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PRENSAMERICA ECUADOR.- Cerca de las elecciones seccionales de 2027, el tablero político en Ecuador empieza a moverse de forma sospechosa. La posible inhabilitación de organizaciones como Revolución Ciudadana, Unidad Popular y Construye, bajo decisiones del CNE y el TCE, enciende las alertas sobre un escenario que podría terminar favoreciendo directamente al oficialismo de Daniel Noboa. El caso más visible es el de Revolución Ciudadana, que fue suspendida por nueve meses tras un proceso impulsado por la Fiscalía en el denominado caso “Caja Chica”. A esto se suman Unidad Popular y Construye, que ahora enfrentan procesos de cancelación por una supuesta reducción en el número de adherentes permanentes, según informes técnico-jurídicos del CNE, fraguados por un miembro de ADN.

Sin embargo, más allá de los argumentos legales, el contexto político levanta dudas. Analistas advierten que no se puede ignorar el momento en el que se toman estas decisiones: justo en la antesala de un nuevo proceso electoral clave. Desde la academia, el politólogo Arturo Moscoso señala que resulta “preocupante” que las acciones recaigan precisamente sobre organizaciones de oposición y en un momento previo a las elecciones. Aunque evita afirmar que exista una intervención directa del Gobierno, reconoce que el escenario es “sospechoso” por el impacto que tendría en la competencia electoral.

En la misma línea, el abogado Mauricio Alarcón advierte que, si bien puede existir base legal, el problema está en la forma y el momento en que se aplica.  Mientras tanto, desde la Revolución Ciudadana ya se habla abiertamente de una proscripción política, señalando al gobierno de Noboa como responsable de un intento por silenciar a las voces críticas y reducir el espacio electoral de la oposición. Con este escenario, el movimiento oficialista ADN aparece como el principal beneficiado, en un contexto donde menos competidores significan más espacio político de cara al 2027.