La historia social de Chile está marcada por episodios de profunda desigualdad. Uno de los más emblemáticos es la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, donde miles de trabajadores del salitre, junto a sus familias, fueron asesinados tras exigir condiciones laborales dignas. Este suceso no sólo evidencia el desprecio de las élites económicas de la época por las clases trabajadoras, sino también refleja una dinámica de exclusión y opresión que persiste bajo nuevas formas en el Chile actual.
Los patrones y dueños de Chile del siglo XIX, amparados por un sistema político que priorizaba el crecimiento económico a cualquier costo, justificaban condiciones laborales inhumanas en nombre de la "competitividad". Hoy, sectores de la derecha chilena defienden con igual vehemencia el modelo neoliberal instaurado durante la dictadura de Pinochet, perpetuando desigualdades en pensiones, salud y educación.
La crisis actual del sistema de salud por medio de las Isapres, ejemplificada por el debate sobre el financiamiento del 0,5%, pone de manifiesto cómo las instituciones privadas priorizan sus intereses económicos sobre las necesidades básicas de la población. Autores como Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón han destacado cómo la "modernidad neoliberal" chilena ha construido un sistema donde el acceso a derechos fundamentales depende de la capacidad de pago.
En este contexto, no sorprende que los sectores más vulnerables recurran a actos extremos para visibilizar su sufrimiento. En 2001, Eduardo Miño se inmoló frente a La Moneda denunciando las condiciones laborales asociadas al uso del asbesto. Más recientemente, muchos adultos mayores han optado por el suicidio bajo el silencio de la prensa, debido a la imposibilidad de sobrevivir con pensiones miserables, una realidad denunciada por autores como Andrés Solimano, quien ha documentado cómo el modelo de AFP perpetúa la desigualdad en la vejez.
En Estados Unidos, un ataque a un alto director ejecutivo de una aseguradora privada de salud revela una dinámica similar: cuando el sistema falla y las instituciones se muestran indiferentes, la desesperación se transforma en violencia. Estas acciones, reflejan un grito de auxilio frente a sistemas que deshumanizan a las personas en nombre del lucro.
¿Defensa del privilegio? Los patrones del siglo XIX y XX rechazaban las demandas laborales por considerarlas una amenaza a su modelo de negocios. De manera similar, la derecha chilena actual se opone a reformas estructurales como el cambio del sistema de pensiones o la regulación del mercado de la salud. ¿Uso del Estado como herramienta de control? En 1907, el Estado respaldó la violencia contra los huelguistas. Hoy, aunque bajo marcos democráticos, sectores conservadores utilizan el poder legislativo y judicial para mantener un estatus quo favorable a las élites económicas.
Radiografía de la desigualdad en Chile
¿Desconexión con las necesidades sociales? Tanto los patrones como ciertos sectores de la derecha actual muestran una desconexión con las demandas populares, perpetuando una visión de las clases trabajadoras como una amenaza más que como ciudadanos con derechos.
¿Es válido tomar la justicia por las manos? Desde una perspectiva ética y legal, tomar la justicia por las propias manos no es justificable. Sin embargo, es crucial entender las razones detrás de estas acciones. El psicólogo Franz Fanon analizó cómo la opresión sistemática puede llevar a respuestas violentas como una forma de catarsis colectiva. La violencia individual no resuelve las causas estructurales, pero se convierte en un síntoma que revela el fracaso de las instituciones.
El Estado chileno enfrenta un dilema histórico: continuar replicando patrones de exclusión o avanzar hacia un modelo más equitativo que reconozca y dignifique las demandas sociales. Resolver las desigualdades en salud, pensiones y derechos laborales no solo es una cuestión de justicia, sino una forma de prevenir que las tragedias de ayer se repitan en el Chile de hoy.
El Estado chileno enfrenta un dilema histórico: continuar replicando patrones de exclusión o avanzar hacia un modelo más equitativo que reconozca y dignifique las demandas sociales. Resolver las desigualdades en salud, pensiones y derechos laborales no solo es una cuestión de justicia, sino una forma de prevenir que las tragedias de ayer se repitan en el Chile de hoy.
La memoria de la Matanza de Santa María y de figuras como Eduardo Miño debe ser un llamado a construir un país donde la dignidad humana no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. Finalmente, cabe preguntarse: ¿Es válido tomar la justicia por las propias manos, como se vio en el movimiento social de octubre de 2019? La explosión de protestas, muchas de ellas acompañadas de actos violentos, refleja el mismo grito de desesperación que ha acompañado a la historia de las desigualdades en Chile. Aunque la violencia no sea la respuesta deseada, su surgimiento evidencia una urgencia que no puede ser ignorada: el clamor de un pueblo que exige justicia, equidad y dignidad.
Del autor: Miguel Angel Rojas Pizarro: Papá. Psicólogo Educacional, Profesor de Historia y Cs. Políticas, Psicopedagogo©. Post Título en Orientación Vocacional, con estudios de Doctorado y Magíster en Educación y Convivencia Escolar. Bombero, Académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Aysen y Libre Pensador.
