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Se presentan fuertes críticas desde distintos sectores académicos y políticos en Ecuador, al Proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal, enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente. Expertos en derecho constitucional, como Santiago Machuca Lozano, han señalado que el proyecto no cumple con los criterios para ser tratado como urgente en materia económica. Según Machuca, el documento contiene reformas múltiples sin unidad temática, lo que va en contra de principios constitucionales.

Además, permite allanamientos sin orden judicial, introduce figuras como «objetivo militar» y habilita incautaciones de bienes sin autorización judicial, lo que podría vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán Aguilar, también se pronunció, calificando el proyecto como un retroceso democrático. Señaló que la propuesta criminaliza la defensa de los derechos humanos, normaliza la impunidad, y otorga un poder desmedido al Estado en materia tributaria y judicial, lo que podría afectar gravemente las libertades ciudadanas.

Por otro lado, el exembajador Fernando Yépez Lasso fue aún más tajante, calificando el proyecto como «fascismo puro», y criticó además la colaboración anunciada con el gobierno de Benjamín Netanyahu, a quien acusó de cometer crímenes contra los derechos humanos. En conjunto, las críticas apuntan a que esta propuesta legislativa podría abrir la puerta a un uso autoritario del poder, justificando la erosión de derechos constitucionales bajo el argumento de combatir la delincuencia organizada.Ecuador en directo