Primero fue el alcalde Aquiles Álvarez, detenido en medio de un proceso judicial que aún deberá probarse en tribunales. Luego, el allanamiento y la presión sobre estructuras municipales. Y ahora, la intervención a Granasa, empresa que edita Extra y Expreso.
La acción de la Superintendencia puede tener sustento legal, pero el contexto político la convierte en otra pieza de un tablero mayor: el debilitamiento progresivo de Guayaquil como bastión político independiente.
Mientras crecen los rumores de que el movimiento oficialista ADN busca la Alcaldía "como sea", las instituciones del Estado avanzan sobre el poder local y ahora también sobre medios de comunicación influyentes.
Según las autoridades la intervención de Granada responde a procedimientos de control empresarial y no implica el cierre de los medios ni la suspensión de sus actividades informativas.
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