El Gobierno nacional de Daniel Noboa, con la presentación el 17 de mayo, del proyecto de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, reitera la continuidad de la política de “mano dura”, que hasta ahora ha resultado en un verdadero fracaso. El proyecto contiene una serie de medidas que van por el lado punitivo y que no van a resolver los problemas de fondo, como el desempleo y las necesidades básicas insatisfechas de la mayoría de los ecuatorianos.
El supuesto carácter de económico urgente
El gobierno ha calificado de económico urgente al referido proyecto de ley, para hacerlo aprobar por los obsecuentes asambleístas, sin mayor demora. De los 40 artículos del proyecto de ley, solo uno se refiere o está relacionado con materia económica, como es el caso del artículo 32, el cual se refiere a las donaciones de: “equipos y suministros para la protección interna de los militares y policías, y el mantenimiento del orden público,”, las cuales “tendrán una rebaja del impuesto a la renta con un límite del 30%”. Lo enunciado constituye la única medida económica por el ofrecimiento de beneficios tributarios a quienes realicen donaciones a las Fuerzas Armadas o la Policía, para reforzar la propuesta gubernamental de control y represión, con la merma de la recaudación tributaria en un país con altos recortes presupuestarios en salud, educación, vivienda u obra pública.
El proyecto de ley, concebido como tal, es insuficiente e ineficaz al momento del supuesto enfrentamiento a las economías criminales, por cuanto da gran relevancia y crea una atmósfera de guerra, pero soslayando la importancia de la depuración de las cúpulas militar y policial, y desdeñando la penetración criminal, evidenciada en las filas de la Fuerza Pública. Con los recurrentes estados de excepción, Noboa ha pretendido generar un permanente Estado de guerra, reemplazando al Estado de Derecho y las normas legales y constitucionales, dejando en el aire el respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la vigencia del falso conflicto armado interno, como lo recoge el artículo siete del proyecto.
Reforzamiento del camino de la impunidad
Con el anunciado proyecto de ley, el talante antidemocrático de Noboa se repite y refuerza. Antes, en el proceso electoral no encargó la presidencia para candidatizarse y atropelló la función de la vicepresidencia de la República; recientemente, prefirió desistir de la exigencia de la Corte Constitucional de convocatoria a elecciones universales, para la integración de la Asamblea Constituyente.
De aprobarse el proyecto de ley, legalizaría la actuación arbitraria de los elementos militares y policiales, trocando en normales los abusos y las economías criminales. Con este proyecto de ley, casos similares como el de “Los cuatro de Las Malvinas”, quedarían de forma infame en la impunidad.
En ese sentido, el artículo 25 excluye a militares y policías de la “normativa aplicable al régimen de paz”, esto es, del sometimiento a las leyes que rigen el ordenamiento democrático burgués. Como si esto no fuera suficiente, si algún militar o policía fuese procesado judicialmente por un delito común, el artículo 26 faculta al presidente de la República para que otorgue indultos.
Vulneración de derechos fundamentales
En uno de los numerosos considerandos se menciona el artículo 76 de la Constitución de la República, que establece las garantías básicas del debido proceso, las cuales deben ser observadas en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden. Pero en el texto del proyecto introduce todo un articulado que atropella todas las garantías jurisdiccionales, con el establecimiento de la prisión preventiva sin orden judicial, imposición de penas de hasta 25 años por cualquier tipo de relación con grupos narcoterroristas, la eliminación de la presunción de inocencia, la implementación de la tortura como método de investigación, la creación de una jurisdicción especial para juzgar a los miembros de los grupos armados organizados y de un procedimiento unificado y especial para sancionarlos; sin que se respete su derecho a la defensa.
