Ha sido una victoria política frente a los neoliberales que conducen actualmente el país, acostumbrados a menospreciar los derechos, a no valorar el derecho a la educación ni un salario adecuado, situación que los llevó a magnificar los requerimientos económicos y, con ello, manipular a la opinión pública sosteniendo que se necesitaban 2175 millones de dólares anuales, para luego, cuando se descubrió su engaño, tener que reducir el requerimiento a 469 millones por año. La propia Corte Constitucional ha cuestionado al gobierno de Lasso acusándolo de no ser propositivo en la búsqueda de alternativas para que esta disposición legal se concrete, teniendo al Ministerio de Finanzas como principal responsable al limitarse a sostener que no existe recursos económicos. Además, la Corte ha sido enfática en aclarar que “el principio de estabilidad fiscal no constituye un valor en sí mismo”, que pueda sobreponerse a los derechos. Argumentos que deben tomarse en cuenta para futuras luchas.

También es una lección para el propio Magisterio que reconoce, en la acción de los dirigentes de la UNE, la consecuencia inclaudicable en la defensa de sus derechos que se expresaron en la propuesta legal de reforma a la LOEI y la han llevado hasta las últimas consecuencias con este dictamen, movilizaciones y huelga de hambre de por medio, respaldados siempre por las organizaciones sociales como el FUT, FESE, FEUE, de mujeres, barriales, campesinos, docentes municipales, JRE, entre muchos otros, que expresaron la simpatía popular.

Mientras, determinados personajes se quedaron en colaboración con el Ministerio de Educación en busca de migajas, para sostenerse en la dirigencia.

La UNE, sin duda, es la organización legítima de los docentes del Ecuador.