Ramiro Beltrán, Docente jubilado / BIESS bajo la lupa
Las compras de bonos estatales y la nueva ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia ponen en riesgo el patrimonio previsional de los trabajadores. Mientras los afiliados y jubilados del Ecuador depositan su confianza y sus aportes en el BIESS, ésta ha destinado el 47 % de sus inversiones no privativas a la compra de bonos del Estado, con una cifra que supera los USD 13.000 millones hasta el año 2025. El artículo examina, cómo estas decisiones, ahora reforzadas por la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia aprobada en septiembre de 2025, ponen en riesgo las pensiones, los créditos para afiliados, e incluso los derechos fundamentales del seguro de salud.
¿Qué está pasando con los fondos del BIESS?
El BIESS incrementó en el año 2024 un 20 % más en las compras de bonos estatales respecto al año 2023, y en el año 2025 la tendencia sigue al alza. Al cierre del año 2024, los bonos estatales, en cartera, sumaban aproximadamente USD 12.491 millones, cifra que en el año 2025 supera los USD 13.000 millones. Este monto constituye cerca del 47 % de las inversiones no privativas del BIESS.
Ley de Fortalecimiento Crediticio: ¿qué significa realmente?
La Ley aprobada el 26 de septiembre del año 2025 introduce reformas que institucionalizan el uso de los fondos del BIESS como respaldo para el Estado. Puntos de vista críticos: Permite al BIESS poner como garantía sus propios activos, que incluyen los créditos otorgados a afiliados y a los bonos del Estados ya adquiridos.
No queda claro el destino que tendrán los recursos adicionales que se obtengan mediante estas garantías; podría terminarse destinándolos al gasto público, en lugar de fortalecer los créditos sociales para afiliados o mejorar las prestaciones.
Riesgos para afiliados, jubilados y al sistema prestacional. Exposición al riesgo de deuda estatal.
El Estado puede enfrentar dificultades financieras para pagar intereses o para cancelar el valor de sus bonos; si ocurriese reestructuraciones o impagos, el afectado será el BIESS, y por ende afiliados y jubilados.
Reducción del acceso a créditos sociales.
A medida que más recursos se destinen al financiamiento del presupuesto general del Estado, disminuyen las posibilidades de que los fondos de inversiones privativas vayan a créditos hipotecarios, quirografarios o préstamos urgentes para los afiliados.
Pensiones y atención de salud comprometidos.
Si los activos esenciales del sistema serán usados como garantía para fondearse el BIESS, las obligaciones futuras del Banco podrían verse debilitadas, incluido escenarios adversos fiscales o de emergencia.
Conflicto institucional y falta de autonomía.
El hecho de que el Ministerio de Finanzas presida la Comisión de Inversiones No Privativas del IESS, la instancia que decide tasas, plazos y porcentajes de bonos estatales genera decisiones alineadas con intereses fiscales del Estado más que con los intereses de los afiliados. Los países que han permitido a sus fondos de pensiones una alta proporción de inversión en bonos del gobierno sin salvaguardas suficientes han enfrentado pérdidas cuando el Estado ha reestructurado su deuda o ha elevado excesivamente sus tasas de interés.
Para proteger los derechos previsionales de los afiliados y jubilados, se plantea lo siguiente: Requerir transparencia inmediata: que el BIESS publique todos los informes sobre composición de cartera, riesgo, plazos de títulos del Estado, activos comprometidos como garantía, y destino de nuevos recursos. Exigir participación directa de los afiliados y jubilados en los órganos de control y supervisión del BIESS, como ejercicio de buen gobierno y democracia participativa en favor de los dueños de los recursos económicos del BIESS.
Promover reformas legales que establezcan límites claros a la garantía sobre activos previsionales fundamentales (ejemplo: créditos otorgados, reservas técnicas, otros…). Impulsar una diversificación real de las inversiones: menos concentración en bonos del Estado y más inversión productiva, privada, (medianos y pequeños emprendedores) o internacional con riesgo regulado, para mejorar rentabilidades y reducir el riesgo de dependencia estatal.
Fomentar mecanismos de protección ante escenarios adversos de deuda o impagos, como seguros, fondos de reserva o instrumentos legales que garanticen el pago de pensiones para jubilados incluso en crisis fiscal. Si no se actúa con transparencia, participación y límites legales claros, podríamos estar pasando de un sistema que administra pensiones a uno en que los afiliados financian recurrentemente el déficit fiscal del Estado, con consecuencias irreversibles para sus derechos y sostenimiento del sistema previsional actual.
