El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realizó este jueves, 1 de mayo de 2025, la audiencia oral única de prueba y alegatos en la queja presentada por dirigentes de Unidad Popular y del Partido Social Cristiano (PSC) contra el presidente, Daniel Noboa, por una presunta infracción electoral.
A la diligencia compareció Giovanni Atarihuana, de Unidad Popular, mientras que Alfredo Serrano, presidente del PSC, no se presentó, por lo que el juez de la causa, Joaquín Viteri, declaró el abandono de este último.
En lugar de Noboa, quien está en una gira internacional, acudieron sus abogados defensores para pedir que este proceso se archivara por "adolecer de pruebas y sustento jurídico". Argumentaron que no se ha comprobado que el mandatario haya "inducido al voto" en la pasada campaña electoral.
El origen de la demanda
La denuncia fue presentada por el director del partido Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, y el excandidato presidencial, Jorge Escala.
La causa se centra en las actividades electorales realizadas por Noboa el 5 de enero, en el inicio de la campaña electoral para la primera vuelta, donde participó sin haber solicitado licencia del cargo, como estipula el Código de la Democracia.
Ese día, Noboa salió al balcón del presidencial Palacio de Carondelet, en Quito, e "indujo al voto" a favor de su candidatura y la de sus asambleístas frente a simpatizantes que estaban en la plaza, según relató en la audiencia el abogado de Atarihuana, Luis Cueva.
Como prueba, el denunciante presentó notas de prensa en las que se detallaba que Noboa dijo frases como "en cinco semanas venceremos y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, una Asamblea que apoye y no dé trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo".
"Eso no puede ocultarse. Millones de ecuatorianos lo vimos y obviamente hoy reclamamos justicia", dijo Atarihuana, quien señaló que esa "actitud antidemocrática" del presidente no solo se registró ese día, sino "durante tres meses, en la primera y segunda vuelta".
Durante toda la campaña, Noboa no solicitó una licencia que la ley establece como obligatoria para los funcionarios que se postulan a una reelección, pues, según dijo en reiteradas ocasiones el ministro de Gobierno, José De la Gasca, el mandatario consideraba que su nueva candidatura no se configuraba como reelección por haber sido elegido inicialmente para completar el período que le correspondía al expresidente Guillermo Lasso (2021 - 2023).
En lugar de eso, Noboa se ausentó del cargo en los días donde participaba en actividades electorales y dejó la jefatura de Estado en manos de la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, a quien designó por decreto como "vicepresidenta encargada" en reemplazo de la vicepresidenta Verónica Abad, con quien está enfrentado.
La delegación de las funciones presidenciales a Gellibert fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Tras relatar las pruebas, Cueva pidió al juez Viteri que sancione al presidente por haber cometido una infracción electoral grave detallada en el numeral tres del artículo 278 del Código de la Democracia (ley electoral).
Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años, dice la ley.Primicias
