El académico y especialista en seguridad, Luis Córdova, advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de Daniel Noboa configuran lo que calificó como “un Estado de guerra”, cuya finalidad —según su análisis— no responde a un combate real contra el crimen organizado, sino a una estrategia de control político y avance de un modelo económico extractivista. Durante una entrevista con Punto Noticias, el docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador (UCE) cuestionó la aprobación de leyes como la de Solidaridad y la de Inteligencia, y criticó la inminente extradición de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, a Estados Unidos.
“Un Estado no puede ir a una guerra si está lleno de topos en sus propias filas militares y policiales, y se resiste a una depuración real. Mientras no haya reformas estructurales, el crimen organizado seguirá operando con impunidad desde dentro del Estado”, señaló Córdova. El investigador afirmó que estas nuevas normativas —como la Ley de Solidaridad, la Ley de Inteligencia y la reforma a la Ley de Áreas Protegidas— habilitan un régimen de excepción permanente, permiten vigilancia masiva en tiempo real y facilitan el ingreso de capital privado a zonas estratégicas cercanas a áreas de extracción minera y petrolera.
Además, señaló que la extradición de ‘Fito’ es, a su criterio, “el primer acto de extradición mediático”, cuyo objetivo es distraer a la ciudadanía mientras estructuras como Los Lobos continúan consolidando su poder criminal, incluso —según denunció— “con custodia de policías y militares”. Córdova recordó que en el memorando firmado en 2023 entre el Ministerio de Defensa y el Pentágono ya se establecían 188 objetivos estratégicos, lo cual, dijo, revela un alineamiento geopolítico que prioriza la seguridad como vía para abrir paso a nuevos intereses económicos.
Finalmente, advirtió que la violencia estructural sigue desbordando al Estado: Los Lobos mantienen el control de territorios vinculados a minería ilegal, las cárceles siguen siendo escenarios de violencia y caos, y no hay un plan integral para desarticular las redes criminales desde la raíz. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Conflicto, durante el actual gobierno se han registrado al menos 189 fugas en centros penitenciarios, lo que, para Córdova, es una muestra más del colapso institucional frente al crimen organizado.
