BAJA CALIFORNIA

México arrastra una deuda histórica innegable con sus víctimas, un legado doloroso forjado a través de periodos de profunda violencia. Desde la sombría "Guerra Sucia" (1965-1990), caracterizada por la represión política y graves violaciones a los derechos fundamentales, hasta la escalada de violencia iniciada en 2006 con la denominada "guerra contra el narcotráfico", el país ha sido testigo de un clima de impunidad y desprotección que ha dejado a miles de personas en total indefensión. Fue en este contexto que emergió la Ley General de Víctimas (LGV) y, como su brazo operativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entidades cruciales para reconocer y garantizar los derechos de quienes han sufrido.

El Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Piceav) 2025-2030, publicado el 28 de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, se presenta como una hoja de ruta fundamental para la actual administración. Este documento no solo busca consolidar los avances logrados, sino también enfrentar los desafíos persistentes en la atención, asistencia, protección, verdad, justicia y reparación integral. Este artículo se adentrará en un análisis profundo del Piceav, explorando su efectividad, los desafíos en su implementación y su impacto directo en los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana. 

LO BUENO: AVANCES SUSTANCIALES Y FORTALEZAS DEL PICEAV 2025-2030 

El PICEAV 2025-2030 se cimenta sobre pilares sólidos, reflejando una evolución y un compromiso institucional que merecen ser destacados. 

UN MARCO LEGAL Y POLÍTICO ROBUSTO 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES: El Programa se alinea con los Artículos 1° y 20, apartado C de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que garantizan los derechos humanos de las víctimas y obligan a todas las autoridades a protegerlos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, se adhiere a la Resolución 40/34 de 1985 y la Resolución 60/147 de 2005 de la ONU, que establecen los principios fundamentales de justicia y reparación para las víctimas. 

VINCULACIÓN CON POLÍTICAS DE ESTADO: El Piceav está estrechamente vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, específicamente con su Eje General 1, "Gobernanza con Justicia y participación ciudadana", y su Objetivo 1.2, Estrategia 1.2.3, que enfatiza la obligación de asegurar justicia, verdad y reparación integral con perspectiva de género. Complementariamente, se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de la presidente Claudia Sheinbaum, que contempla el fortalecimiento de servicios especializados y la construcción de paz.

COMPROMISO POLÍTICO: El documento subraya el enfoque de seguridad radicalmente distinto de las administraciones de la Cuarta Transformación, priorizando el reconocimiento, la atención y la justicia para las víctimas, así como la construcción de la paz y el respeto a los derechos humanos como ejes fundamentales. 

RESULTADOS TANGIBLES EN ESCLARECIMIENTO Y REPARACIÓN 

COMISIONES DE LA VERDAD: La creación y operación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEH) para violaciones de 1965 a 1990, marcan un hito. La CoVAJ triplicó los procesos de búsqueda en 2024, explorando 858 sitios, analizando 132 perfiles genéticos y digitalizando 41.297 documentos, logrando 135 expedientes judicializados. Por su parte, la CoVEH identificó lugares estratégicos y responsables, contribuyendo a 244 expedientes con 478 víctimas identificadas en pocos meses, además de impulsar la tipificación de la desaparición forzada como imprescriptible. 

REPARACIÓN INTEGRAL Y ECONÓMICA: La CEAV ha emitido 61 resoluciones en materia de reparación integral del daño a víctimas de la "Guerra Sucia", erogando más de $60.1 millones de pesos y con 170 expedientes en integración. El Piceav reconoce que la reparación va más allá de la compensación económica, abarcando restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, un enfoque crucial para la reconstrucción de los proyectos de vida. 

AUMENTO EN RESOLUCIONES: La implementación de una nueva metodología del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) permitió emitir 658 resoluciones en 2024, beneficiando a 1.837 víctimas con un monto de $772.3 millones de pesos, lo que representa casi el doble de las resoluciones de 2022 (377). 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA CEAV 

REDISEÑO Y EXPANSIÓN: Desde 2021, la CEAV emprendió un rediseño institucional que prioriza a las víctimas, fortaleciendo los 32 Centros de Atención Integral (CAI) en todo el país. 

INCREMENTO EN SERVICIOS: En 2024, se atendieron a 13.825 víctimas. Se otorgaron 107.661 servicios de trabajo social (casi el doble que en 2019), 46.342 servicios de psicología y 5.220 servicios médicos. 

APOYO JURÍDICO ESENCIAL: La Asesoría Jurídica Federal (AJF), con 130 asesores, atendió a 10.347 personas en 2024, impulsando 194 sentencias, 19 suspensiones condicionales, 78 procedimientos abreviados y 71 acuerdos reparatorios. Además, brindó 155.631 servicios jurídicos y promovió *128 medidas de protección.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS: La revisión de la metodología del CIE redujo el número de expedientes en proceso de 3.908 en 2022 a 2.344 en marzo de 2025, reflejando mayor eficiencia. Los Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) agilizan el acceso a medidas como alimentación y alojamiento (59.300 trámites en 2024 por $580 millones de pesos). 

RECURSOS Y TRANSPARENCIA: El presupuesto de la CEAV ha aumentado anualmente, y destaca que el 80% se ejerce directamente en beneficio de las víctimas, mostrando una priorización clara en la asignación de recursos. 

LO MALO: DESAFÍOS PERSISTENTES Y BARRERAS ESTRUCTURALES 

A pesar de los importantes avances, el Piceav 2025-2030 se enfrenta a desafíos persistentes y barreras estructurales que continúan obstaculizando el pleno acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. 

LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD 

ALTAS CIFRAS DE VIOLENCIA: Pese a reducciones puntuales, México sigue lidiando con cifras alarmantes: homicidios alcanzaron un máximo histórico de 36.685 en 2018, con 31.062 en 2023 (tasa de 24 por cada 100 mil habitantes). Los feminicidios, aunque con una disminución del promedio diario (de 2.6 en 2019-2024 a 1.7 en 2025), siguen siendo una expresión brutal de violencia de género. La trata de personas se mantiene como una "esclavitud moderna", con 202.478 víctimas detectadas globalmente entre 2020 y 2023. 

LA CRISIS DE DESAPARICIONES: El documento resalta la complejidad de las desapariciones, con 17.911 personas registradas en el Renavi entre 2014 y 2025. El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) lidera con el mayor número de registros (28.88%), seguido por el de Felipe Calderón (18.81%) y Andrés Manuel López Obrador (16.89%).

LA "CIFRA NEGRA" Y LA DESCONFIANZA INSTITUCIONAL: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 revela que más del 90% de los delitos no son denunciados e investigados en México. De estos, más del 60% se debe a causas atribuibles a la autoridad, lo que subraya la profunda desconfianza de las víctimas en las instituciones encargadas de procurar justicia. 

OBSTÁCULOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA 

IMPACTO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL: El documento identifica el daño al proyecto de vida como un problema público central, resultado de la carga emocional y psicológica del hecho victimizante, que genera impotencia y desesperanza, obstaculizando el desarrollo personal. 

ACCESO DEFICIENTE A LA JUSTICIA Y REPARACIÓN: A pesar de la LGV, la implementación deficiente o la falta de seguimiento limitan la efectividad de las leyes y políticas. 

DISCRIMINACIÓN, ESTIGMA Y PRECARIEDAD: La condición de víctima a menudo conlleva marginación social y estigma, dificultando la reincorporación laboral y social. Factores como la pobreza, el desempleo y la desigualdad estructural agravan estas dificultades, especialmente para víctimas de contextos vulnerables. 

REVICTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL: Los trámites extensos, la burocracia y la falta de acompañamiento adecuado por parte de las instituciones públicas contribuyen a la revictimización, impidiendo que las víctimas accedan a recursos esenciales y recuperen la confianza en el sistema. 

DEFICIENCIAS EN LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN 

SNAV INACTIVO: A pesar de ser la instancia encargada de coordinar políticas públicas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) no ha sesionado formalmente desde su instalación, lo que limita su capacidad para una coordinación efectiva a nivel nacional. 

DESAFÍOS EN EL RENAVI: La transmisión de información de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) es ineficaz. De 32 entidades, cinco no han transmitido información, y 23 lo han hecho sin periodicidad definida, afectando la robustez de los datos. 

LO FEO: REALIDADES CRUDAS Y PUNTOS CRÍTICOS SIN RESOLVER 

Más allá de los desafíos, existen realidades crudas y puntos críticos que el Piceav debe abordar con máxima urgencia y sensibilidad, revelando la magnitud de la tarea por delante. 

LA MAGNITUD ABRUMADORA DE LA VICTIMIZACIÓN 

UN UNIVERSO DE SUFRIMIENTO: El Renavi contabiliza 90.102 personas en situación de víctima hasta diciembre de 2024. De estas, 49.106 son mujeres y 40.985 son hombres. 

PATRONES DE VICTIMIZACIÓN POR GÉNERO Y ÁMBITO: Los datos revelan que, en el ámbito federal, la mayoría de las mujeres son víctimas indirectas (15.567), mientras que, en el ámbito local, la mayoría son víctimas directas (18.643), reflejando las diferentes dinámicas de los delitos y violaciones. 

DELITOS PREVALENTES: Los delitos más comunes registrados en el fuero federal incluyen desaparición (10,432), homicidio (5.412) y secuestro (3.851). En el fuero local, destacan homicidio (10.053), desaparición (5.850), lesiones (5.836) y violencia familiar (5.223), evidenciando la amplitud de la violencia en el país. 

VULNERABILIDAD POR EDAD: Los grupos de edad más afectados son entre 30 y 34 años para mujeres y 25 y 29 años para hombres, aunque también se registra un alto número de víctimas de 65 años y más. 

EL RETO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL Y TRANSFORMADORA 

LIMITACIONES DE LA COMPENSACIÓN MONETARIA: A pesar del aumento en resoluciones, el documento señala que, de las 273 resoluciones de compensación por violaciones a derechos humanos en 2024, en 22 no se determinó monto a pagar. Esto subraya la dificultad de ir más allá de lo económico para garantizar la verdadera restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición. 

CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL INSUFICIENTE: Aunque la CEAV promueve que las instituciones responsables paguen la reparación, sólo el 12.14% de los montos en 2023 y el 20% en 2024 fueron cubiertos por otras entidades como el IMSS, SEP, Secretaría de Salud, SEMAR o INM. Esto evidencia la falta de una asunción plena de responsabilidad por parte de todas las instituciones implicadas. 

VULNERABILIDAD EXTREMA Y ENFOQUES NECESARIOS 

GRUPOS ALTAMENTE VULNERABLES: El programa reconoce la necesidad de enfoques de género, diferencial y especializado para mujeres, niñas, migrantes, indígenas y otros grupos históricamente discriminados, cuya victimización está ligada a desigualdades estructurales. Sin embargo, la brecha entre la retórica y la implementación efectiva sigue siendo un desafío. 

RECURSOS HUMANOS LIMITADOS: La CEAV cuenta con un personal especializado que, aunque dedicado, es limitado frente a la magnitud del problema: 56 trabajadores sociales, 56 psicólogos y sólo catorce médicos para toda la República. Esto se traduce en una sobrecarga de trabajo, con promedios de 1.922.51 servicios por trabajador social, 827.54 por psicólogo y 372.86 por personal médico en 2024. Este número tan reducido pone en riesgo la calidad y oportunidad de la atención. 

FOCO EN LA MUJER VÍCTIMA: El documento resalta que más del 70% de las víctimas de secuestro del fuero común son mujeres, y que las mujeres constituyen el grupo con mayor cantidad de víctimas indirectas y directas, subrayando la urgencia de reforzar las estrategias de apoyo con perspectiva de género. 

BENEFICIOS Y PERJUICIOS PARA LOS MEXICANOS EN GENERAL 

El Piceav 2025-2030, al ser un programa con un profundo calado social, tiene implicaciones directas para la población mexicana en su conjunto. 

BENEFICIOS PALPABLES 

Fortalecimiento del Estado de Derecho y la Cultura de Derechos Humanos: Un programa robusto y bien implementado contribuye a la consolidación de la justicia, la verdad y la dignidad humana como pilares inquebrantables del país, sentando las bases para una sociedad más respetuosa de los derechos fundamentales. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y RESILIENTE: Al garantizar la atención y reparación a las víctimas, se reconstruye el tejido social dañado por la violencia y la impunidad, lo que fomenta la paz social y la cohesión comunitaria. 

MAYOR RENDICIÓN DE CUENTAS Y NO REPETICIÓN: La exigencia de que las instituciones asuman su responsabilidad en la reparación del daño no sólo resarce a las víctimas, sino que también previene futuras violaciones al promover la transparencia y la rendición de cuentas en el aparato estatal. 

VISIBILIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS: El Piceav otorga a las víctimas un espacio central y el reconocimiento de sus derechos, pasando de ser meros números a ser sujetos de derechos con voz y con la posibilidad de reconstruir sus vidas. 

POSIBLES PERJUICIOS O CONSIDERACIONES 

USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y EFICIENCIA: La inversión significativa de recursos públicos en el programa, aunque justificada por la gravedad de la crisis, puede generar debate sobre su eficiencia y la asignación óptima en un contexto de otras necesidades urgentes. El desafío es asegurar que cada peso se traduzca en un impacto real y medible. 

LENTITUD EN LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL E INSTITUCIONAL: Los cambios profundos en las estructuras burocráticas y la cultura institucional requieren tiempo. La lentitud en la materialización de todos los objetivos del programa puede generar frustración y desilusión entre las víctimas y la sociedad, perpetuando un ciclo de desconfianza. 

RIESGO DE BRECHA ENTRE EXPECTATIVA Y REALIDAD: Si los ambiciosos objetivos y metas del Piceav no se materializan plenamente, existe el riesgo de que la brecha entre la promesa y la realidad se amplíe, lo que podría conducir a una mayor desconfianza en las instituciones y a la revictimización de quienes ya han sufrido tanto. 

RESUMEN GENERAL DEL PICEAV 2025-2030 

El Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Piceav) 2025-2030 es el instrumento rector que guiará las acciones de la CEAV en los próximos años. Se articula en torno a tres objetivos estratégicos principales: 

1. Contribuir al desarrollo de la política nacional integral que garantice los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos. 

2. Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para impulsar políticas públicas e instrumentos programáticos que garanticen los derechos de las víctimas y mejoren la atención brindada. 

3. Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar servicios de calidad a las víctimas de delitos del fuero federal y/o violaciones a derechos humanos. 

El Piceav establece una visión a largo plazo (2030 y 2050), proyectando la consolidación de una política de Estado en materia de atención a víctimas, donde el acceso a la justicia y las reparaciones transformadoras sean los ejes centrales. Busca que en 2050 las víctimas ejerzan plenamente sus derechos, que las instancias públicas cumplan cabalmente sus obligaciones y que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Registro Nacional de Víctimas estén afianzados como soportes administrativos y técnicos. Este programa es, en esencia, la promesa institucional de México para saldar su deuda histórica con quienes han padecido los estragos de la violencia y la injusticia. 

CONCLUSIÓN: UN CAMINO LLENO DE RETOS, UNA PROMESA DE DIGNIDAD Y JUSTICIA 

El Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2025-2030 no es solo un documento normativo; es un testamento del compromiso del Estado mexicano para enfrentar una de sus más profundas heridas sociales. Su relevancia como motor de cambio es crucial, buscando transformar la realidad de miles de personas.

El camino por delante, sin embargo, está lleno de retos monumentales. La persistencia de la violencia, la desconfianza institucional y la magnitud abrumadora de la victimización exigen que este programa no se quede en el papel. Requiere un enfoque integral, multidisciplinario y con una perspectiva de género, diferencial y especializado profundamente arraigada en cada acción.

El papel indispensable de la sociedad civil, la academia y los colectivos de víctimas en el monitoreo, la evaluación y el fortalecimiento continuo de este programa será vital. Su participación es la mejor garantía de que la CEAV mantenga su rumbo y cumpla con su promesa. Sólo a través de un compromiso continuo, sostenido y una voluntad política inquebrantable se podrá empezar a saldar la deuda histórica con las víctimas, ofreciéndoles no sólo asistencia, sino también la dignidad, la verdad y la justicia que tanto anhelan y merecen.