Declaración de la Presidenta de la International Bar Association (IBA), Almudena Arpón de Mendívil Aldama. La International Bar Association manifiesta su inquietud por la interferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la independencia judicial, tras la profusión de graves y repetidos comentarios que afectan la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la reforma promovida por el presidente López Obrador de transferir el control dela Guardia Nacional dirigida por civiles a Defensa era inconstitucional.
En un comentario sobre la decisión judicial pronunciado al día siguiente, el presidente López Obrador atacó a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho (de los 11) jueces que habían derogado la legislación actuaron «de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto». Estas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas del presidente de México sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte del país.
A continuación, se mencionan algunas declaraciones recientes:
El 23 de marzo de 2023, durante una conferencia de prensa, el presidente López Obrador acusó al poder judicial federal mexicano de estar «completamente distorsionado» y «afectado por la corrupción», con una tendencia a proteger a la élite y no al pueblo. El presidente López Obrador también comparó a los jueces con diez o más años de antigüedad con «gánsteres», basándose en la suposición de que cuanta más experiencia tengan los jueces en el sistema, más probable es que sean corruptos.
El 24 de marzo, en sus comentarios sobre la decisión de la Suprema Corte de suspender temporalmente parte de una reforma controvertida promovida por el presidente López Obrador sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente afirmó que la Suprema Corte es parte de la «mafia del poder» y que su «sólo dios es el dinero».
Las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte también son causa de inquietud para la IBA. Parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales. La reforma que se intentó promulgar sobre el INE, una de las instituciones más respetadas del país, reduciría su presupuesto de tal forma que debilitaría significativamente su capacidad de organizar y supervisar las elecciones. De esta forma, se limitaría la autoridad de supervisión del Instituto.
La mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al ejército es igualmente problemática. Presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el ejército. Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a otras maniobras paracentralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México.
En este contexto, las declaraciones injuriosas del presidente López Obrador contra la Suprema Corte adquieren una mayor importancia. Estos comentarios debilitan la confianza pública en el poder judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México. Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional.
El Principio 1 de los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establece claramente que «es el deber de todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetar y observar la independencia de la judicatura» a fin de «decidir los casos que se les presenten […] de acuerdo con los hechos y conforme a la ley, sin ninguna restricción, influencia inapropiada, incentivos, presiones, amenazas ni interferencias, directas o indirectas, de ningún sector ni por ningún motivo».
El Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que los «[e]lementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, […] y la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno».
Sobre el mismo concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado en varios casos que «uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces».
La fortaleza de las instituciones públicas fuertes es uno de los pilares sobre los que se construye una democracia madura. Contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado conviene a los intereses del presidente López Obrador, ya que legitima su acción política.
El poder judicial, al ser un protector del orden constitucional, ciertamente puede bloquear las reformas contrarias al ordenamiento jurídico, como las relacionadas con el INE y la Guardia Nacional. De otro lado, cuando los tribunales apoyan las políticas del gobierno, les otorgan una autoridad aún mayor.
Continuar por la ruta de la debilitación institucional conducirá a una crisis constitucional que pondrá en peligro el estado de derecho en el país y amenazará los derechos por los que la ciudadanía mexicana ha luchado tanto.
Un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de estado de derecho.
Preservar la confianza pública en las instituciones judiciales es esencial para que puedan cumplir su deber de respetar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos.
Las acusaciones del presidente de México no solo afectan directamente el respeto por el poder judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente.
Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del ejecutivo.
Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben segurise las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública.
La IBA reclama al presidente López Obrador que respete la independencia y la integridad del poder judicial conforme al estado de derecho y las obligaciones internacionales de México.
La IBA solicita al presidente López Obrador que trabaje con el poder judicial y la profesión legal para abordar cualesquiera las inquietudes sobre su funcionamiento con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho en el país.
