BAJA CALIFORNIA

EL PARADIGMA TRANSFORMADOR EN LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

El sistema jurídico mexicano, en su constante evolución, se enfrenta al desafío de adaptar sus marcos normativos y criterios de aplicación para garantizar una justicia plena e inclusiva para todos sus ciudadanos, especialmente aquellos en etapas de desarrollo. En este contexto, la jurisprudencia reciente de los Tribunales Colegiados de Circuito cobra una relevancia particular, marcando un hito en la comprensión y aplicación de la justicia administrativa y constitucional para adolescentes. Las tesis aisladas que aquí se analizan –referentes a los principios rectores en procedimientos disciplinarios, la necesidad de sentencias en formato accesible y la obligación de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos– no solo reflejan una visión progresista, sino que reafirman el compromiso del Estado mexicano con una justicia diferenciada, adaptada y protectora. Este reporte periodístico profundiza en la relevancia de estos criterios, delineando un nuevo horizonte para el reforzamiento de la justicia adolescente en el país. 

HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DISCIPLINARIA ESPECIALIZADA

La Tesis II.1°.A.60 A (11a.), bajo el rubro "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS CONTRA ADOLESCENTES. PRINCIPIOS RECTORES QUE DEBEN OBSERVARSE", establece una piedra angular en el tratamiento jurídico de los adolescentes dentro de los marcos administrativos disciplinarios. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determina que, en estos procedimientos, deben aplicarse principios esenciales como la legalidad, el debido proceso, la proporcionalidad, el interés superior de la niñez, la especialización y la mínima intervención.

Este criterio surge de un caso paradigmático: un adolescente del CCH enfrentó un procedimiento disciplinario por actos de violencia de género, resultando en una suspensión de seis meses. La justificación de esta tesis es clara: el derecho administrativo sancionador no puede aplicarse a adolescentes con los mismos parámetros que a los adultos. Se exige un enfoque de justicia especializada que priorice medidas restaurativas y educativas sobre las meramente punitivas. Las decisiones disciplinarias deben ser contextualizadas, considerando las circunstancias personales del adolescente, el impacto del hecho y, crucialmente, la necesidad de asegurar su formación integral. La omisión de este enfoque puede generar resoluciones desproporcionadas, vulnerando su derecho a una justicia diferenciada y adaptada a su condición. Este mandato jurisprudencial subraya la importancia de un sistema que no solo sancione, sino que también rehabilite y eduque, reconociendo la singularidad del desarrollo adolescente. 

SENTENCIAS CLARAS PARA MENTES JÓVENES

Complementando el enfoque de especialización, la Tesis II.1°.A.27 K (11a.), titulada "SENTENCIAS EN FORMATO ACCESIBLE O DE LECTURA FÁCIL. SU EMISIÓN GARANTIZA EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS ADOLESCENTES", aborda un aspecto fundamental de la tutela judicial efectiva: la comprensión. El mismo Tribunal Colegiado enfatiza que la emisión de sentencias en formato accesible o de lectura fácil no es una opción, sino una garantía para el acceso a la justicia de los adolescentes.

El caso de origen es idéntico al anterior, lo que resalta la complejidad de los procedimientos que involucran a menores y la necesidad de salvaguardar sus derechos en cada etapa. La justificación de esta tesis radica en que tales formatos permiten a los adolescentes comprender el contenido y el alcance de las decisiones judiciales que les afectan directamente.

Esta práctica responde a obligaciones constitucionales y convencionales que buscan asegurar el derecho a una tutela judicial efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso efectivo a la justicia no se limita a la simple emisión de una sentencia, sino que exige que los órganos jurisdiccionales implementen mecanismos que permitan a las personas adolescentes comprender las resoluciones que impactan su esfera jurídica. Es un llamado a la claridad y a la empatía judicial, rompiendo barreras lingüísticas y conceptuales para que la justicia sea verdaderamente accesible. 

LA PROTECCIÓN REFORZADA COMO MANDATO JURISDICCIONAL

Finalmente, la Tesis II.1°.A.29 K (11a.), "NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE RECONOCERLOS COMO SUJETOS PLENOS DE DERECHOS Y GARANTIZAR SU PROTECCIÓN REFORZADA", cierra este tríptico de criterios, solidificando la base del enfoque garantista. Este Tribunal Colegiado establece la obligación ineludible de los órganos jurisdiccionales de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y de garantizarles una protección reforzada.

Al igual que las tesis anteriores, esta surge del mismo caso, evidenciando cómo múltiples derechos fundamentales pueden verse afectados en un solo procedimiento. La justificación subraya que el papel del Estado y de los adultos es generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes ejerzan de manera autónoma sus derechos, conforme a su edad, madurez y nivel de comprensión. Los órganos jurisdiccionales deben adoptar una perspectiva garantista que asegure que las decisiones judiciales respeten y protejan su dignidad, autonomía y bienestar, evitando cualquier forma de discriminación o vulneración. Este enfoque exige el reconocimiento, respeto y conciencia de que son titulares de derechos, con autonomía propia y capacidad para tomar sus propias decisiones, características que, aunque en proceso de desarrollo, deben ser plenamente reconocidas y protegidas. Es un llamado a la acción para que el sistema de justicia actúe como un garante activo de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

EL REFORZAMIENTO DE LA JUSTICIA ADOLESCENTE EN LA PRÁCTICA

La conjunción de estas tres tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito marca un avance significativo en la consolidación de un sistema de justicia para adolescentes en México que es verdaderamente especializado y humano. En conjunto, estos criterios exigen una reconfiguración de la práctica judicial y administrativa: no solo se deben observar principios específicos en procedimientos disciplinarios, sino que las resoluciones deben ser comprensibles para sus destinatarios y, fundamentalmente, los menores deben ser tratados como sujetos plenos de derechos con una protección reforzada.

Las implicaciones son profundas. Se impulsa una cultura jurídica que trasciende la visión adultocéntrica y punitiva, adoptando un enfoque restaurativo y educativo. Sin embargo, este cambio no está exento de desafíos. La implementación efectiva de sentencias en formato de lectura fácil requiere capacitación y recursos por parte de los operadores jurídicos. La observancia de principios de especialización y mínima intervención exige una comprensión profunda del desarrollo adolescente y de sus necesidades particulares. Aún más, el reconocimiento pleno de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes demanda un cambio cultural en todas las instancias del sistema de justicia y en la sociedad en general. Los órganos jurisdiccionales tienen la tarea de liderar este cambio, asegurando que cada decisión judicial no solo sea legal, sino también justa, equitativa y protectora del interés superior de la niñez. 

UN PASO FIRME HACIA UNA JUSTICIA MÁS HUMANA Y EQUITATIVA

Las tesis aquí analizadas representan un paso firme hacia una justicia más humana y equitativa para los adolescentes en México. Al establecer principios rectores claros para los procedimientos administrativos disciplinarios, exigir la emisión de sentencias comprensibles y reafirmar la plena titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes con protección reforzada, el Poder Judicial de la Federación, a través de sus Tribunales Colegiados, está sentando las bases para un sistema que no solo juzga, sino que también educa, protege y restaura. Este nuevo horizonte legal no solo beneficia a los adolescentes directamente involucrados en procesos judiciales o administrativos, sino que eleva el estándar de justicia para toda la sociedad, al promover un entendimiento más profundo de los derechos humanos y la dignidad de las personas en sus etapas más vulnerables. El camino hacia la plena implementación de estos criterios será un proceso continuo, pero la dirección está clara: una justicia adolescente que es, ante todo, una justicia integral.