La ministra presidenta resaltó que la suscripción del Acuerdo de Escazú marca un antes y un después en el acceso a la justicia ambiental que, a su vez, depende de la protección de los derechos de acceso a la información ambiental y de participación pública en estos asuntos. En el evento conmemorativo del Día Mundial del Medioambiente: Acceso a la justicia, protección a la naturaleza y derechos humanos, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), señaló que "no podemos, ni debemos, construir un país pensando sólo en nuestro bienestar y desarrollo, sino en el de las siguientes generaciones, porque con nuestras acciones hoy, estamos decidiendo su futuro. Sabemos ya que no podrán tener una vida digna, con libertad de opciones y seguridad, en un mundo amenazado por la contaminación y el cambio climático. Por eso, debemos pensar con equidad intergeneracional”.
Acompañada de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, así como de los ministros Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez Potisek, la ministra presidenta resaltó que la firma por parte de México del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) en 2018, significó “un claro refrendo al compromiso histórico con la protección de la naturaleza y los derechos ambientales”.
Destacó que “incluso antes que entrara a nuestro orden jurídico el Acuerdo de Escazú, la jurisprudencia de esta Suprema Corte había venido ampliando, desde hace años, las posibilidades para que más personas, comunidades y organizaciones no gubernamentales interesadas en la defensa del territorio, la naturaleza y el medio ambiente, puedan recurrir al PJF para su tutela”. Asimismo, la ministra Piña señaló que “nuestra jurisprudencia constitucional ha reafirmado que es indispensable que todas las personas podamos acceder a la información cierta y oportuna sobre los beneficios, los riesgos y las consecuencias de las políticas, decisiones y acciones que puedan impactar al medio ambiente y a la naturaleza”, ya que “si se trata de nuestro patrimonio natural común, entonces su defensa se convierte en una cuestión de interés colectivo”. Ante personas juzgadoras federales, especialistas en la materia e invitados especiales, el académico José Sarukhán Kermez destacó que la conmemoración de esta fecha ya no será una cosa eventual, sino que ya tiene un espacio propio en el organismo.
“No es nada más conmemorar el día del medioambiente, hay necesidad de actuar, todos somos la palanca más importante para el cambio ambiental en el planeta, en un mundo del consumismo bestial, rodeado de anuncios, si nos informamos de la seriedad del problema en el que estamos, reflexionaremos sobre las cosas que compramos”. Durante su participación, David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, felicitó a la Corte de México por su amplia interpretación para proteger el derecho a la salud y al medio ambiente: “el cambio climático pone en riesgo los derechos al medioambiente y queremos alentarles a seguir profundizando y fomentar que esos estándares se pongan a la altura de la dignidad humana y emergencia que estamos viviendo”.
Por su parte, Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sumó a este reconocimiento e invitó al Poder Judicial mexicano a “que sigan aplicando el control de convencionalidad con toda la altura que requieren las circunstancias de crisis ambiental y crisis climática”. Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) y celebrado cada 5 de junio desde 1973, el Día Mundial del Medio Ambiente es la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y se conmemora en todo el mundo.
