Esto ocurrió en México con la modificación al artículo 19, publicada el 31 de diciembre de 2024. En esta modificación, se alteró el segundo párrafo para añadir una cláusula nueva: los jueces ya no tienen la facultad de interpretar, extender o matizar esta norma que establece prisión automática. Es una prohibición clara de realizar control constitucional, convencional o de aplicar principios como el pro persona o la ponderación. Representa un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho.
En un caso reciente (Recurso de Queja Penal 70/2025), el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito aceptó que, debido a esta reforma, queda restringido el uso de la jurisprudencia anterior, incluyendo la de la Corte Interamericana. El texto modificado exige una interpretación estricta y literal: si un delito aparece en la lista, no se considera si hay pruebas, contexto o violaciones; la prisión es un requisito innegociable. Lo más preocupante es que el Tribunal ya no puede interpretar para favorecer los derechos humanos, ya que la Constitución se lo impide. Esto representa no solo el encarcelamiento de individuos, sino también una limitación del propio Derecho.
Este cambio convierte a la Constitución en una herramienta de encarcelamiento masivo sin ningún juicio ni defensa válida. Eliminar la facultad interpretativa de los jueces significa destruir la esencia del derecho: la justicia. No es simplemente una cuestión de procedimiento, sino del tipo de país que deseamos construir. Esta decisión pone de manifiesto un abismo: cuando la Constitución es redactada para restringir la libertad, toda la justicia se encuentra en un estado de excepción.
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