Por: Msc. José Chica Pincay
El presidente Daniel Noboa irrumpe con fuerza en el tablero político ecuatoriano, al proponer una consulta popular con siete preguntas que buscan alterar los cimientos estructurales del modelo constitucional vigente. Lo hace bajo la narrativa de modernización del Estado y en el contexto de una violencia sin precedentes, que registra más de 4.600 homicidios en el primer semestre de 2025. La consulta, prevista para diciembre, revive temas controversiales y marca una ruptura frontal con el legado correísta consolidado en la Constitución de 2008.
El primer tema que divide aguas es el regreso de bases militares extranjeras. Noboa plantea eliminar la cláusula constitucional que impide su instalación, una medida tomada tras el cierre de la base estadounidense en Manta. Si bien su permanencia permitió un aumento significativo en la incautación de drogas, también generó tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre soberanía. Hoy, bajo el asedio del narcotráfico, el oficialismo sostiene que su retorno es necesario, mientras que sus detractores advierten sobre una cesión inadmisible de control territorial.
Otra propuesta controversial es la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, un sistema concebido para evitar la captura del sistema democrático por intereses económicos privados. Aunque el oficialismo lo presenta como un alivio al gasto fiscal, expertos y organizaciones sociales temen que la medida refuerce el clientelismo y la penetración del dinero sucio en las campañas, debilitando aún más el tejido institucional.
El desmantelamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado para democratizar la designación de autoridades de control, también figura entre las preguntas. Noboa propone redistribuir sus funciones en otros órganos del Estado, arguyendo ineficiencia y politización. Esta idea ya fue rechazada en consultas anteriores, y movimientos sociales denuncian que suprimirlo sería desmantelar un espacio clave de vigilancia ciudadana, pese a sus falencias operativas.
La reducción del número de asambleístas se plantea como una solución a la ineficiencia legislativa y al elevado costo del Parlamento. Sin embargo, esta propuesta revive un viejo dilema entre representatividad y agilidad institucional. Al reducir curules, se corre el riesgo de marginar a provincias menos pobladas, debilitando el principio de equidad territorial, aunque el discurso oficial lo enmarca como una optimización del aparato estatal.
En lo laboral, la propuesta de permitir la contratación por horas en el sector turístico renueva el debate sobre la precarización. Rechazada en 2024 cuando se presentó de forma general, ahora el Ejecutivo la limita al sector hotelero, prometiendo conservar derechos esenciales. No obstante, sindicatos alertan que abrir esta puerta, aunque estrecha, puede dinamitar conquistas laborales consagradas en la Constitución de 2008 y facilitar una desregulación progresiva.
El intento de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional representa, según juristas, una de las amenazas más graves a la independencia judicial desde el retorno a la democracia. Noboa argumenta que es el único poder sin control político, pero expertos como Hernán Salgado advierten que permitir este tipo de juicios debilitaría el Estado de derecho y consolidaría una peligrosa concentración de poder en manos del Ejecutivo y la Asamblea.
Finalmente, se abre la puerta al regreso de casinos en hoteles cinco estrellas, clausurados en 2011 por promover ludopatía y facilitar el lavado de dinero. El Ejecutivo defiende la medida como una fuente alternativa de tributos para combatir la desnutrición infantil y como un incentivo al turismo de lujo. Sin embargo, sectores conservadores y especialistas en salud pública advierten que sus efectos colaterales serían difíciles de controlar.
En conjunto, estas siete preguntas no son simples ajustes técnicos: constituyen una cruzada política que intenta reconfigurar el equilibrio de poderes, redibujar los límites de la soberanía nacional y flexibilizar principios sociales y laborales asentados en el texto constitucional. Cada pregunta contiene una narrativa de cambio que, al confrontarse con la historia reciente del país, se transforma en un campo de batalla ideológico.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de estas propuestas antes de que se las someta a referéndum. Si son aprobadas, marcarán un punto de inflexión en el modelo institucional del Ecuador, sellando un viraje que podría consolidar una nueva hegemonía política o abrir una crisis de legitimidad. El pueblo, en su soberanía, será quien decida si estas reformas constituyen un salto hacia el futuro o una reedición de viejas heridas no sanadas.
En tiempos de incertidumbre y fragmentación política, esta consulta no debe ser vista como un simple acto electoral, sino como una deliberación profunda sobre el tipo de país que Ecuador quiere ser. ¿Construiremos un Estado más ágil y moderno o debilitaremos pilares esenciales de nuestra democracia? La respuesta está en las urnas, pero el debate debe darse desde ahora, con rigor, pluralismo y memoria histórica.
