Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue de cerca las investigaciones sobre la infiltración del crimen organizado en el poder judicial de Ecuador. La Comisión hace un llamado al Estado para que garantice la independencia de los funcionarios judiciales y proteja el trabajo, la vida y la integridad de todas las personas que investigan actos de corrupción. La Fiscalía General del Estado ha informado públicamente sobre la evidencia de que las estructuras criminales han sobornado a funcionarios judiciales para obtener presuntamente decisiones favorables, cambios en la composición de los tribunales, demoras procesales injustificadas y beneficios penitenciarios a favor de miembros de bandas del crimen organizado y sus familias. Según informes oficiales, al menos 19 jueces de diversas regiones y de diversos niveles del poder judicial están involucrados en las denuncias.
Estos casos han sido expuestos en un contexto de empeoramiento del orden público en Ecuador, debido a las acciones del crimen organizado. La Comisión condenó el asesinato del fiscal César Suárez, de la Unidad Nacional de Investigación de la Delincuencia Organizada Transnacional, quien estaba a cargo de investigar el allanamiento de un grupo armado a las instalaciones de un canal de televisión el 9 de enero.
La independencia e imparcialidad del poder judicial son esenciales en la lucha contra la delincuencia organizada. La Comisión ha advertido sobre el impacto del crimen organizado en los sistemas de justicia de las Américas, lo que ha permitido la creación de estructuras de poder paralelas destinadas a cooptar las instituciones judiciales, incluidos los más altos tribunales. En estos contextos, los Estados deben adoptar estrategias efectivas para prevenir la presión interna y externa y otras formas de hostigamiento contra los funcionarios judiciales. Por ejemplo, es necesario crear dependencias especiales para garantizar una verdadera capacidad de respuesta, con una financiación adecuada, para hacer frente a las denuncias de corrupción. También es esencial garantizar que las personas que investigan casos de corrupción reciban salarios adecuados, reciban capacitación continua y puedan contar con recursos humanos y técnicos adecuados, así como con la preservación de su seguridad.
La Comisión toma nota de la buena voluntad expresada por las autoridades ecuatorianas para combatir la corrupción y preservar la independencia judicial frente a las amenazas que representa el crimen organizado transnacional. La independencia e imparcialidad del poder judicial son esenciales en la lucha contra la delincuencia organizada. La Comisión ha advertidosobre el impacto del crimen organizado en los sistemas de justicia de las Américas, lo que ha permitido la creación de estructuras de poder paralelas destinadas a cooptar las instituciones judiciales, incluidos los más altos tribunales. En estos contextos, los Estados deben adoptar estrategias efectivas para prevenir la presión interna y externa y otras formas de hostigamiento contra los funcionarios judiciales. Por ejemplo, es necesario crear dependencias especiales para garantizar una verdadera capacidad de respuesta, con una financiación adecuada, para hacer frente a las denuncias de corrupción. También es esencial garantizar que las personas que investigan casos de corrupción reciban salarios adecuados, reciban capacitación continua y puedan contar con recursos humanos y técnicos adecuados, así como con la preservación de su seguridad.
La Comisión toma nota de la buena voluntad expresada por las autoridades ecuatorianas para combatir la corrupción y preservar la independencia judicial frente a las amenazas que representa el crimen organizado transnacional. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos a título individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan a sus países de origen o residencia.
