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Hasta el 24 de agosto de este año, el Ministerio de Finanzas deberá enviar a la Asamblea Nacional una nueva proforma presupuestaria para lo que resta del 2025. Posteriormente, hasta el 1 de noviembre, deberá presentar el presupuesto para el 2026. Conocer estos materiales es clave: a través de ellos se puede vislumbrar —aunque sea de forma general— la situación fiscal del país y el criterio con el gobierno pretende manejar la economía. Entre otros puntos, por ejemplo, se puede saber cuántos recursos se destinarán para salud, educación, obra pública o al pago de la deuda externa. Como es característico en el gobierno, la ministra de Finanzas, Sariha Moya, busca maquillar la grave situación fiscal. Afirma que el déficit de este año será de USD 3.000 millones, pero todo indica que será superior a los USD 5.000 millones.

Miremos dos elementos fundamentales:
1) Este año la recaudación tributaria no tendrá el mismo rendimiento que en 2024 —e incluso podría ser menor—, cuando se alcanzó un récord gracias al incremento del Impuesto al Valor Agregado, IVA, y del Impuesto a la Salida de Divisas, ISD.

2) La caída de los ingresos petroleros, producto tanto de la baja en el precio internacional del crudo como de la disminución de la producción interna. Hasta junio, Ecuador promedió 460.000 barriles diarios; pero en julio se reporta un desplome alarmante: el 8 de este mes la producción fue de apenas 94.845 barriles.

La gran pregunta es cómo el gobierno intentará enfrentar la disminución de ingresos. Lo hecho por Noboa durante los diecinueve meses que lleva en Carondelet da pistas de lo que podría hacer: incrementar la deuda externa; mantener los atrasos en los pagos a proveedores del Estado, al IESS y a los GAD; elevar el precio de los combustibles o servicios básicos, como electricidad, con el argumento de eliminar o disminuir los subsidios; una nueva reforma tributaria; más recortes presupuestarios que, entre otros aspectos, conlleven el despido de trabajadores del sector público; y, privatización de empresas estatales.

Varias de estas medidas están contenidas en las leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional. La lógica del gobierno es clara: que la crisis la pague el pueblo, mientras se protegen los intereses de los grandes grupos económicos. Prueba de ello es la reciente condonación de deudas a grandes empresarios, entre ellos al grupo Noboa, al que se le perdonaron USD 65 millones.