Dr Francisco Morán Peña,Rector de UNIVERSIDAD de Guayaquil.
PRENSAMERICA ECUADOR.-La crisis de la Universidad de Guayaquil ya no puede maquillarse con discursos de “transformación” ni campañas de imagen. Lo que denuncian docentes, trabajadores y estudiantes apunta a una estructura donde el poder se concentra entre familiares, allegados y operadores políticos que convierten la institución pública en una agencia de empleos personales. Las denuncias sobre presuntos vínculos familiares dentro de distintas áreas administrativas y académicas vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente a las autoridades universitarias?
Mientras miles de jóvenes luchan por cupos, estabilidad académica y mejores condiciones de estudio, la percepción dentro de la comunidad universitaria es que el mérito quedó relegado frente al tráfico de influencias. La presencia de familiares en cargos estratégicos alimenta la indignación y deteriora aún más la credibilidad institucional.
El problema se agrava por el silencio de organismos que deberían fiscalizar. El CES, el Ministerio de Educación y la Contraloría aparecen ante la opinión pública como entidades ausentes frente a denuncias reiteradas de presunto nepotismo, contratos direccionados y manejo político de la universidad. Cada omisión fortalece la sensación de impunidad.
La Universidad de Guayaquil no puede seguir siendo escenario de disputas familiares ni laboratorio de intereses políticos. La educación superior debe responder al conocimiento, la ética y la transparencia, no a redes de favores. Cuando una universidad pública pierde la confianza de su propia comunidad, pierde también su esencia.
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