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No pasa un día sin que Daniel Noboa hable de la construcción de un «nuevo Ecuador», como si fuera una realidad en marcha. Sin embargo, los ecuatorianos están comprobando que «nuevo» no significa necesariamente «distinto», y mucho menos «mejor». Este gobierno continúa con las prácticas de la vieja política burguesa. Un ejemplo evidente y escandaloso es la conformación de la mayoría parlamentaria oficialista: se compraron votos de oportunistas que entienden la política como un medio para enriquecerse. La mentira y las promesas fáciles, propias de la vieja política, son moneda corriente, y en ello Noboa se destaca con notoriedad.

Los cadáveres se amontonan en las calles de varias ciudades, se cierran los negocios porque sus propietarios no pueden seguir pagando las «vacunas», hablar de sucuestros se ha naturalizado como comentar los resultados de un partido de futbol. Pese a esto, el presidente presume de supuestos logros en la lucha contra la delincuencia. En los últimos días ha repetido que ha «puesto la casa en órden» y que ahora vendrá el crecimiento económico. Sin embargo, tras la inseguridad, lo que más preocupa a la población es la crisis económica.

Aunque el gobierno ha tenido mayores ingresos fiscales, el país entró en recesión en 2024. Este incremento de recursos no provino de una mejora en la actividad económica, sino de medidas como la elevación del IVA del 12% al 15%, la remisión tributaria que benefició a grandes empresarios condonando intereses si pagaban el capital adeudado, y la reducción del subsidio a la gasolina. A esto se suma una transacción inédita: el Banco Central vendió parte del oro de las reservas internacionales para financiar el presupuesto del Estado.

La economía del país decreció un 2% y a eso llama «poner la casa en orden». Lo que viene no es menos grave. El gobierno necesita conseguir 18.000 millones de dólares para financiar el presupuesto de este año y existe ya un déficit proyectado de 3.000 millones de dólares, que podría ser aún mayor. Existen obligaciones que deben ser atendidas, como: el pago de 1.967 millones de dólares por deuda interna; 3.369 millones por deuda externa; 2.675 millones en CETES (Certificados de Tesorería); 3.219 millones en atrasos acumulados; 2.668 millones en convenios de liquidez con empresas públicas; y 1.344 millones en cuentas por pagar solo entre enero y abril de este año.

La gran pregunta es: ¿de dónde saldrán esos recursos? No es difícil imaginar que el gobierno apuntará a los bolsillos de los trabajadores y del pueblo, y que intentará vender al mejor postor las empresas estatales y los recursos naturales del país.