La prepotencia y arbitrariedad del ejercicio político de Daniel Noboa busca afianzarse con el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que sería utilizada en contra de la oposición. Casos como el de la eliminación de un candidato presidencial que le restaba votos, o la defenestración a la titular de la vicepresidencia de la República, son claros ejemplos de ello.
Ahora, con ese proyecto de ley, el cual ha tenido un tratamiento expedito por parte de la Comisión de Seguridad Integral, aprobando el 7 de junio el texto final, en su segundo debate, el Ecuador iría por el camino de la devastación democrática, puesto que el contenido de ese proyecto aviva prácticas de odio por la vida y de irrespeto total a la dignidad humana.
El articulado es claramente inconstitucional, concebido como una herramienta de espionaje político, porque viola el derecho a la privacidad y al debido proceso, al permitir el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial; se habilita una vigilancia masiva e inconstitucional sobre la ciudadanía, desconociendo de manera flagrante la sentencia Cajar vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige proteger los datos personales en sistemas de inteligencia y garantizar derechos como la cancelación, corrección y actualización, reconociendo la autonomía informativa.
El proyecto exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes cometan abusos en el marco de sus funciones, generando un sistema paralelo, por fuera del estado de derecho; otorgándoles nombres y apellidos distintos mientras realicen el espionaje, con el fin de ocultar sus crímenes. El proyecto da pauta al uso político del sistema de inteligencia, ya que el titular del ente rector será nombrado por Noboa, sin mecanismos de control ciudadano, por lo que el sistema puede ser instrumentalizado para perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos, críticos de las políticas oficiales.
El proyecto favorece el uso de información personal, exigida a instituciones, empresas y personas bajo la amenaza del imperio de la ley, inobservando la normativa constitucional. Todos esos protervos objetivos gubernamentales, se financiarían con los corrompidos gastos reservados, hoy camuflados como gastos especiales. Es decir, quieren feriarse la plata del Estado sin rendir cuentas a nadie.
