Las empresas que hayan registrado el 30 % de pérdidas en sus ingresos en marzo, abril y mayo de este año, en comparación con el 2019, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada por la COVID-19, podrían ser exoneradas del pago de la contribución del 5 % sobre las utilidades registradas en el 2019. La contribución se aplicará cuando las utilidades de la compañía hayan sido superiores al millón de dólares.
Así lo determina el informe para primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario que entrará a debatirse en el pleno mañana, desde las 12:00. El proyecto incluye, también, la tabla de aportaciones para las personas naturales que tengan un sueldo superior a los $720 mensuales. La proyección del Gobierno es recaudar $1200 millones, por donaciones y aportaciones de personas naturales y jurídicas, fondo que servirá para enfrentar las secuelas de la emergencia por el virus.
El texto señala que se podrán establecer exoneraciones o rebajas del pago de esta contribución a las sociedades cuya actividad corresponda a sectores de la economía que hayan sufrido una afectación grave en su actividad económica en los meses de marzo, abril y mayo como consecuencia de la crisis sanitaria, afectándose sus ingresos en el 30% en relación con los mismos meses del año 2019. En el debate de la Comisión de Desarrollo Económico, la noche del lunes, el asambleísta Fernando Callejas (CREO) preguntó quién iba a determinar ese tipo de pérdidas.
En cambio, Elizabeth Cabezas (AP) señaló que según la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el monto estimado de recaudación sería de $1200 millones; de este, las personas naturales contribuirían $900 millones y $300 millones aportarían las empresas; por tanto, dijo que se debe tener mucho cuidado con las excepciones generalizadas, sin determinar áreas con claridad, pues podría reducir los ingresos.
En Comisión de Asamblea se cambiará tabla de aportaciones propuesta en la Ley de Apoyo Humanitario. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, afirmó que el 75 % de las empresas no han tenido ingresos desde el 17 de marzo; por lo tanto, enfrentan graves problemas de liquidez ya que han tenido que hacer pagos salariales y demás obligaciones.
La gran mayoría de empresas que han generado más de un millón de dólares de utilidades seguramente entrarán dentro de la exoneración establecida en la Ley urgente, advirtió Alarcón, por ello, dijo, no se entiende cómo es que se establece un impuesto pidiendo el 5 % de las utilidades cuando las empresas aún no terminan de pagar el impuesto a la renta del año pasado; y que a las autoridades les tocará exonerar a muchas porque han bajado más del 30% sus ingresos. Guillermo Celi (SUMA) manifestó que la mayoría de las empresas no están operando; entonces están generando pérdidas superiores al 30 % de ingresos con relación al 2019
La propuesta afectaría los ingresos proyectados por el Gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria, señaló. “Si están parados los negocios y los trabajadores suspendidos, la propuesta del Ejecutivo de obtener un fondo es una irrealidad, por lo tanto, no se cumplirá el objetivo de recaudación”, subrayó.
El segundo debate será la próxima semana. Una rebaja de al menos el 20 % de las pensiones de los centros de educación infantil, escuelas, colegios y universidades particulares. Prohibición de desahucio en materia de inquilinato por retraso en pago de arriendo mientras dure la emergencia y 60 días después. Prohibición de incremento de tarifas de los servicios básicos por seis meses; incluye servicios de telecomunicaciones públicos y privados.
