Quito, 12 de agosto de 2025 – La crisis institucional en Ecuador escaló este martes cuando la Corte Constitucional (CC) suspendió parcialmente varios artículos de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, aprobadas por trámite económico urgente en la Asamblea Nacional. Las disposiciones cuestionadas otorgaban al presidente Daniel Noboa facultades como el “indulto anticipado” para policías y militares, autorizaban a agentes encubiertos con identidades falsas y permitían a la inteligencia estatal acceder a datos de usuarios de empresas de telefonía. La decisión de la CC se produjo tras múltiples demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones civiles y académicas, que alertaron sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales.

El Gobierno moviliza a sus bases

En respuesta, el presidente Daniel Noboa lideró una marcha en Quito contra la Corte Constitucional, acompañado por ministros como John Reimberg (Interior) y Gian Carlo Loffredo (Defensa). “No vamos a retroceder en la lucha contra el crimen organizado”, reiteró Noboa en declaraciones a medios, defendiendo que las leyes suspendidas son “cruciales para frenar la crisis de seguridad” que vive el país.

Durante la movilización, carteles con los rostros y nombres de los nueve jueces constitucionales aparecieron en la ruta y en vallas de la capital con frases como: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”. La Corte Constitucional denunció que esta exhibición constituye una “estigmatización” que incrementa el riesgo para la seguridad e integridad personal de sus miembros y afecta su independencia.

La ONU y organismos internacionales reaccionan

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de Volker Türk, calificó los ataques a la CC como “inaceptables” y pidió garantizar “la independencia de la Corte y la seguridad de jueces y personal”.

Desde la sociedad civil internacional, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, expresó en X: “Los ataques a los jueces de la @CorteConstEcu son inaceptables y atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho. Rechazamos las declaraciones estigmatizantes del gobierno de @DanielNoboaOk”.

Asimismo, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió: “Recordamos al Ejecutivo que las y los jueces no deben recibir presiones políticas ni represalias. Son garantes de la justicia”.

Debate abierto y clima tenso

Mientras el Gobierno insiste en que las reformas suspendidas son vitales para enfrentar al crimen organizado, juristas y organizaciones de derechos humanos subrayan que la seguridad no puede ser excusa para debilitar garantías constitucionales. La controversia por la marcha, los carteles y las declaraciones cruzadas abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el máximo órgano de control constitucional, con un trasfondo que mezcla seguridad, derechos y el delicado equilibrio de poderes en el país.