El presidente Daniel Noboa volverá a las calles con una nueva convocatoria ciudadana, esta vez en Guayaquil. Bajo la consigna de "paz y justicia", Carondelet impulsa una marcha que, según analistas, se da en medio de un descenso en los índices de aprobación a la gestión del Gobierno Nacional. La movilización está prevista para el jueves 11 de septiembre, fecha que el propio mandatario pidió "marcar en los calendarios" mediante un mensaje en sus redes sociales. Ese mismo día, organizaciones sociales han convocado a una manifestación nacional en contra de las políticas oficiales, lo que incrementa la tensión política en el país.
Para la analista política Stephanie Macías, el llamado presidencial responde a un sentimiento de frustración colectiva. "El 78 % de la población siente, especialmente en la crisis de justicia, que las instituciones no están atendiendo sus reclamos", señaló en entrevista. Noboa, sostiene, busca colocarse como intérprete de ese malestar ciudadano. La práctica de movilizar masas desde el poder no es nueva en la política ecuatoriana. El expresidente Rafael Correa lo hizo en varias ocasiones frente a las marchas de oposición, y en Guayaquil, exalcaldes como León Febres-Cordero y Jaime Nebot también convocaron a la ciudadanía para exigir mayor seguridad. Sin embargo, para el analista Pedro Donoso, el caso actual es distinto.
"Era Nebot exigiendo algo al Gobierno central, pero ahora es el Gobierno central exigiendo algo a no sabemos quién, cuando es justamente el Gobierno central el que debe resolver", advirtió Donoso, experto en administración de crisis. A su criterio, la marcha podría funcionar como preproducción de un ejercicio de campaña, que genere imágenes y material para contrarrestar las encuestas que muestran una caída en la popularidad presidencial.
El politólogo César Febres-Cordero, por su parte, considera que la movilización también puede cumplir un rol de distracción. "Es una forma de quitar la atención de lo que se está dando dentro de la Corte Constitucional: los papelones que hicieron los abogados del oficialismo en la Asamblea y el Ejecutivo", opinó.
Con apenas un mes de diferencia respecto a la marcha anterior en Quito, el Gobierno vuelve a impulsar una salida a las calles. Para algunos, se trata de encarnar los clamores colectivos frente a la inseguridad; para otros, de una estrategia comunicacional para mitigar el desgaste de las narrativas oficiales.
