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Que el Gobierno allane Segura EP justo después de los incendios en Guayaquil no puede considerarse una casualidad. Apenas hace unos días, Aquiles Álvarez fue encarcelado, y ahora, la misma institución municipal que permitió, gracias a sus cámaras, destapar graves fallas del Estado y revelar hechos delicados como lo ocurrido con los niños de Las Malvinas o el Porsche que detonó la bomba en la bahía, es intervenida.

¿Se trata de seguridad o de venganza política? La coincidencia es demasiado evidente. Segura EP expuso la verdad que muchos querían ocultar y puso en evidencia la ineficiencia y la impunidad del Estado. Y ahora, justo cuando la atención pública se centra en estas fallas, el gobierno decide tomar el control de la institución.

No es un acto neutral. No se trata de protocolos ni de “medidas de seguridad”, como afirma el ministro. Es un mensaje claro: quien osa mostrar la verdad puede esperar represalias. La intervención de Segura EP, después del encarcelamiento de Álvarez, suena más a castigo político que a protección de la ciudad.

Guayaquil y el país merecen seguridad real, no espectáculos de poder donde los ciudadanos se convierten en testigos de venganzas disfrazadas de acciones oficiales. Segura EP demostró que se puede vigilar, prevenir y esclarecer delitos. Que hoy sea intervenida debería hacernos reflexionar sobre quién realmente protege al pueblo y quién busca silenciarlo.