Gracias a la acción de protección presentada por un valiente grupo de docentes jubilados —liderados por el Ab. Oswaldo Alfredo Pacheco Gil como procurador común, y respaldados por el Estudio Jurídico del Ab. Freddy Eduardo Viejó González, junto a destacados amicus curiae— se logró un importante avance en la defensa de los derechos de quienes entregaron su vida a la educación pública.

 El pronunciamiento judicial reconoce que la compensación por jubilación debe calcularse conforme a los años de servicio acumulados en el sector público, y no a través de fórmulas arbitrarias o reglamentos inferiores que disminuyen derechos adquiridos. Esta causa evidenció una práctica institucional que vulneraba principios constitucionales como el derecho a la seguridad jurídica, la igualdad, la dignidad y la protección especial a las personas adultas mayores.

 Como señaló el Ab. Freddy Viejó en audiencia: “No se puede permitir que un reglamento administrativo prevalezca sobre el mandato de la Constitución y de las leyes orgánicas. La dignidad de los jubilados es irrenunciable”. Este caso marca un precedente valioso en la lucha por una jubilación justa y digna, ratificando que la Constitución prevalece sobre cualquier disposición de menor jerarquía.