Por Lic. Alma Diana Velasco González / Colaborador de PRENSAMÉRICA BAJA CALIFORNIA
En esta entrega seguimos analizando los problemas que enfrenta el federalismo fiscal mexicano los cuales son los siguientes
Errores estadísticos en los que se basa la ley de coordinación fiscal
A partir de la reforma fiscal de 2008 hubo un cambio en las formulas y variables para determinar las participaciones federales que reciben los estados, estos se encuentran ponderados por la variable poblacional que se basa en la información del INEGI y el PIBE aparte del nivel de recaudación que sería un estimulante al esfuerzo fiscal de los estados, toda esta estructura normativa parte de la premisa de aumentar la recaudación y la actividad económica pese a esto no se contemplan circunstancias que distorsionan la distribución de ingresos entre los estados que contravienen su premisa, la encuesta nacional de ocupación y empleo ya que esta estima de manera trimestral la población de cada estado y la nacional (ENOE) sufre con los censos y conteos una suerte de variaciones e inconsistencias.
esta encuesta es tomada en cuenta por el INEGI que es el organismo en que se basa la ley de coordinación fiscal para determinar la variable de población, los errores que se provocan consisten en que subestima o sobreestima la cantidad de población por ende se reducen o aumentan los ingresos de los estados y no existen mecanismos resarcitorios para los estados que sufrieron una injusta disminución por esa causa, como muestra; a partir de esta reforma 12 estados perdieron 18 mil millones de pesos, otro factor determinante es las participaciones, es el PIBE el problema es que el crecimiento de este, no es objetivo ya que va implícito un índice de precios pero utiliza información nominal que no obligatoriamente obedece a una realidad sobre el esfuerzo de las entidades federativas.
así que el efecto de esto es sobredimensionar el crecimiento económico por que no se eliminan el índice de precios, como resultado 13 estados recibieron menos recursos y 19 estados recibieron más recursos sin que esto haya sido merecido por un verdadero impulso económico por los ejecutivos estatales, otro aspecto recalcable de la LCF es que no necesariamente se toman en cuenta las cuentas públicas de los estados para el cálculo de la participación por la SHCP sin embargo el efecto es que no se brinda certeza y puede ser una causa adicional al bajo esfuerzo de recaudación de los estados.
Dependencia financiera de los gobiernos subnacionales
El desequilibrio fiscal es un efecto de la disminución o menor recaudación de ingresos propios que tienen las entidades federativas esto ocasiona una mayor dependencia financiera hacia el gobierno federal, la medida que el gobierno federal aplica para reducir este desequilibrio fiscal vertical es por medio de transferencias no condicionadas (participaciones) sin embargo esto conduce a una mayor dependencia con el paso del tiempo, para que exista un equilibrio fiscal vertical y que sea sostenible es necesario desarrollar sus responsabilidades competenciales de los gobiernos subnacionales, es decir las transferencias debido a su diseño pueden operar en contra de los objetivos o funciones principales del sector público en la economía: estabilización y en especial a la redistribución y asignación ya que son con fines resarcitorios para los gobiernos locales por renunciar a sus tributos y así lograr la eficiencia asignativa y la equidad fiscal a través de compensar los desequilibrios vertical y horizontal provocados por la centralización del ingreso y la descentralización del gasto, sin embargo en la realidad ha sucedido lo contrario volviéndose cada vez mas de las transferencias federales (participaciones y aportaciones).
México es un país que centraliza el reparto de recursos federales a las entidades federativas. Las transferencias federales son la principal fuente de recursos con que cuentan las entidades federativas y los municipios, constituyen 85% los teóricos manifiestan que la centralización de los impuestos y gastos es óptima cuando la productividad de la infraestructura es similar entre localidades, cuando difieren es sub-óptima, y cuando las diferencias son amplias, la descentralización se convierte en la opción óptima, postura que contradice la mejor capacidad de administración del gobierno central dado que México es un país en vías de desarrollo, el sistema de transferencias fomenta el crecimiento desigual y la dependencia de los gobiernos ya que no propicia el desarrollo regional.
La alta dependencia que presenta el actual sistema de transferencia tiene como efectos la ineficiencia recaudatoria es decir desinhibir la recaudación propia de los gobiernos locales, favorece la ineficiencia en el sector público y dificulta de condiciones para el crecimiento y mejorar el bienestar además de representar un obstáculo para la autonomía de los gobiernos subnacionales contraponiéndose así a uno de los principios del federalismo que es el de subsidiariedad por eso el sistema de transferencia debe ser correctamente diseñado e implementado.
A partir de la reforma constitucional al artículo 115 y junto con la modificación al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal si bien aumentaron las transferencias de recursos a los estados y municipios cabe recalcar que así comienza la dependencia financiera como lo demuestra el estudio realizado por Ibarra Salazar, Sandoval Musi y Sotres Cervantes (1999) realizado entre los años 70s y 90s, ya que al anterior SNCF entre 1975 y 1979 las trasferencias representaban solo 24% de los ingresos totales pero a partir la reforma, entre 1980 a 1989 aumentaron dichas transferencias a un 51%, hasta llegar actualmente al 85% de los ingresos totales, es decir hubo un retroceso, el SCFN opero en sentido contrario, se expone y refuerza este planteamiento ya que mediante datos panel muestra entre 80s y 90s las participaciones crecieron 170% y los ingresos propios sólo 83% en el período de estudio; esta situación contrasta con lo de otros estados federales como Canadá, Australia, Alemania, Suiza, en donde los ingresos por impuestos locales representan más del 50% y las transferencias representan menos de 30% o países miembros la OCDE en los cuales los ingresos propios son en promedio, de 38.19% y el 46% de transferencias.
Baja recaudación de los gobiernos subnacionales
La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) es la estructura inicial para las relaciones hacendarias en México ya que organiza la participación y las ganancias que le corresponde a cada nivel de gobierno. Ya que de acuerdo a esta Ley las funciones de recaudación de los impuestos más importantes y de una base amplísima como lo es el ISR, IEPS e IVA se centralizan en el poder federal, los estados y municipios quedan con potestades tributarias con impuestos modestos como el predial y en algunos casos a la tenencia de vehículos, multas y sanciones. Por esta razón, los ingresos correspondientes a los gobiernos estatales y municipales significan menos del 10 por ciento de la recaudación tributaria a nivel nacional esto provoca que la fuente de ingresos más importante para las entidades federativas y los municipios provienen de las transferencias intergubernamentales que representa aproximadamente el 90 %.
Sin embargo, en nivel de la recaudación puede ser multifactorial según los teóricos, estos factores han sido un amplio debate entre los autores la presión fiscal, destacan factores relacionados con la estructura económica, nivel de desarrollo de un país, manejo de la política fiscal y credibilidad de las instituciones que logran explicarlo a través de ciertos determinantes como los siguiente a)Determinantes económicos: existe una incidencia positiva en la recaudación cuando con un mayor nivel de desarrollo económico pero dependiendo del sector, la ayuda para el desarrollo se considera un relación negativa pues desincentiva la recaudación, la elección del modelo económico pues abre al país a shocks externos., el endeudamiento de los países incentiva la recaudación. b)Determinaciones institucionales: la recaudación tributaria se puede ver afectada por la calidad de los servicios públicos, la gobernanza y las instituciones estatales la diversidad de estudios sobre el tema evidenció que el grado de democracia y el nivel de corrupción al que se enfrentan los agentes, afectan la recaudación si bien no son resultados concluyentes sí se evidencia que en los países más democráticos y por tanto más estables en sus instituciones, los contribuyentes tienen más propensión al pago de los tributos.
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