En medio de una campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional (CC), promovida desde sectores oficialistas, varios juristas del país alzaron la voz para poner en su lugar a los asambleístas del movimiento ADN, luego de que estos lanzaran acusaciones infundadas contra una sentencia emitida en enero de este año. La polémica surgió cuando legisladoras oficialistas como Diana Jácome y Valentina Centeno aseguraron en redes sociales que la Corte Constitucional está “favoreciendo a los delincuentes”, tras declarar la inconstitucionalidad de una parte del artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que limitaba la sustitución de la prisión preventiva incluso cuando las condiciones del proceso cambiaban.
Centeno llegó a cuestionar abiertamente a los jueces:
“La Corte emite una sentencia que permite que exconvictos –criminales– que reinciden en un delito, puedan defenderse en libertad y no bajo prisión preventiva. ¿De qué lado están?”, escribió en su cuenta de X. Sin embargo, juristas y abogados penalistas respondieron con contundencia, dejando en evidencia la desinformación y la falta de lectura jurídica por parte de los asambleístas.
El abogado penalista Pablo Encalada, no se guardó nada y calificó las críticas como una “tarea de ignorantes”. “La prisión preventiva es la cárcel de un inocente mientras espera sentencia. Es excepcional, no la regla. La Corte no la eliminó, solo aclaró que debe aplicarse bajo ciertos criterios legales”, explicó en su red social. Por su parte, el constitucionalista Gonzalo Muñoz aclaró que la reincidencia no es un criterio válido para dictar prisión preventiva, y por tanto, la Corte actuó conforme al derecho al declarar inconstitucional la norma que la impedía sustituir en casos de reincidentes, sin importar si las circunstancias habían cambiado.
También la jurista Dominique Dávila recordó que la prisión preventiva no es una pena, sino una medida cautelar excepcional para garantizar la comparecencia del procesado, y que debe resolverse bajo parámetros estrictamente judiciales, no políticos. En ese mismo tono, la abogada Mariela Díaz Aragón cuestionó el oportunismo del oficialismo al “descubrir” una sentencia emitida hace siete meses, justo cuando el Gobierno ha arremetido contra la Corte por otros fallos que no le han favorecido.
“Chuzo, su malestar demoró meses en salir”, ironizó. La Corte Constitucional determinó en enero de 2025 que era inconstitucional impedir la sustitución de la prisión preventiva en todos los casos de reincidencia, señalando que cada situación debe ser valorada por un juez de forma individual y en función de los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad y necesidad.
