BAJA CALIFORNIA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una sentencia que marca un límite contundente a la voracidad recaudatoria y a la discrecionalidad administrativa en los ayuntamientos. Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 183/2024, el Tribunal Pleno invalidó diversas disposiciones de las leyes de ingresos de los municipios de Tocatlán y Santa Isabel Xiloxoxtla, en el estado de Tlaxcala, sentando un precedente que protege al ciudadano frente a cobros injustificados y sanciones basadas en juicios morales. 

El fallo, publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 11 de marzo de 2026, es el resultado de una impugnación promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La resolución no solo afecta a los municipios señalados, sino que envía un mensaje claro a los congresos locales de todo el país sobre la obligatoriedad de respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria al diseñar leyes de ingresos. 

En el caso específico de Tocatlán, la Corte puso fin a lo que coloquialmente se conoce como el "impuesto a la firma". El artículo 63, fracción VI, de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, establecía un cobro de 1.06 UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cada documento oficial que fuera firmado por el secretario del Ayuntamiento. Este tipo de derechos, comunes en muchas administraciones municipales, han sido declarados inconstitucionales. 

Desde una perspectiva de técnica jurídica, la invalidez de este cobro radica en la violación al principio de proporcionalidad tributaria. La Corte determinó que el municipio no presentó una justificación objetiva que demostrara que el costo del servicio guardara relación con la cuota exigida. En el derecho administrativo, el cobro de un "derecho" debe corresponder al costo real que le genera al Estado la prestación del servicio, y no servir como una fuente de lucro para la hacienda pública. 

Para el ciudadano común, esta decisión significa que la autoridad no puede cobrar por realizar funciones que son inherentes al cargo. La firma de documentos oficiales es una obligación administrativa del secretario del Ayuntamiento por la cual ya recibe un salario. Pretender cobrar por cada rúbrica, sin justificar un gasto extraordinario en materiales o procesos, se convierte en un obstáculo económico para el acceso a trámites esenciales, vulnerando la economía familiar y empresarial. 

Por otro lado, la sentencia abordó las leyes del municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, donde se detectó una grave invasión de esferas competenciales. El artículo 54, fracción XVI, inciso c), pretendía imponer multas de 30 UMA por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados. La Corte recordó que, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos es exclusiva del Congreso de La Unión. 

Este choque con el federalismo pone de manifiesto una práctica recurrente: municipios que intentan regular materias federales a través de sus leyes de ingresos o bandos de policía. La Ley Federal de Juegos y Sorteos y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) son las únicas instancias facultadas para sancionar estas actividades. Cualquier intento municipal de recaudar por este concepto es nulo, pues carecen de competencia legislativa para tipificar dicha conducta. 

El debate más profundo en la sesión del Pleno giró en torno a la "moral pública" y el orden social. Se declararon inválidos los incisos a), b) y e) del mismo artículo 54, que sancionaban conductas como “causar escándalo”, “perturbar el orden” o cometer “faltas a la moral”. Para los ministros, estos términos carecen de la precisión necesaria que exige el derecho administrativo sancionador. 

El principio de taxatividad administrativa, derivado del artículo 14 constitucional, obliga a que las leyes describan de manera clara, precisa y objetiva las conductas que son motivo de sanción. Al usar términos vagos como "escándalo" o "moral", el legislador local permite que sea el policía o el juez cívico quien determine, bajo su propio criterio, qué es correcto y qué no. Esta incertidumbre jurídica deja al ciudadano en un estado de indefensión total ante posibles abusos. 

La Corte advirtió que la vaguedad normativa es el caldo de cultivo para la arbitrariedad. Si una ley no define qué se entiende por "perturbar el orden", cualquier manifestación ciudadana o comportamiento inusual podría ser castigado bajo el prejuicio de la autoridad en turno. Esto no solo afecta la seguridad jurídica, sino que constituye una restricción indebida a la libertad de expresión y al derecho a la ciudad, impactando especialmente a grupos vulnerables o disidentes. 

Resulta relevante destacar los votos concurrentes de integrantes del Pleno, como la ministra Sara Irene Herrerías. En su análisis, subrayó que el cobro por firma o documentos también falla porque no especifica el número de fojas o el tipo de documento. Esta falta de detalle genera que el contribuyente nunca sepa con certeza cuánto debe pagar, lo que refuerza la violación a la seguridad jurídica. 

El papel de la CNDH en este asunto ha sido fundamental. Al promover la acción de inconstitucionalidad, el organismo autónomo reafirma su capacidad para intervenir en temas que, aunque parecen meramente recaudatorios, tienen un trasfondo de derechos humanos. La legitimación procesal en estos casos permite que la Corte limpie el sistema jurídico de normas que, de otro modo, tendrían que ser combatidas individualmente por miles de ciudadanos. 

La sentencia ordena que la invalidez surta efectos de inmediato tras la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tlaxcala. Esto obliga a las autoridades municipales a cesar el cobro de estas tarifas y la aplicación de estas multas. Si un ciudadano es sancionado hoy bajo estos conceptos en dichos municipios, la autoridad estaría incurriendo en una falta grave al ignorar un mandato de la máxima instancia judicial. 

Además, la Corte emitió un exhorto legislativo al Congreso de Tlaxcala para que, en la elaboración de las leyes de ingresos del año 2026 y posteriores, se utilicen metodologías objetivas. Los legisladores locales ya no pueden simplemente "copiar y pegar" formatos de años anteriores; deben asegurar que cada cobro esté respaldado por un estudio de costos y que cada sanción esté redactada de forma técnica y no moralista. 

Este fallo impactará directamente en la forma en que los municipios calculan su recaudación. De ahora en adelante, la metodología objetiva es el estándar: si el Estado quiere cobrar por un servicio, debe demostrar qué recursos materiales y humanos utiliza. La era de usar las leyes de ingresos como una herramienta de recaudación ciega o como un mecanismo de control social subjetivo ha llegado a su fin. 

Para los más de 2.400 municipios de México, esta sentencia es una advertencia. Los tribunales federales están aplicando un escrutinio cada vez más estricto a los derechos municipales. Conceptos como "copias certificadas", "búsqueda de datos" o "expedición de constancias" están bajo la lupa. Si la tarifa no refleja el costo de una hoja de papel y el tiempo proporcional del servidor público, la norma caerá en un juicio de amparo. 

El contribuyente ahora cuenta con mejores herramientas legales. Aquellas empresas o ciudadanos que enfrenten cobros excesivos por trámites administrativos pueden invocar este precedente para impugnar actos de autoridad. La justicia administrativa en el siglo XXI exige que la relación entre gobierno y ciudadano sea transparente, técnica y, sobre todo, respetuosa de la dignidad humana, alejándose de prejuicios sobre la "moralidad" del individuo. 

En conclusión, la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 183/2024 consolida la doctrina constitucional sobre la proporcionalidad y legalidad. Al invalidar multas por "escándalo" y cobros por firmas, la SCJN protege el patrimonio de los mexicanos y garantiza que el ejercicio del poder público no se traduzca en actos de molestia arbitrarios. Es un paso adelante en la construcción de un Estado de Derecho donde la ley es un escudo para el ciudadano y no un arma para la autoridad. 

 ANÁLISIS CRÍTICO: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO 

Lo Bueno: El fortalecimiento del Estado de Derecho

Desde una óptica positiva, la resolución representa un avance en la consolidación del artículo 31, fracción IV, constitucional. La Corte establece un límite a la voracidad fiscal al prohibir que el cumplimiento de una obligación administrativa se transforme en una carga tributaria sin sustento técnico. Esto reafirma que los derechos deben corresponder al costo real del servicio. 

Asimismo, la defensa del principio de taxatividad garantiza la seguridad jurídica. Al eliminar sanciones por "faltas a la moral", la SCJN protege el derecho a la manifestación de ideas y evita que el aparato estatal sancione conductas basadas en prejuicios. La intervención de la CNDH demuestra que el ámbito fiscal es un terreno fértil para la defensa de los derechos humanos. 

Lo Malo: Los límites de la justicia constitucional

Lo negativo radica en la relatividad de la sentencia. El fallo solo invalida las normas de los municipios impugnados, obligando a ciudadanos de otras regiones a litigar individualmente contra leyes idénticas. Existe una brecha temporal crítica: para cuando la Corte resuelve, miles de contribuyentes ya han realizado pagos indebidos que difícilmente recuperarán. Además, el sistema carece de responsabilidad resarcitoria para los legisladores que aprueban estas normas a sabiendas de su inconstitucionalidad. La carga del litigio recae en el ciudadano, lo que genera una barrera de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables. Finalmente, el impacto en las finanzas municipales puede ser drástico si no se ofrecen alternativas de recaudación eficientes. 

Lo Feo: El reciclaje legislativo y la cultura del abuso 

Lo más alarmante es el fenómeno del "reciclaje legislativo". Los Congresos locales suelen "copiar y pegar" leyes de ingresos año con año, ignorando deliberadamente la jurisprudencia de la Corte. Esta persistencia en el error evidencia una indiferencia institucional y una apuesta a que el ciudadano no se defenderá ante cobros "hormiga". 

Finalmente, el uso de la vaguedad normativa como herramienta de control social es la faceta más oscura. Las multas por conceptos ambiguos facilitan la extorsión administrativa y el abuso policial contra grupos marginados. La sentencia desnuda una realidad donde el municipio, en lugar de ser un facilitador de bienestar, actúa como un ente recaudador basado en la arbitrariedad y la falta de transparencia.