En el Ecuador de hoy, enfermarse es casi un acto de osadía. En un país donde la Constitución garantiza el acceso a la salud como un derecho universal, la experiencia de acudir a un hospital público parece más un acto de desesperanza que de confianza.
Para muestra, un reportaje reciente de Teleamazonas, citado en Diario El Mercurio (19 de julio de 2025), describe una “carencia de medicinas, insumos, equipos y una desactualización del cuadro básico de medicamentos” en grandes hospitales como el Abel Gilbert, el Francisco Icaza y el Eugenio Espejo. Este mismo artículo señala que el desabastecimiento supera el 40% en la mayoría de hospitales, según reportes de la Alianza Nacional por la Salud, lo que repercute especialmente en la población más vulnerable. Además, la Federación Médica Ecuatoriana, también ha pedido públicamente que se declare en emergencia el sistema nacional de salud.
Según el ex ministro de salud, Juan Bernardo Sánchez, “en 2024 y 2025 se destinaron USD 39,2 millones para equipamiento y mobiliario clínico y USD 106,8 millones para biológicos”. Sin embargo, la corrupción es un factor transversal que compromete toda la cadena de suministros hospitalarios. En una entrevista con Primicias manifestó que “La corrupción va desde los encargados de las bodegas hasta quienes gestionan las compras públicas”.
La doctora Karla Flores, coordinadora de la Maestría de Epidemiología para la Salud Pública de la PUCE y y ex‑subsecretaria del Sistema Nacional de Salud, advierte que el sistema de salud enfrenta “una falta de personal, desabastecimiento crónico por procesos ineficientes, corrupción y descoordinación institucional. Vivimos con desabastecimiento crónico; el sistema actual de compra y distribución no funciona”. Flores agrega que no basta con atender lo urgente, sino que es imprescindible transformar la lógica de la gestión sanitaria.
Las consecuencias directas sobre la población ecuatoriana son tangibles: Pacientes en lista de espera por meses, muertes por falta de tratamientos urgentes como hemodiálisis (a raíz de deudas estatales con proveedores externos) Incremento de la mortalidad por falta de acceso a tratamientos oportunos, en especial en enfermedades crónicas o de alta complejidad, sobrecarga financiera en los hogares, que deben asumir costos de insumos y medicamentos esenciales que deberían ser provistos gratuitamente, agudizando la desigualdad en el acceso a la salud, profundización de la brecha de acceso entre provincias y de entre zonas urbanas y rurales y la pérdida de confianza ciudadana en el sistema de salud pública.
La situación de los hospitales públicos en Ecuador, pese a las inversiones y a las respuestas administrativas, continúa siendo insostenible para una parte significativa de la población. El contexto descrito demanda no solo reformas en el corto plazo, sino una transformación sistémica y sostenida que aborde las raíces del problema: financiamiento adecuado, profesionalización del personal, transparencia y modernización de los procesos internos.
