PORTADA

Por JOSÉ ESQUIVEL GRADOS

Lima, Perú

La guerra civil interna en el Perú, que se inició en el departamento de Ayacucho, la condujo Abimael Guzmán y tuvo fuerte impacto desde 1980 hasta 1992, año de la captura de este cabecilla sanguinario. Precisamente, en noviembre de 1988 en la provincia de Ayacucho, producto de una emboscada militar, fue asesinado el periodista de investigación Hugo Bustíos, quien se desempeñaba como corresponsal de la revista Caretas.

El “Capitán Arturo”, nombre de combate de Daniel Urresti, era el responsable de la Inteligencia y la Contrainteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa en la provincia de Huanta en Ayacucho. Hubo testigos que lo sindicaron como autor del crimen, sin embargo, con una lentitud asombrosa el ministerio público investigó y el poder judicial lo absolvió el 2018, pero fue apelado y en 2023 fue condenado a 12 años de pena privativa de la libertad como coautor del homicidio. Esta decisión judicial, considerada un hito histórico en la lucha contra la impunidad por violaciones de los derechos humanos, fue celebrada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la Defensoría del Pueblo (DP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso Bustíos por años cobró notoriedad porque Urresti luego de la vida militar abrazó la vida política en busca de impunidad. Fue ministro del Interior, congresista, candidato presidencial y a la alcaldía de Lima Metropolitana. Pero, inesperadamente, el 20 de este mes, el caso cobró notoriedad, porque el Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de 12 años. La resolución se funda en la aplicación de una ley que el 2024 aprobó el Congreso de la República, que establece que crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad se consideran solo para sucesos desde el 1 de julio de 2002, fecha en que en el Perú entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tal es la impericia del TC, que su medida se da cuando los familiares de Bustíos se aprestaban a celebrar 76 años de edad de la víctima, según refirió su indignada hija Sharmelí Bustíos Patiño.  

La cuestionada decisión de la mayoría del tribunal ha considerado que la acción debió extinguirse en noviembre de 2008, porque prescribió a los 20 años. Esta medida ha sido cuestionada por el gremio de periodistas, los familiares de Bustíos y diversas instituciones, pero con el silencio de la DP, cuya elección del defensor también se debe al desacreditado Congreso. Esta decisión con matiz de impunidad es incluso celebrada descaradamente por un congresista que es candidato presidencial para las elecciones de abril próximo, que anunció el indulto del cuestionado militar y político, e incluso al indultado lo ha anunciado como futuro ministro del Interior en caso de ganar la contienda electoral. Se cuestiona al máximo intérprete de la Constitución Política del Perú de evidenciar un desempeño que no es técnico ni jurídico, sino responde a intereses políticos, considerando que sus integrantes son electos por el Congreso. En el conjunto de sentencias aprobadas por la mayoría de magistrados tiene como beneficiarios a dirigentes políticos implicados en faltas graves, lo que ha generado un marcado rechazo por parte de la opinión pública.

En un contexto de impunidad cada vez más evidente, según la percepción del periodismo y de la ciudadanía, noticias como ésta no sólo indignan, sino que también fortalecen el coraje de quienes hacen de la palabra un arma ética de la verdad, que informa, despierta conciencia y engrandece a los pueblos.