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En un duro golpe al gobierno de Daniel Noboa, la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucionales las Leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, dos normativas esenciales que el Ejecutivo presentó como parte de su agenda urgente para supuestamente enfrentar crisis económicas, de seguridad y de gestión pública.

Estas leyes, enviadas con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional, quedaron completamente anuladas, dejando sin efecto sus artículos y disposiciones desde la noche del viernes 26 de septiembre. La decisión representa un claro cuestionamiento al manejo autoritario y apresurado que Noboa ha intentado imponer para controlar diferentes ámbitos del país.

En su fallo, la CC señaló que la Ley de Solidaridad Nacional incurrió en una grave violación al mezclar materias económicas, penales y de seguridad, abusando del procedimiento de urgencia económica, lo que desvirtúa la legitimidad de la norma. Esta ley pretendía regular el conflicto armado interno, autorizando prácticas polémicas como allanamientos sin orden judicial y la concesión de indultos anticipados, medidas cuestionadas por su impacto en los derechos ciudadanos.

Por otro lado, la Ley de Integridad Pública, que sirvió para justificar el despido masivo y la evaluación de servidores públicos, también fue declarada inconstitucional en varios de sus puntos. La Corte argumentó que su reglamento y normas conexas vulneran la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática, principios fundamentales para la legitimidad de cualquier ley. No obstante, aspectos relativos a la evaluación y despido de funcionarios seguirán vigentes, según aclaró el abogado José Chalco. Esta resolución es un duro golpe para Noboa, que en vez de buscar consensos y diálogo, ha optado por la vía rápida y cuestionada para implementar sus reformas, lo que ha generado rechazo tanto en la Asamblea como en sectores sociales y políticos.