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PRENSAMÉRICA ECUADOR.- El anuncio de un nuevo toque de queda en nueve provincias, del 3 al 18 de mayo de 2026, reactiva una receta cuya efectividad es nula contra el crimen pero devastadora para la economía. La medida no solo enfría el consumo turístico tras el feriado, sino que golpea a los motores del empleo nacional. Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), el sector ya reportó una caída del 32% en sus operaciones durante el toque de queda de marzo, evidenciando que las restricciones uniformes son un desahucio para los productos perecederos.

Las cifras del operativo anterior desmitifican la narrativa oficial. De las detenciones registradas, la Fiscalía General del Estado confirma que más del 95% no correspondió a criminales sino a ciudadanos comunes investigados por incumplir el toque de queda. Mientras el Gobierno celebra operativos masivos, la realidad es que se persigue al trabajador nocturno y al transportista, mientras los objetivos prioritarios del crimen organizado evaden el radar de las patrullas. El impacto es sistémico y las alertas son claras: la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) advierte que están en riesgo 250.000 empleos directos, con pérdidas que superan los 300.000 dólares diarios solo en el sector bananero. Pese a que la Cámara de Comercio de Quito propuso una "semaforización" técnica para proteger la gastronomía y el comercio, la negativa del Ministerio del Interior a otorgar excepciones operativas demuestra que la prioridad es sostener una imagen de control a cualquier costo.

Este escenario desborda la lógica de protección ciudadana. Lo que enfrentamos es un estado de sitio contra el trabajo formal, donde el Gobierno prefiere paralizar la cadena logística nacional antes que diseñar una estrategia de inteligencia que no dependa de encerrar a quienes sostienen la dolarización.