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El presidente Daniel Noboa anunció este lunes que remitirá con carácter urgente en materia económica un nuevo proyecto de Ley de Fundaciones, asegurando que su objetivo es “combatir a quienes buscan desestabilizar al Estado”. La declaración, breve pero cargada de intención política, ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos, sectores sociales y observadores internacionales, que advierten que la ley podría ser usada para perseguir, restringir o cerrar fundaciones, ONGs y colectivos que critican o fiscalizan al gobierno. Aunque el texto del proyecto aún no ha sido publicado, el tono del anuncio presidencial apunta a una narrativa cada vez más frecuente en el actual régimen: acusar de “desestabilizadores” a voces disidentes o independientes, mientras se consolidan medidas que refuerzan el control del poder.

“Este tipo de leyes son peligrosas cuando vienen acompañadas de discursos estigmatizantes. Las fundaciones y ONGs cumplen un rol clave en la democracia: denuncian abusos, atienden poblaciones vulnerables y exigen transparencia. ¿Eso es desestabilizar?”, afirmó una vocera de la red de organizaciones sociales del país. En los últimos meses, varias fundaciones han expuesto temas incómodos para el gobierno, como la condonación de deudas millonarias a grupos empresariales aliados, la corrupción en la salud pública o la represión en protestas. Esta ley, presentada como “urgente en lo económico”, podría ser un intento de silenciar esas alertas, disfrazando de estabilidad lo que en el fondo es control político.