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Esas prácticas son Crímenes de Estado. La desaparición y falta de noticias de decenas fallecidos durante la emergencia sanitaria que vive Guayaquil ha repercutido no solo en el dolor de los deudos que perdieron a sus parientes, sino en críticas desde la sociedad que apuntan a una negligencia absoluta de parte del Gobierno en el tratamiento que se ha dado a los cadáveres en cuestión.
Después de que el mismo presidente de BanEcuador, Jorge Wated, responsable de movilizar y enterrar a los cuerpos, haya admitido que se perdieron etiquetas y que aún hay centenares de cadáveres por enterrar, la ciudadana Judith Silvia Basantes cree que los cuerpos ni siquiera aparecerán. “El Estado no tomó las debidas medidas. Después de que pase todo esto, deberían hacer un censo para saber las cifras reales de muertos tuvimos”, recomienda.
Algunos, como Denisse Fernández, catalogan esta descoordinación como una tortura psicológica, primero para el paciente, cuando ingresa al hospital y no halla ayuda, y luego para sus familiares cuando muere y su cuerpo no se encuentra.
La actriz y catedrática de arte Marttah Viktoria Robles recuerda que existe un protocolo internacional que insta a la cremación. "No se entregan los cuerpos, se queman con lo que usaron al morir. No se vela, no se entierra... La otra opción a la cremación es la fosa común.
En este sentido, se precisa que se ha descubierto que no ha habido protocolos respetados, y que cuando se inició el trabajo de recolección de cadáveres, ya había un atraso de diez días. Glenn Peter Romero apunta por eso a “la falta de instituciones encargadas y entrenadas de poder llevar a cabo dicha tarea".
El escritor César Eduardo Galarza, en este sentido, analiza que lo grave es que al inicio, el Gobierno estableció ese protocolo de cremación, pero no brindó el servicio. "Entonces, cuando los familiares de los fallecidos quisieron cumplir con aquella disposición, se tropezaron que este servicio no era público sino privado y, claro, casi nadie podía cubrir su alto coste (en el proceso se quema también el ataúd, que de por sí es costoso)...".
Gianella Alvarado, en cambio, cree que la responsabilidad está en el personal hospitalario. “Los amontonaron. El trámite se alargó. El Ministerio del Ambiente debería intervenir. Hay afectación por contaminación también”.
Christian Petersen ironiza, en cambio, y dice que si llega a estar al borde de la muerte se tragará un GPS a ver si así lo logran encontrar. "Es inaudito que los familiares tengan que andar rogando por información", piensa. Jean Franco cataloga el hecho como un crimen de Estado. “Son desapariciones forzosas y violaciones a los derechos humanos. Lo peor que nos puede pasar, además de la impunidad, es el olvido. La memoria histórica deberá prevalecer”. Expreso