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La presidenta de UNE Guayas, Gabriela Menéndez, indicó que la inseguridad no da tregua y golpea de forma despiadada a toda la comunidad educativa. Hoy, ejercer la docencia en Ecuador se ha convertido en una profesión de alto riesgo. En apenas un mes, los hechos violentos se han multiplicado: tan solo al inicio del año lectivo 2025-2026 en el régimen Costa – Galápagos, tres profesores fueron secuestrados cuando se dirigían a dar clases en El Fortín, noroeste de Guayaquil; un docente fue encontrado sin vida la mañana del miércoles 28 de mayo, en el estero El Macho, al norte de la ciudad de Machala; la semana pasada, una docente fue baleada dentro de un plantel educativo en Esmeraldas; esta mañana, una pareja fue brutalmente asesinada frente a la escuela César Andrade, en el sector de Mucho Lote 1, al norte de Guayaquil; y en Rumiñahui (Pichincha), intentaron secuestrar a un estudiante; entre otros casos.

Estos sucesos no son aislados: son la expresión de un país que ha dejado de proteger a quienes educan, cuidan y forman a las nuevas generaciones. ¿Cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuántos docentes más deben ser silenciados por la violencia? ¿Cuánto más debe resistir una comunidad educativa abandonada por el Gobierno? Mientras maestros, maestras, arriesgan sus vidas por sostener una educación de calidad en medio del miedo, el Gobierno de Daniel Noboa guarda silencio. No hay políticas sociales de prevención, ni reacción, ni garantías mínimas de seguridad.

Frente al abandono, desde la Unión Nacional de Educadores, Menéndez, presidenta UNE Guayas, hemos armado casas de seguridad en varias provincias del país, líneas telefónicas seguras para los docentes víctimas de extorsión o amenazas, y redes de acompañamiento psicológico. Sin embargo, ya no es suficiente ante los elevados niveles de inseguridad y violencia que siguen aumentando, llegando a la preocupante situación de que las instituciones educativas, desde sus puertas hasta sus salones, sean ahora el escenario de graves delitos y violencias.

Como UNE, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que se investiguen estos crímenes con celeridad. Insistimos en declarar a la educación en emergencia. Asimismo, debe implementarse con carácter urgente un Plan de Espacios Educativos Seguros para los 200 días del año lectivo, que garantice la vida, la integridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, así como un plan de reinserción escolar. ¡No podemos normalizar la violencia! La vida y la seguridad son derechos humanos de todas y todos.