exhaustiva por parte de las autoridades tributarias a los requisitos para la emisión del comprobante fiscal CFDI con complemento Carta Porte, con la finalidad de hacerlos comprensibles, ágiles y con formatos sencillos.

Implementar mesas de diálogo y asesoría para el cumplimiento del requisito de comprobante fiscal CFDI con complemento Carta Porte, para los transportistas de todo el país, dirigidas especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Evaluar la posibilidad de eliminar el requisito de comprobante fiscal CFDI con complemento Carta Porte y buscar alternativas más sencillas para los contribuyentes transportistas.

¡Veremos qué sucede!

Jaime Bonilla también está implicado en la carpeta de investigación, sin embargo al retomar su cargo como senador de la República y obtener fuero constitucional, quedó en suspenso su participación.

MEXICALI, B.C., (apro).- Seis exfuncionarios del exgobernador Jaime Bonilla fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones, entre ellos está quien fuera el jefe de la oficina del gobierno de Sonora, quien renunció al cargo. Bonilla también está implicado en la carpeta de investigación, sin embargo al retomar su cargo como senador de la República y obtener fuero constitucional, quedó en suspenso su participación.

Esta madrugada, el juez Bernandino Ahumada vinculó a los exfuncionarios, quienes llevarán su caso en libertad, por haber participado en la licitación de la planta fotovoltaica con la empresa Next Energy y la cual nunca contó con el permiso federal. El gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó el 28 de septiembre la denuncia luego de cancelar dicho contrato y detectar una posible afectación de cuando menos 12.000.000.000 de pesos.

Aunque la obra nunca inició y solo se presentó la colocación de la primera piedra de la planta fotovoltaica a la salida de Mexicali, rumbo a la carretera del puerto de San Felipe, el banco Afirme, con quien se estableció un fideicomiso para pagar la obra, retuvo 123 millones de pesos de las participaciones federales que le corresponden al estado. Y es que, entre las cláusulas del contrato que los funcionarios de la administración de Bonilla establecieron, está el que la obra se financiara con parte de las participaciones federales, además de comprometer lo recabado del impuesto sobre nómina.

El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, determinó junto con el equipo jurídico la posible afectación de los 12.000.000.000 mil millones de pesos, además de recordar que solo la federación puede licitar obras en materia de energía, por lo cual la licitación que sometieron a concurso los exfuncionarios, carecía de legalidad. A la par, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, asumió el cargo y nombró como jefe de la oficina del Ejecutivo a quien fungió como secretario del Hacienda con Jaime Bonilla en Baja California y forma parte de los denunciados, Rodolfo Castro Valdez.

En conferencia de prensa, Durazo reveló que hace un par de semanas el exfuncionario en Baja California le pidió permiso, sin goce de sueldo, para solventar el proceso en su contra; sin embargo, hoy, ante la determinación del juez de vincular a proceso a los exfuncionarios, Castro Valdez renunció al cargo en el vecino estado. La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que en la sala seis del centro de Justicia Penal se llevó a cabo la audiencia de imputación y vinculación a proceso bajo la causa penal 4292/2022.

Además del exjefe de la oficina del gobierno de Sonora están Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N” y Alberto Julio “N”; a ellos se les impuso la medida cautelar de acudir a firmar cada mes ante el juez mientras continúa el proceso, según lo establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que, a otros dos, Karen “N” y Marco Octavio “N”, se les fijó la obligación de comparecer “cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.”

Entre los siete involucrados, seis son exfuncionarios del gobierno de dos años de Jaime Bonilla Valdez y uno más fungió como representante legal de la empresa neolonés, Next Energy, y con la cual el gobierno de la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda logró llegar a un acuerdo para deshacer el contrato bonillista. Los exfuncionarios ocuparon los cargos de secretario de Hacienda (dos de los imputados), secretario de Desarrollo Urbano, secretario de Agua y Oficial Mayor (dos de los imputados). El juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en que deberán firmar los exfuncionarios y quien fuera representante legal de la empresa.

Los hoy ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, sostienen la hipótesis de que durante la audiencia se limitaron a seguir órdenes del Congreso de Baja California, y en segunda instancia del propio mandatario estatal, por lo que desestimaron los señalamientos en su contra.

No conforme con ello, presionaron la hipótesis del fiscal, Javier García Álvarez, sobre la ilegalidad del contrato, bajo la premisa de que el acuerdo entre las partes tenía como objetivo suministrar energía, no construir la planta como tal.

Durante la tercera emisión de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, que tuvo inicio a las 08:30 de la mañana y culminó a las 20:30 horas de este domingo 23 de octubre, fue el turno de la defensa de construir su hipótesis del caso en contra de los ex funcionarios implicados.

Como es sabido, son varios abogados los que conforman y representan individualmente a los implicados Amador Rodríguez Lozano, ex secretario General de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, titular de SEPROA; Karen Postlethwaite, titular de SIDURT; Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante del consorcio Next Energy.

En la primera parte de la audiencia, los abogados de Amador Rodríguez Lozano, sostuvieron una discusión que se volvió evidente para los asistentes

“El imputado soy yo”, seguido de algunas palabras en voz baja, fue lo que detuvo la audiencia, pero ya tenían una discusión momentos previos.

La pelea se originó por la liberación del testigo Francisco Bernal, actual titular de Conagua en Baja California, quien fue secretario de Aguas en la entidad y quien interpuso la denuncia por el caso Next Energy.

Rodríguez Lozano solicitaba desecharlo por no convenir a sus intereses, pero Humberto “Pato” Valdez, sostenía que podría ser necesario. Luego de la discusión, el ex Secretario General de Gobierno, revocó su poder a Valdez Ramos, quien abandonó la sala luego de un receso.

En la primera etapa del caso, la defensa de Adalberto González Higuera, Salomón Faz Apodaca e Israel Clemente González, presentó a un abogado especialista en regulación energética de nombre José Guillermo Bustamante Ruisánchez, quien trabajó en varias instancias como CENACE y SENER, el cual ahora presta sus servicios mediante una consultoría especializada.

El letrado aseveró que el contrato entre el Poder Ejecutivo y Next Energy, es perfectamente legal y común, puesto la intención era brindar un servicio y no construir la planta fotovoltáica que dotaría de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado que abastece del recurso hídrico a la Zona Costa de la entidad.

En su dictamen, estableció que el Gobierno de Baja California es considerado desde el 2016 como un usuario calificado, el cual debido al alto volumen de energía que consume, tiene la libertad de signar contratos en busca de mejores condiciones para la compra de energía eléctrica.

En su argumentación dijo que desde esa fecha ha contratado empresas para dotar de energía eléctrica al acueducto, por lo que -a su juicio- este caso era muy parecido a los que anteriormente se han firmado.

Comentó que también es común que las empresas que participen no cuenten con el permiso de generación de energía, toda vez que no tiene caso adquirir un permiso que no sabes sí podrás ejecutar, puesto que se somete a licitación.

La Fiscalía sostuvo sus cuestionamientos hacia que no se trató solo de un suministro, sino de la construcción y generación, que es donde recae la ilegalidad, e incluso presentó nuevamente el documento donde la secretaria de Energía Rocío Nahle, le insiste a Bonilla Valdez que lo que intenta es ilegal.

Bustamante Ruisánchez, desestimó lo expresado por la titular de SENER, pues considero que la información era errónea, ya que el documento claramente decía que se trataba de un suministrador y que la planta sería construida con recurso privado.

Luego de agregar algunas pruebas documentales, el ex secretario de Hacienda, Rodolfo Castro, subió al estrado para presentar su testimonio, donde centró sus respuestas en que su participación se limitó exclusivamente a seguir órdenes, en primera instancia del Poder Legislativo, y posteriormente del mandatario estatal.

El abogado Herman López Frank, fue enfático en sus cuestionamientos sobre la participación de los diputados en el decreto 88 y 178,  donde se aprobó la posibilidad de signar el contrato plurianual.

Castro, quien es actual funcionario en Sonora, aseveró que su labor fue exclusivamente sustentar las bases y reglamentar el funcionamiento del fideicomiso y seguir las reglas de la operación, lo cual -según comentó- se basa en lo que autorizó el Congreso de Baja California.

La Fiscalía insistió en que la autorización del Legislativo no representa una obligación a ejecutar la determinación, pero Castro reviró -tras preguntas de López Frank- que seguía órdenes apegadas a la Ley de parte del Gobernador.

Agregó que ni Rodolfo Castro, ni ninguno de los ex funcionarios presentes, tiene la posibilidad de maniobrar los 123 millones de pesos que se encuentran en el fideicomiso irrevocable con Banca Afirma, el cual fue entregado directamente por la Secretaría de Hacienda.

Castro también fue cuestionado por la falta de un estudio de viabilidad financiera, a lo que dijo que estos elementos se conformaron en coordinación de diversas áreas de la administración y del propio Congreso del Estado.

La defensa de López Frank también presentó como evidencia el desechamiento de una controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo en abril del 2022, en contra del Gobierno de México, con el objetivo de “tumbar” el compromiso de pago a Next Energy instaurado en el Registro Público de Hacienda, desde el pasado gobierno, para cumplir con las determinaciones de pago.

Luego de 12 horas de audiencia, el juez Bernardino Ahumada, determinó que era suficiente durante ese día y ordenó reanudar la audiencia para el día de mañana, lunes 24 de octubre, en punto de las 8:30 de la mañana, con el objetivo de escuchar los alegato

Por Lic. Alma Diana Velasco González / Colaborador de PRENSAMÉRICA BAJA CALIFORNIA

 En esta entrega seguimos analizando los problemas que enfrenta el federalismo fiscal mexicano los cuales son los siguientes

 Errores estadísticos en los que se basa la ley de coordinación fiscal

     A partir de la reforma fiscal de 2008 hubo un cambio en las formulas y variables para determinar las participaciones federales que reciben los estados, estos se encuentran ponderados por la variable poblacional que se basa en la información del INEGI y el PIBE aparte del nivel de recaudación que sería un estimulante al esfuerzo fiscal de los estados, toda esta estructura normativa parte de la premisa de aumentar la recaudación y la actividad económica pese a esto no se contemplan circunstancias que distorsionan la distribución de ingresos entre los estados que contravienen su premisa, la encuesta nacional de ocupación y empleo ya que esta estima de manera trimestral la población de cada estado y la nacional (ENOE) sufre con los censos y conteos una suerte de variaciones e inconsistencias.

 esta encuesta es tomada en cuenta por el INEGI que es el organismo en que se basa la ley de coordinación fiscal para determinar la variable de población, los errores que se provocan consisten en que subestima o sobreestima la cantidad de población por ende se reducen o aumentan los ingresos de los estados y no existen mecanismos resarcitorios para los estados que sufrieron una injusta disminución por esa causa, como muestra; a partir de esta reforma 12 estados perdieron 18 mil millones de pesos, otro factor determinante es las participaciones, es el PIBE el problema es que el crecimiento de este, no es objetivo ya que va implícito un índice de precios pero utiliza información nominal que no obligatoriamente obedece a una realidad sobre el esfuerzo de las entidades federativas.

 así que el efecto de esto es sobredimensionar el crecimiento  económico por que no se eliminan el índice de precios, como resultado 13 estados recibieron menos recursos y 19 estados recibieron más recursos sin que esto haya sido merecido por un verdadero impulso económico por los ejecutivos estatales, otro aspecto recalcable de la LCF es que no necesariamente se toman en cuenta las cuentas públicas de los estados para el cálculo de la participación por la SHCP sin embargo el efecto es que no se brinda certeza y puede ser una causa adicional al bajo esfuerzo de recaudación de los estados.

 Dependencia financiera de los gobiernos subnacionales

  El desequilibrio fiscal es un efecto de la disminución o menor recaudación de ingresos propios que tienen las entidades federativas esto ocasiona una mayor  dependencia financiera hacia el gobierno federal, la medida que el gobierno federal aplica para reducir este desequilibrio fiscal vertical es por medio de transferencias no condicionadas (participaciones) sin embargo esto conduce a una mayor dependencia con el paso del tiempo, para que exista un equilibrio fiscal vertical y que sea sostenible es necesario desarrollar sus responsabilidades competenciales de los gobiernos subnacionales, es decir las transferencias debido a su diseño pueden operar en contra de los objetivos o funciones principales del sector público en la economía: estabilización y en especial a la  redistribución y asignación ya que son con fines resarcitorios para los gobiernos locales por renunciar a sus tributos y así lograr la eficiencia asignativa y la equidad fiscal a través de compensar los desequilibrios vertical y horizontal provocados por la centralización del ingreso y la descentralización del gasto, sin embargo en la realidad ha sucedido lo contrario volviéndose cada vez mas de las transferencias federales (participaciones y aportaciones).

     México es un país que centraliza el reparto de recursos federales a las entidades federativas. Las transferencias federales son la principal fuente de recursos con que cuentan las entidades federativas y los municipios, constituyen 85% los teóricos manifiestan que la centralización de los impuestos y gastos es óptima cuando la productividad de la infraestructura es similar entre localidades, cuando difieren es sub-óptima, y cuando las diferencias son amplias, la descentralización se convierte en la opción óptima, postura que contradice la mejor capacidad de administración del gobierno central dado que México es un país en vías de desarrollo, el sistema de transferencias fomenta el crecimiento desigual y la dependencia de los gobiernos ya que no propicia el desarrollo regional.

       La alta dependencia que presenta el actual sistema de transferencia tiene como efectos la ineficiencia recaudatoria es decir desinhibir la recaudación propia de los gobiernos locales,  favorece  la ineficiencia en el sector público y dificulta  de condiciones para el crecimiento y mejorar el bienestar además de representar  un obstáculo para la autonomía de los gobiernos subnacionales contraponiéndose así a uno de los principios del federalismo que es el de subsidiariedad por eso el sistema de transferencia debe ser correctamente diseñado e implementado.

      A partir de la reforma constitucional al artículo 115 y junto con la modificación al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal si bien aumentaron las transferencias de recursos a los estados y municipios cabe recalcar que así  comienza la dependencia financiera como lo demuestra el estudio realizado por Ibarra Salazar, Sandoval Musi y Sotres Cervantes (1999) realizado entre los años 70s y 90s, ya que al anterior SNCF  entre 1975 y 1979 las trasferencias  representaban solo 24% de los ingresos totales  pero a partir la reforma, entre 1980 a 1989 aumentaron dichas transferencias a un 51%, hasta llegar actualmente al 85% de los ingresos totales, es decir hubo un retroceso, el SCFN opero en sentido contrario, se expone y refuerza este planteamiento ya que mediante datos panel muestra entre 80s y 90s las participaciones crecieron 170% y los ingresos propios sólo 83% en el período de estudio; esta situación contrasta con lo de otros estados federales como Canadá, Australia, Alemania, Suiza, en donde los ingresos por impuestos locales representan más del 50% y las transferencias representan menos de 30% o países miembros la OCDE en los cuales los ingresos propios  son en promedio, de 38.19% y el 46% de transferencias.

Baja recaudación de los gobiernos subnacionales     

     La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) es la estructura inicial para las relaciones hacendarias en México ya que organiza la participación y las ganancias que le corresponde a cada nivel de gobierno. Ya que de acuerdo a esta Ley las funciones de recaudación de los impuestos más importantes y de una base amplísima como lo es el ISR, IEPS e IVA se centralizan en el poder federal, los estados y municipios quedan con potestades tributarias con impuestos modestos   como el predial y en algunos casos a la tenencia de vehículos, multas y sanciones.  Por esta razón, los ingresos correspondientes a  los gobiernos estatales y municipales significan menos del 10 por ciento de la recaudación tributaria a nivel nacional esto provoca que la fuente de ingresos más importante para las entidades federativas y los municipios provienen de las transferencias intergubernamentales que representa aproximadamente el 90 %.

     Sin embargo, en nivel de la recaudación puede ser multifactorial según los teóricos, estos factores han sido un amplio debate entre los autores la presión fiscal, destacan factores relacionados con la estructura económica, nivel de desarrollo de un país, manejo de la política fiscal y credibilidad de las instituciones que logran explicarlo a través de ciertos determinantes como los siguiente a)Determinantes económicos: existe una incidencia positiva en la recaudación cuando con un mayor nivel de desarrollo económico pero dependiendo del sector, la ayuda para el desarrollo se considera un relación negativa pues desincentiva la recaudación, la elección del modelo económico   pues abre al país a shocks externos., el endeudamiento de los países incentiva la recaudación. b)Determinaciones institucionales: la recaudación tributaria se puede ver afectada por la calidad de los servicios públicos, la gobernanza y las instituciones estatales la diversidad de estudios sobre el tema evidenció que el grado de democracia y el nivel de corrupción al que se enfrentan los agentes, afectan la recaudación  si bien no son resultados concluyentes sí se evidencia que en los países más democráticos y por tanto más estables en sus instituciones, los contribuyentes tienen más propensión al pago de los tributos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por mayoría de 7 votos, el Decreto número 158 por el que se reformó el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, publicado el 14 de noviembre de 2020, relativo a las ausencias de los munícipes y la forma en que estas serían cubiertas.

La SCJN consideró que durante el proceso legislativo que dio origen al decreto, se cometieron violaciones con carácter invalidante, ya que la motivación de la dispensa del legislador fue insuficiente para demostrar la urgencia de su aprobación, lo que derivó en la omisión de anunciar a los ayuntamientos para que formaran parte de la discusión legislativa.

Al tratarse de una controversia promovida por un municipio, sus efectos solo se surten entre partes, por lo que esta invalidez tendrá aplicación únicamente en el municipio de Tecate, Baja California.

Controversia constitucional 212/2020, promovida por el Municipio de Tecate, Estado de Baja California, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mencionado Estado, demandando la invalidez del artículo 42, de la Ley del Régimen Municipal de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 158, publicado en el Periódico Oficial local de 14 de noviembre de 2020.

Por Reynaldo Ramos Higuera / Colaborador de PRENSAMÉRICA BAJA CALIFORNIA

Como cada año, ya se espera el paquete económico para el año 2023. El pasado jueves 08 de septiembre se propuso la ley de ingresos de la federación ante el Congreso de la Unión, donde se estima que el siguiente año el gobierno de México obtenga un ingreso total por aproximadamente 8 billones, 299,647 millones de pesos.

El día 20 de octubre de este año tiene que ser turnada dicha iniciativa a la cámara de senadores y el 31 de octubre es la fecha límite para que la cámara alta la apruebe.

La ley de ingresos para el año 2023 contempla un porcentaje bastante alto en tema de ingresos tributarios, ya que más del 50% del ingreso total esperado para el siguiente año será por medio de la recaudación de impuestos (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, derechos, cuotas de seguridad social y comercio exterior); Es así, que los contribuyentes serán un factor vital para el desarrollo del país.

Del cotejo entre la ley de ingresos para el 2023 y la ley de ingresos del año 2022, se arroja un incremento de alrededor de 1 billón 211,397 millones para el año 2023, de igual manera de los principales factores económicos para este nuevo año se destacan los siguientes:

• Inflación anual del 3.2%
• Un crecimiento del 3.0%
• Deuda pública del 49.4% del PIB
• Precio del barril del $68.7 dólares
• Tasa de interés del 8.5% (promedio)
• Tipo de cambio $20.6 pesos por dólar promedio

 Una vez aprobada la iniciativa en la cámara alta, esta será turnada al presidente de la Republica para su firma y se publicación en el Diario Oficial de la Federación en un plazo de veinte días naturales.

Si bien es cierto que, el pasado 7 de julio de 2022, el presidente de la república  Andres Manuel Lopez Obrador presentó el plan de seguridad social para periodistas independientes, cuyo objetivo es proteger a los periodistas independientes y garantizarles su seguridad social.

En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) lanzo el programa “Periodistas por cuenta propia” para su aseguramiento voluntario, por lo que comentamos los principales aspectos y los beneficios que proporciona dicho programa entre otros.

 Aseguramiento al regimen obligatorio del IMSS.

Si bien, el articulo 13, fraccion I, de la Ley del Seguro Social (LSS) considera sujetos de incorporacion voluntaria en el regimen obligatorioa los trabajadores no asalariados siguientes: 1. Adscritos a industrias familiares, 2. Profesionales, 3. Comerciantes en pequeño, 4. Artesanos, y 5. Los demas no asalariados que obtengan ingresos mediante un trabajo personal, sin que para desempeñarlo cuenten con empleados a su servicio; según se observa, los periodistas por cuenta propia son considerados como no asalariados pues por las caracteristicas propias de su labor no estan sujetos a una relacion laboral, no obstante, con la nueva política pública del presidente de la república se busca proteger al amparo del IMSS. A este gremio, simpre que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto.

 Puntos medulares del programa “Periodistas por cuenta propia”.

 De acuerdo con el comunicado de prensa  del gobierno federal  del 7 de junio de 2022, se destacan los principales aspectos de dicho programa:

1. De conformidad con la encuesta nacional de ocupacion y empleo (cuarto trimestre 2022) del inegi, hay 41,113 personas que realiza labores periodisticas de las cuales el 84% tiene una relacion laboral formal, mientras que el 16% restante realiza sus labores de manera independiente, lo cual refleja que los mismos no cuentan con seguridad social.
2. Dicho programa fue elaborado por la presidencia de la república, la secretaria de gobernacion y el IMSS.
3. Será la Sub secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación quien administre el fondo y lo entregue al IMSS.
4. Se distinara un 25% del gasto de publicidad del Gobierno Federal, que es una inversion de 760 millones de pesos para el aseguramiento de periodistas.
5. La finalidad del programa es garantizar la seguridad social que proporciona el IMSS en su regimen obligatorio.

Beneficios del programa “Periodistas por cuenta propia”.

Los beneficios que otorga este programa es el aseguramiento en esta modalidad son todas las prestaciones economicas y sociales de los seguros de:

• Enfermedad y maternidad
• Riesgos de trabajo
• Invalidez y vida
• Retrio, cesantia en edad avanzada y vejez
• Guarderias y prestaciones sociales.

Ahora bien, de conformidad con la pagina de internet del IMSS ( www.imss.gob.mx), los interesados en apegarse a este programa deberan de cumplir con lo siguiente:

1. Trabajar por cuenta propia, es decir, no contar con un patrón ni percibir un salario.
2. Contar con evidencia del trabajo realizado y publicado en los ultimos 12 meses, para lo cual será necesario entregar al menos tres productos de su trabajo periodistico que demuestre el carácter de periodista por cuenta propia.
3. Acreditar el ejercicio del periodismo por cuenta propia, con constancias y documentos verificables, en los ultimos 12 meses.
4. Haber trabajado en un. Medio de comunicación ( radio, prensa escrita, plataforma especializada en periodismo conforme a las nuevas tecnologias).
5. Contar con C.U.R.P. y número de seguridad social.
6. Curriculum vitae
7. E firma
8. Evidencias de trabajo.

Los periodistas por cuenta propia interesados, deberan de ingresar a la plataforma “sistema para el aseguramiento de periodistas por cuenta propia” (https://sapei.imss.gob.mx/gui-sapei-web/login), mediante la e-firma, para registrar sus datos  personales y cargar la documentacion solicitada que ayudará en la comprobación del ejercicio del periodismo por cuenta propia, hecho lo anterior, se podra ingresar nuevamente a dicha plataforma para dar seguimiento a la postulación, debido a que una vez revisado el caso por el comité encargado, se determinará si el postulante podrá formar parte del censo de periodistas por cuenta propia que recibirán seguridad social.

Perooooooo

La medida —que a simple vista parece positiva— tiene varios inconvenientes:

Por una parte, obliga a la Secretaría de Gobernación a convertirse en una suerte de patrona para los comunicadores, ya que dicha dependencia, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, será quien administre los fondos, que este año ascenderán a 760 millones de pesos.

Por otro lado, los recursos financieros que originalmente serían destinados a programas de comunicación social de los poderes del Estado —incluyendo a los órganos de autonomía constitucional— sufrirán un recorte del 25 por ciento, aunque no queda claro si dichas reducciones serán aplicadas en la misma proporción a todas las instituciones o si, por el contrario, se afectarán a unas más que otras, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, tan lejos del ánimo de quien cobra como presidente.

La Ley del IMSS contempla que “previo acuerdo de su Consejo Técnico, podrá otorgar coberturas de seguros de vida y otras, exclusivamente a favor de las personas, grupos o núcleos de población de menores ingresos, que determine el Gobierno Federal, como sujetos de solidaridad social con las sumas aseguradas, y condiciones que este último establezca”. Sin embargo, tampoco queda claro cuáles son los parámetros bajo los cuales se regirá dicho plan de protección para las personas periodistas.

La Ley General de Comunicación Social obliga a las instituciones del Estado que reciben dinero para ese rubro, a elaborar anticipadamente su Estrategia Anual de Comunicación Social y a entregarla durante la primera quincena de enero, lo que significa que —para disponer de esos recursos— la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya debería haber realizado las adecuaciones presupuestales correspondientes, toda vez que desde la primera quincena de diciembre del año pasado conocía la calendarización del gasto, que el presidente decidió modificar a principios de junio de este año.

Por estas razones, en ejercicio del derecho de acceso a la información, se le requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “copia de las reducciones y ampliaciones presupuestales o sus equivalentes, relativas a la asignación de recursos originalmente destinados a publicidad del gobierno federal, para la creación del seguro para periodistas independientes, que operará la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, recursos que finalmente serán entregados al Instituto Mexicano del Seguro Social”.

En su respuesta, la Unidad de Transparencia de la SHCP se pronunció por la “inexistencia de la información” con base en las respuestas proporcionadas por diversas áreas de la Subsecretaría de Egresos.

Su Comité de Transparencia, integrado por María del Socorro de Paz Fuentes, Fidel Latournerie Albores y Juan Carlos Reyes Ballesteros, concluyó que la Subsecretaría de Egresos realizó una búsqueda de la información requerida en sus archivos, con el fin de localizar la información solicitada, sin encontrar expresión documental que atienda la solicitud de mérito, y no se tienen elementos de hecho que permitan suponer que deba contar con esta, [por lo que] este Comité de Transparencia considera procedente la inexistencia aludida”.

La misma solicitud formulada a la Secretaría de Gobernación tuvo el mismo resultado: la Unidad de Transparencia, con base en las respuestas ofrecidas por la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y la Dirección General de Programación y Presupuesto, se pronunció por la inexistencia de informaciónrelativa a las reducciones o ampliaciones presupuestales relativas a la asignación de recursos para la creación del seguro para periodistas independientes.

Por ahora, todo parece indicar que el Sistema para el Aseguramiento de Periodistas por Cuenta Propia, representa una estrategia clientelar destinada a captar a las personas periodistas que estén dispuestas a sacrificar su independencia, a cambio de un plan de seguridad, que aún carece de fondos, según lo dicho por las secretarías de Hacienda y Gobernación.

Por Lic. Alma Diana Velasco González / Colaborador de PRENSAMÉRICA BAJA CALIFORNIA

Los problemas que enfrenta el federalismo fiscal mexicano

Análisis de las aportaciones federales      

Las aportaciones federales tiene como finalidad dotar de recursos económicos a los gobiernos estatales y municipales, para tratar de brindar más equidad e igualdad dado los recursos asimétricos que obtienen los gobiernos subnacionales y así solventar sus necesidades sociales, si bien desde la década de los 90s se ha dado un aumento sostenido en la cantidad de recursos otorgados no se ha logrado  mejorar en los indicadores de educación, salud y pobreza, todo parece indicar que se estaría ante una falla o desajuste en este sistema de transferencias    

Según la CONEVAL existen indicadores sobre los resultados del ramo 33 en las que se señala la insuficiencia de los gobiernos estatales y municipales de enfrentar la pobreza y marginación, el FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social)  y (fondo Infraestructura Social Municipal) FAISM los cuales se encuentran regulados en la LCF, en el artículo 32 de la misma ley hay una reducción en los indicadores sociales que determinan el FAIS, lo que disminuye la cantidad de recursos para la superación de la pobreza   así los recursos otorgados por  el gobierno federal hacia los municipios para el desarrollo social y lucha contra la pobreza incorporan en su operatividad incentivos contrarios a los objetivos de la LCF, principalmente en el ejercicio del FAIS. De igual manera, los municipios carecen de sistemas de evaluación de gestión de los programas y de indicadores de resultado. 

Existe una gran falta de capacidad institucional más agudizada en los municipios, ya que los funcionarios en su inmensa mayoría son incapaces de aplicar las fórmulas de distribución y adecuar los proyectos gubernamentales

La actual legislación no contempla un  factor que es la dispersión de la población dentro del territorio donde se aplica el recurso lo cual representa el inconveniente de que a mayores distancias por cubrir, mayores costos en la prestación del servicio, dicha situación no se computa para el cálculo de distribución de los recursos  además que en muchos casos el exceso  reglas operativas hace que la mayor parte de recurso se destine al gasto corriente a cargo de los mismos programas a que va dirigido los recursos etiquetados del ramo 33.

  El incremento de la deuda subnacional

En los últimos 10 años se ha venido incrementando exponencialmente la deuda contratada por los gobiernos subnacionales, lo cual supone riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, los estudios del tema sugieren que este boom de deuda pública subnacional tiene su razón de ser por la crisis económica global que se suscitó entre 2007-2008, aunque su crecimiento comenzó a notarse desde el año 2000, también por la pobre gestión de recursos propios y crecientes necesidades sociales. La deuda pública de las entidades federativas revela un crecimiento promedio del 10.5% anual entre 2000 y 2016

Al efecto señala que la deuda pública subnacional en México (esta comprende la deuda de entidades federativas y municipios) registró un gran aumento, ya que pasa en los últimos 15 años, de 2003 al tercer trimestre de 2018, de 125 mil 893.0 a 575 mil 827.7 mdp. Esto significa un incrementó en 449 mil 934.7 millones de pesos (mdp) (117.8 por ciento en términos reales),

Las estadísticas indican que la gran parte de deuda adquirida no va a parar a la inversión productiva que es lo más recomendable ya que de ahí se obtendrían los recursos para su propio pago, en razón de que el gasto destinado a este rubro, representa solo el 5 por ciento del total de los egresos subnacionales en comparación al 73 por ciento que representa el gasto corriente, además del 4 por ciento del total de los egresos son para el propio servicio de la deuda.

Las desventajas de la contratación de deuda

Altas tasas de interés

Los peligros que se enfrenta los gobiernos estatales y municipales al pedir préstamos son las tasas de interés pues estas son cambiantes si son contratados a tasas flexibles, además si estos gobiernos tienen menores calificaciones por débiles finanzas publicas todavía se encarece más el préstamo, entonces como resultado de estas condiciones cada periodo el servicio de deuda sube

Rescate de los gobiernos subnacionales

Ante esta situación de seguir la tendencia de endeudamiento, sumado a las débiles finanzas que tienen los gobiernos estatales y municipales caigan en quiebra financiera entonces estos riesgos se transmiten directamente al gobierno federal lo cual es un riesgo latente para el país, sería un ejemplo endémico para los demás estados, la mirada de alerta sin duda también está enfocado en algunos entidades federativas con deuda excesiva como Coahuila, Veracruz y otros

Obstáculo para el desarrollo

La deuda publica si bien no es una herramienta mala por sí sola, en el caso de la deuda subnacional no ha demostrado que su destino fuera para la inversión para el desarrollo  ya que este tipo de inversión diversas teorías económicas como la keynesiana sostienen que influye en el desarrollo económico, sin embargo como la deuda subnacional ha sido destinada a gasto superfluo que no reditúa en nada a las haciendas públicas, y como efecto tiene que los interés resten recursos que serían destinados para las necesidades sociales además del que esta el latente factor de la corrupción.

La falta de mecanismos eficaces de verificación y transparencia así como el posible ocultamiento de las cifras reales de la deuda pública.      

Si bien existe un avance a partir de la reforma constitucional del año 2015 a los artículos 25, 79, 108, 116 y 117 en los cuales se otorgan mayores facultades a la ASF, así como a sus similares locales y a la SHCP sobre la evaluación de los prestamos realización de reestructuración con mejores condiciones del mercado, se faculta al congreso de la unión para emitir leyes que impongan bases para la contratación de deuda de estados y municipios, creación de registro único de pago y de un sistema de alerta, comisiones bicamerales para la supervisión y dar recomendaciones para los estados y municipios endeudados, aplicación de sanciones a servidores públicos que  incumplan con dichas disposiciones, derivado de esta reforma se decretó la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, se introducen límites de endeudamiento, así como una definición de inversión pública productiva la cual se carencia desde el año 2001 sin embargo esta reforma esta inacabada, en razón de que el registro de obligaciones tiene obvias limitaciones para dar un efectivo seguimiento a los recursos que provienen de la deuda pública y que los recursos sean aplicados en inversiones productivas, esto señala que se continua con el sistema de opacidad del modelo anterior, es decir si bien el registro clarifica la situación real de endeudamiento actualizada constantemente pero no se establece requerimientos para el uso adecuado de esos recursos por lo cual será muy difícil su rastreo como lo establece el artículo 2º de la ley, el artículo 24 de la LDF obliga a que se señale el destino de los recursos en el instrumento de aprobación legislativa; pero no especifica detalles sobre los datos que deben contener las propuestas de erogaciones productivas y no contempla la publicación de esa información en algún medio con mayor nivel de accesibilidad que los documentos de aprobación de los congresos; mientras que el artículo 25 de la LDF si bien obliga a los entes públicos a colocar en sus páginas de internet los instrumentos de contratación, no se contempla la publicación de los instrumentos legislativos además la SHCP no se hace responsable que los datos en el registro sean fidedignos; esto significa que se omite el seguimiento y transparencia del procedimiento completo de deuda pues se argumentó que recibido el dinero de las transferencias deja de ser la federación y se tiene la limitación para su completa fiscalización, así mismo se sostiene la hipótesis que las cantidades por concepto de deuda reportadas antes de la modificación legal han sido maquilladas por que el antiguo marco legal daba paso a la ambigüedad, y la ocultación por falta de verificación y una verdadera transparencia, por ejemplo en muchas legislaciones  bajo ciertas condiciones (montos o plazos) no se consideraban deuda pública, o han sido ocultadas bajo otros conceptos, o no existen los mecanismos necesarios para  rastrear los recursos y transparentar por completo la información sobre la deuda pública.

Por instrucciones del primer mandatario, titular de Segob da posesión del cargo a Antonio Martínez Dagnino, el dia de hoy 10 de octubrer de 2022,  El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó a Antonio Martínez Dagnino nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por instrucciones del primer mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acompañado por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, dio posesión del cargo al nuevo jefe del SAT.

Martínez Dagnino Es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Hasta hoy se desempeñó como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Cuenta con experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría.

Además de laborar en la iniciativa privada y en el sector bancario, fue subdirector de área en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se especializó en regulación del sistema financiero y creó procedimientos para la supervisión del capital y liquidez de las instituciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Manual sobre Desaparición de Personas, que busca ser una herramienta que auxilie a las y los impartidores de justicia que conozcan casos relacionados con este fenómeno, y así garantizar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares en todas las decisiones judiciales que emitan al respecto.
El evento virtual fue organizado por la Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN y la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ), donde la Directora General de Derechos Humanos del Alto Tribunal, Regina Castro Traulsen, destacó que: “La desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos, por lo que es indispensable que aquellas personas que realizan labores jurisdiccionales tengan conocimiento de los más altos estándares nacionales, regionales e internacionales sobre este fenómeno, desde que se comete el hecho victimizante hasta la ejecución de las medidas sancionadoras”.
Resaltó el valor de la obra para el trabajo de las personas juzgadoras, ya que se espera que esta obra sea una guía en la que encuentren las normas y estándares de derechos humanos más relevantes en materia de desaparición de personas, con el fin de que se garanticen los derechos humanos a las personas víctimas de desaparición en todas las decisiones judiciales.
“Presentamos el Manual sobre Desaparición de Personas, el cual, resulta de gran relevancia ante el panorama que se vive en la actualidad en nuestro país, en el que el fenómeno de desaparición de personas ha ocupado un espacio muy importante en la agenda pública nacional, así como en la creación de políticas públicas para atender esta problemática en la última década”, destacó la directora Castro Traulsen.
Explicó que la obra está conformada por 10 capítulos donde se aportan las nociones fundamentales sobre desaparición de personas y desaparición forzada; personas no localizadas, el contexto actual en México sobre este crimen; los estándares del Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos; modelos para una investigación eficaz; obligaciones judiciales en los casos de desaparición, así como derecho comparado con países de América Latina que han presentado casos similares.
El evento virtual fue moderado por el maestro Luis Eliud Tapia Olivares, quien además es el coordinador académico del manual, y también participaron la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Volga de Pina, y el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Francisco Javier Sarabia Ascencio.
El Manual sobre Desaparición de Personas está disponible de manera gratuita en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN y en el sitio de la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ).

Periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra la Secretaría de Defensa Nacional por el espionaje realizado por el spyware Pegasus durante la actual administración. 

Durante una conferencia de prensa, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Amnistía Internacional, SocialTIC y Animal Político destacaron que harán este caso sea llevado por las vías legales, a pesar de que “existe una falta de confianza hacia la FGR en este tipo de casos”. 

Los teléfonos de Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos, y de losperiodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, director de Animal Político, fueron intervenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios: el primero, es que el presidente mintió al pueblo de México. Ya que Andrés Manuel López Obrador negó que se espíe a periodistas u opositores, pese a las denuncias de la Red en Defensa de los Derechos Digitales con el software Pegasus.Cuestionado al respecto, dijo que no es igual a sus antecesores, por lo que pidió que si hay pruebas de que hubo espionaje, éstas se presenten a las autoridades correspondientes.

Sin embargo, la periodista Nayeli Roldán reviró a López Obrador ya que entre las pruebas están las infecciones de periodistas y defensores de derechos humanos mediante un malware. Además, que las víctimas tienen en común las investigaciones que realizaban sobre violaciones a derechos humanos por parte de militares.

O bien, el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”, sostuvieron las organizaciones.

Por Lic. Alma Diana Velasco González / Colaborador de PRENSAMÉRICA BAJA CALIFORNIA

Federalismo fiscal: la descentralización fiscal incompleta en México

Determinar o analizar el nivel de descentralización de los Estados, así como su alcance de éxito o eficacia ha sido un trabajo exhaustivo para los teóricos conocedores de este tema, sin embargo los doctrinarios han emitido una serie de situaciones o condiciones a considerar para lograr llegar a una determinación del nivel de descentralización fiscal, las investigaciones han señalado lo siguiente,

Así mismo el federalismo fiscal sin un buen modelo desarrollado ad hoc a las necesidades de la nación y sin controles efectivos sobre los recursos públicos, se encuentra con múltiples problemáticas que se ven más acentuados en los países en vías de desarrollo, entre las problemáticas se encuentran la múltiple tributación, la dependencia financiera, ausencia de libertad para la aplicación de recursos, desvió de recursos, sobreendeudamiento y falta de viabilidad financiera  de los gobiernos subnacionales que recargan financieramente en el gobierno nacional y que en casos de turbulencia o crisis económica, sufrirán grandes estragos., así que el problema de los estados federales es  la definición de un pacto fiscal que determine claramente las competencias tributarias y responsabilidades  así como mecanismos de rendición de cuentas participativos y efectivos

En el caso de México dado que es un país catalogado como en vías desarrollo, así como por múltiples condiciones más, se puede determinar que es un estado federal con un nivel de descentralización no rotundamente fallido por que han existido intentos para lograrla pero si se llega a conjeturar que este proceso ha sido incompleto y con muchas fallas, por lo que vale la pena analizar el costo-beneficio de mantener la organización descentralizada ya que se muestran resultados incongruentes, si México evolucionó hacia una forma de gobierno descentralizada, el gobierno federal mantuvo los impuestos de mayor importante como IVA e ISR,

Para comprender este hecho es importante analizar el contexto histórico; A partir de la década de los 80s en un ambiente descentralizador en toda América Latina, en México en materia fiscal lo marca la reforma de ese año que implicó que el gobierno federal se encargaría de recaudar los impuestos de base amplia, esto significo que los estados cedieran su función recaudatoria, el beneficio fue mayores ingresos para las entidades federativas, que si bien significó periodo de “abundancia” durante la bonanza petrolera, a largo plazo ha resultado en la dependencia económica de los estados hacia el gobierno federal debido a la concentración de recursos tributarios de este último. 

Con la nueva reforma de los 90’s generó una mayor claridad en las fórmulas de  asignación de recursos, así como la descentralización de la educación y salud aunque han sido parciales y de resultados variables, el aspecto fallido de la reforma original y posteriores era que se pretendía que los estados aportaran mayores ingresos para lograr una autonomía lo cual no se ha hecho una realidad hasta la fecha, todo este  proceso descrito a muy grandes rasgos  es un sistema fuertemente centralizado en el gobierno federal en lo referente a recaudación y, por el lado del gasto, con un grado importante de descentralización a los gobiernos subnacionales. Es decir, existe lo que se le ha dado en llamar un muy marcado desequilibrio vertical entre los ámbitos estatal y federal de gobierno el éxito o fracaso de la descentralización fiscal en los países en vías de desarrollo está en la que incorporan mecanismos de control que promueven la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas obligando a los gobiernos subnacionales  a afrontar las consecuencias financieras de sus acciones.

El modelo federal si bien no se ha demostrado por completo que tiende más a la corrupción que los demás modelos de estado ya que teóricamente debe tender a un funcionamiento sistemático más democrático pues existen múltiples centros de toma de decisiones; la falta de instituciones de fiscalización eficaces y de control fuerte son un síntoma de la falta de una cultura federal, esto particularmente desarrollado en América Latina ya que para que el federalismo se torne realmente una forma de estado eficaz no solo basta de actores institucionales sino también de un pueblo activo, dinámico, es decir una fuerte cultura de autogobierno desde el ámbito local, todo esto es lo que no se tuvo al momento de emanciparse del coloniaje  y elegir al federalismo como forma de estado  a diferencia de EE.UU.

Uno de los desafíos que enfrenta los estados-nación es la agudización e interrelación de los problemas económicos, de seguridad, salud, educación y ambientales, es ahí donde el Estado federal entra en un desequilibrio pues si bien la descentralización en el que se transfieren facultades del gobierno federal a los otros niveles de gobierno en el cual se delimitan tareas y “los problemas que cada quien tiene que atender” sin que otro gobierno intervenga sin embargo existen ámbitos de interdependencia por ejemplo el social donde es por demás necesaria una articulación de la diversas partes que integran el sistema federal  no sólo al interior de un mismo gobierno, sino con otros gobiernos implicados geográfica y jurisdiccionalmente, entonces es ahí donde está la paradoja entre si una mayor autonomía local es lo mejor para resolver los problemas pese a las limitaciones que los gobiernos locales puedan tener, son varios problemas que enfrenta el federalismo mexicano es el rezago que enfrentan los municipios, ya que la mayoría de personas y recursos se concentran en las capitales estatales, además de la concentración de recaudación en el gobierno federal y su mayor desproporción del gasto de los estados y municipios, cuando lo recomendable para una federación es el sistema competitivo, es decir los estados y municipios ocupan fortalecer la autoafirmación, la autogestión y la auto organización pero sin dejar de lado los principios de subsidiariedad, participación  y cooperación, existe también reclamo de la autonomía regional  de los grupos indígenas y la desigualdad existente en el país, la falta de mecanismos eficaces para la transparencia , la fiscalización y la estructuración de un mejor sistema fiscal que busque la autonomía estatal y municipal con un sistema recaudatorio y tributario propio.

Ensenada, B.C., a 3 de octubre de 2022 – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada eligió a Octavio de la Torre de Stéffano como su nuevo presidente, quien fomentará una cultura de promoción, innovación y cumplimiento para lograr la activación y el crecimiento económico del sector de comercio, servicios y turismo de la ciudad tras la pandemia.

La Cámara de Ensenada es una de las más antiguas y relevantes a nivel nacional, tiene 126 años de haberse fundado y hasta la fecha ha contado con 66 presidentes que han aportado su mayor esfuerzo por el progreso y bienestar de la región.

Ensenada cuenta con una población de aproximadamente 443,807 habitantes en la zona urbana, registra una tasa anual de crecimiento de 2%. Ensenada B.C., es uno de los municipios más antiguos de Baja California; su amplísima zona rural se destaca por la calidad de sus productos, todos ellos de exportación.

El comercio, turismo, la pesca, la agricultura y la industria son las actividades más importantes en el desarrollo económico de la ciudad.

Para la CANACO SERVYTUR Ensenada comienza una nueva era con la elección del Doctor Octavio de la Torre de Stéffano, en la que, explicó el empresario, el fortalecimiento de la economía local y la defensa de los intereses del sector de Comercio, Servicios y Turismo marcarán el rumbo y serán su prioridad.

“En CANACO SERVYTUR Ensenada iniciamos una etapa de transformación y crecimiento conscientes del reto de ser empresarios en el siglo XXI, ya que tenemos que crecer y trascender sin olvidar nuestros orígenes, abrazando nuestras raíces y manteniendo nuestros valores”, explicó.

Para ello, el empresario,  especialista en comercio exterior y derecho fiscal -además, entre otras actividades, presidente de World Compliance Association México-, emprenderá un plan de trabajo, que, sumado a los ejes de ética e inclusión, busca impulsar la cultura empresarial, empoderar a los afiliados de la cámara confederada, fomentar círculos empresariales, fortalecer las cadenas de valor y mantener una interacción efectiva con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través por ejemplo de mesas de trabajo permanentes.

“Ahora, las prioridades tienen que ver con el bienestar y la felicidad de nosotros mismos, nuestras familias, colaboradores, aliados de negocios y nuestra comunidad”, añadió. “Con fortalecer la economía local e integrarnos, de forma justa, a los mercados nacionales y globales. Así como en comprometernos con el crecimiento de nuestros afiliados y la defensa de nuestras actividades económicas, para seguir engrandeciendo y fortaleciendo al sector que integramos”.

El nuevo presidente de CANACO SERVYTUR Ensenada mantiene además una presencia relevante en la representación estratégica del sector de Comercio, Servicios y Turismo a nivel nacional, pues se desempeña como Tesorero y vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), desde donde promueve acciones en favor de los empresarios de Ensenada y de todo México.

La Asamblea de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Ensenada, se desarrolló el día 3 de octubre de 2022; con fundamento en la reglamentación interna del organismo, así como en lo establecido la Ley de Cámaras y sus Confederaciones. Como parte del orden del día se realizó la renovación correspondiente del Consejo Directivo del organismo. Mismo que, en los acuerdos de su sesión de este día, eligió por unanimidad a los socios de CANACO SERVYTUR Ensenada que conforman, a partir de este momento y para todos los efectos legales, la Mesa Directiva 2022-2023, quedando de la siguiente manera:

 Presidente: Dr. Fabian Octavio de la Torre de Stéffano.

Secretario: Ing. Nicolas Ayub Martínez.

Vicepresidente Ejecutivo: Dr. Rafael Antonio Chávez Montaño.

Vicepresidente de afiliación: Lic. Pablo Alejo López Núñez.

Vicepresidente de turismo: Salvador Segura García.

Tesorero: Reyna Dalila López Varela.

Dando testimonio del acto asistieron el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Lic. Armando Ayala Robles; la  Mtra. Jessica Méndez Águila, Directora de Política Pública de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; el Ing. Jorge Alberto Menchaca Sinencio, Vicepresidente de la Región Noroeste de la CONCANACO SERVYTUR México; así como empresarios, Consejeros Nacionales del organismo y Presidentes de Cámara de los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur.

El nuevo presidente a través de su mesa directiva trazo diez puntos elaboro su plan de trabajo comprometiéndose a cumplirlos fiel mente y estos diez puntos son los siguientes:

 1. Continuar impulsando una cultura empresarial; con base en principios de responsabilidad social, ética, sostenibilidad y sustentabilidad.

 2. Trabajar, con la participación de todos nuestros colaboradores, en el crecimiento de la Cámara y en el empoderamiento de sus afiliados, bajo criterios de equidad e inclusión. Haciendo énfasis especial en el desarrollo de programas específicos para mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad.

 3. Defender permanente los derechos de las empresarias y los empresarios del comercio, los servicios y el turismo.

 4. Fomentar los círculos empresariales, las iniciativas de desarrollo de nuestro capital humano y la transformación digital.

 5. Promover, facilitar y fortalecer la integración económica de nuestro sector, con las cadenas de valor regionales, tanto de producción como industriales. Así como con las derivadas del comercio exterior y el turismo internacional.

 6. Aumentar las acciones para el fomento al comercio local, la promoción turística y la atracción de inversiones.

 7. Tejer lazos de amistad y colaboración, con representantes de otras naciones y con organismos internacionales.

 8. Mantener nuestra vinculación con la comunidad y la interacción efectiva con las autoridades locales, estatales y federales.

 9. Organizar mesas de trabajo permanentes, en las que el empresariado y el gobierno, trabajemos en conjunto buscando un mejor desarrollo social y económico, de Ensenada y de Baja California.

 10. Ejercer la administración de nuestra Cámara, de forma responsable y con finanzas sanas.

HOY 1 de octubre, es día internacional del café 

La importancia de esta bebida, la ha hecho merecedora a un día de celebración en su nombre.

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, su delicioso sabor y aroma, han cautivado paladares de todas las nacionalidades, volviéndose para muchos, una necesidad para comenzar el día.

MÉXICO, es el 7 productor del café, y a nivel nacional, Veracruz el 3 productor.

Un rico café, rica bebida con estimulación, según Harvard, tiene ventajas / desventajas por la cantidad ingerida.

En fin, todo con medida, no más de 3 al día según estudio, entonces?

¿Nos tomamos un café?

Después del hackeo a documentos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a legislar en materia ciberseguridad para proteger la información que calificó como delicada.

“En el Senado vamos a revisar todo el aspecto de ciberseguridad, cuyas iniciativas ya están listas para aprobarse y hemos avanzado en los acuerdos fundamentales”, sostuvo el morenista.

Antes de iniciar la clase que da en la Maestría en Derecho de la UNAM, calificó como delicado el hacekeo a la Sedena, por lo que mencionó que es necesario avalar las iniciativas que hay sobre el tema en la Cámara alta para no vulnerar al país.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que se debe cuidar toda la información delicada, por lo que mencionó que es necesario dar mantenimiento a los sistemas de información, así como legislar para aplicar normas “estrictas” en materia de ciberseguridad.

“Tenemos que cuidar toda esta información que es delicada y dar mantenimiento a los sistemas de información; legislar y aplicar normas estrictas en materia de ciberseguridad, sobre todo en estas dependencias que son fundamentales para la soberanía del país: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República”, comentó.

Por Lic. Alma Diana Velasco González / Colaborador de PRENSAMÉRICA BAJA CALIFORNIA

El origen de la palabra federalismo, que deriva del término “federar” proviene de faedus, cuyo significado es pacto o alianza.

El federalismo es una idea abstracta, un principio, un modelo, un tipo ideal de Estado y de organización política, que al momento de aplicarse en la práctica sufre de variaciones, tendencias, cambios y evoluciones; es decir el federalismo es una guía, no el resultado

Para Carl J. Friedrich "tenemos el federalismo solo si un conjunto de comunidades políticas coexiste e interactúa como entidades autónomas, unidas en un orden común con una autonomía propia"

La antítesis es el Centralismo, y este se refiere a la tendencia de subordinación y dependencia  de las entidades federadas al Gobierno federal., siendo esto uno de los rasgos en un Estado federal, pero siempre valorado como una distorsión del principio de no concentración del federalismo y un problema en los estados federales, en el ámbito fiscal tiene como resultado la concentración en el gobierno federal de las competencias recaudatorias, de distribución presupuestaria así como la elaboración de políticas públicas

Características del federalismo que conforman un Estado Federal

Una constitución como ordenamiento jurídico fundamental en el cual se expresa la voluntad ciudadana a través del poder constituyente ii) doble esfera jurídica, la de los estados y la federación, con su conjunto de poderes tripartitas sin relación jerárquica por sus naturaleza autónomas iii) reparto de competencias (funciones) repartidas entre los estados y la federación, sin subordinación pero si colaborativas iv) Participación de los estados en la formación del derecho federal v)Vigilancia del gobierno federal sobre los estados para el cumplimiento de la Constitución vi)La existencia de una instancia para la resolución de disputas vii) Autonomía económica como garante de la autonomía política viii) Los estados que se unieron a la federación deben contar con determinado espacio físico para manifestar su voluntad política y administrativa así como para ser identificados territorialmente.

los estudiosos de la materia concuerdan en que al momento de aplicar el principio del federalismo se configura de maneras diferentes atendiendo múltiples condiciones preexistentes como las ideologías políticas, procesos históricos, cultura o características étnicas, condiciones económicas, todas estas condicionantes hacen sui generis a cada Estado Federal, sin embargo los doctrinarios han propuesto o sugerido corrientes tipológicas de los Estados Federales es decir, estructuras que siguen el principio del federalismo que pese a sus particularidades comparten ciertas características y por eso mismo es que pueden agruparse, las corrientes tipológicas más conocidas y secundadas en el ámbito de la investigación y la doctrina que en las siguientes entregas del tema se irán abordando y explicando

El federalismo funciona mediante el reparto de funciones o competencias necesarias para el cumplimiento de los múltiples fines del Estado establecidos en las normas constitucionales y posteriores leyes secundarias o acuerdos, entre órganos y niveles de gobierno, para que esos fines se vean realizados principalmente es a través de los medios económicos, que son recaudados por medio de los impuestos a los ciudadanos del Estado en cuestión,

Esto da paso al federalismo fiscal entendido como la división, delimitación y repartición de las fuentes de los recursos fiscales entre los diferentes órdenes de gobierno así como su relación entre ellos, podría señalarse como un concepto de federalismo fiscal (Gil Valdivia, 2019).

Así, a juzgar por el texto original de la Constitución mexicana de 1917, podríamos catalogar a México dentro del federalismo dual; lo que, empero, diferencia y caracteriza al federalismo mexicano actual es que la estructura jurídica se transformó en un poder político centralizado.

En el sentido fiscal se ha caído en un alejamiento del principio del federalismo, y una degeneración del modelo interestatal y una demasiada tendencia al centralismo, en la práctica histórica de la política en México se ha superpuesto un poder por encima de todos los demás, es más podría decirse que este es un tema muy arraigado al sistema político Mexicano desde la prehispanidad (tlatuani) abarcado los siglos de conquista (virreynato) e independiente (presidencialismo ) el sistema federal adoptado no fue más que una copia del modelo norteamericano, mal implementado simplemente porque esta cesión materialmente nunca se dio por el centralismo ejercido por el presidencialismo exacerbado, debido a la consolidación del partido hegemónico

Si bien se ha dado lugar a la descentralización fiscal entendida como la distribución de competencias respecto a la imposición tributaria y poder de gasto del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales los cuales a partir de ese proceso de descentralización poseen facultades autónomas para decisión del gasto y generación de recursos propios, se ha fracasado en ese sentido para muestra un botón:

El promedio  de los ingresos totales anuales que ingresan a las arcas estatales son  84.4% provenientes de la otorgación de aportaciones federales y participaciones Federales, explicando en conjunto las gráficas anteriores se puede determinar que por cada 100 pesos de ingresos que registran los estados, 85 pesos son recursos federalizados; 11 pesos de ingresos propios, los cuales 5 pesos corresponden directamente a impuestos recaudados por las haciendas estatales, los otros 6 pesos son por derechos, productos y aprovechamientos que recaudan los estados y, 4 pesos son por el financiamiento (deuda) que solicitan las entidades federativas.

En las siguientes entregas se analizara los problemas que enfrentan el país respecto al federalismo y sus impactos. 

El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que si queremos ser un país justo, democrático, libre, y hasta decente, tenemos que aceptar a todas las personas como son y añadió: “Tenemos que respetar los derechos de todas, de todos y de todes, tenemos que reconocer su identidad, tenemos que reconocer su derecho a la orientación sexual, tenemos que reconocer su libre desarrollo a su personalidad y tenemos que luchar todos los días en contra de los discursos de odio y de la violencia en contra de todas las personas, pero particularmente de las mujeres y de los grupos de la diversidad sexual”. 

Al presentar la actualización del “Protocolo para Juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales”, el Ministro Presidente convocó a las y los mexicanos a conformar una gran alianza al precisar: “ Sigamos haciendo una gran alianza, todas las personas que creemos en los derechos tenemos que estar del mismo lado, cada uno en la trinchera en la que nos toca, no hay responsabilidades más importantes que otras, para que esto funcione, todas, todos y todes tenemos que estar del mismo lado”.  

“Las personas de la diversidad sexual no sólo sufren discriminación, incomprensión, se les pretende impedir ejercer sus derechos más elementales, sus derechos sexuales, sus derechos a quien amar y como amar, sus derechos a su identidad, prácticamente sus derechos a existir y se genera en su contra mucho odio, hay crímenes de odio, hay discursos de odio y muy particularmente se da con las personas que integran los colectivos de la diversidad sexual”, aseguró el Ministro Zaldívar. 

El Ministro enfatizó que este Protocolo servirá para que las personas juzgadoras en nuestro país tengan las herramientas para buscar la igualdad sustantiva, detectar vulnerabilidades y para hacer diferencia en sus sentencias, pero también para que las personas defensoras de estos grupos vulnerables, conozcan que este protocolo lo pueden hacer llegar a los jueces y juezas para que su proceso se lleve a cabo de forma diferente.

En tanto, la Directora General de Derechos Humanos de la SCJN, Regina Castro Traulsen, precisó que: “Tenemos no sólo el compromiso y la responsabilidad, sino la obligación de atender todos los estándares nacionales e internacionales para que ninguna persona por su orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales sea discriminada, vulnerada y mucho menos revictimizada cuando acude ante las instancias judiciales a exigir respeto a sus derechos”. 

El evento fue moderado por Rosalba Mora Sierra, colaboradora de la Dirección General de Derechos Humanos del Alto Tribunal, y fue comentado por las expertas en el tema: Liliana Sujey Delgado Guerrero, Jueza de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato; Julie Diane Recinos, Titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la SCJN; Geraldina González de la Vega, Presidenta del Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX y Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, integrante de la Casa de las Muñecas Tiresias A.C.