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El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, anunció este 30 de abril el despliegue de más de 15.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de Policía en la frontera sur con Ecuador, en una operación de gran escala, orientada a reforzar el control territorial y contener amenazas asociadas al crimen organizado transnacional. La medida, calificada como preventiva por las autoridades, cubrirá los 586 kilómetros de frontera terrestre, con especial énfasis en los departamentos de Nariño y Putumayo, donde se han identificado corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas. En total, el contingente está compuesto por aproximadamente 13.330 militares y cerca de 2.000 policías.
El operativo incluye además el despliegue de seis aeronaves, ocho pelotones blindados y 16 unidades marítimas y fluviales, con el objetivo de reforzar la vigilancia en pasos fronterizos clave, especialmente en sectores como Ipiales, considerado un punto neurálgico por su conexión con la vía Panamericana. El despliegue ocurre en un contexto de tensión diplomática con Ecuador. Un día antes, el presidente Daniel Noboa alertó sobre una presunta incursión de grupos armados colombianos en territorio ecuatoriano, lo que elevó el tono de los pronunciamientos entre ambos gobiernos.
Por su parte, el ministro del Interior de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que la operación busca “ neutralizar cualquier amenaza de los cárteles del narcotráfico ” y frenar el flujo ilegal de armas y explosivos a través de la frontera común. Las autoridades colombianas han señalado que este despliegue se mantendrá de forma permanente, con el objetivo de cerrar corredores estratégicos utilizados por redes de crimen organizado y contrabando. Los analistas advierten que, aunque la medida responde a preocupaciones de seguridad, también podría aumentar la tensión bilateral si no se acompaña de mecanismos de coordinación entre ambos países.