REDACCIÓN SANTIAGO CHILE / Parte 3 y final - ¿Y qué tenemos ahora, para cerrar esta trilogía sobre el poder y quienes lo ejercen, lo administran o lo padecen?
Tenemos un documento que nunca fue documento. Un archivo sin membrete, sin firma, sin origen verificable, atribuido a inteligencias difusas, a policías secretas que nadie logra nombrar, a “fuentes” que existen sólo en el rumor. Un texto que no es informe oficial ni fantasía burda. Algo más incómodo: una pieza escrita con apariencia forense, cargada de nombres propios, descripciones operativas, lecturas psicológicas y afirmaciones graves.
Ese archivo comenzó a circular en el último semestre de 2025 por redes cerradas: policías retirados, periodistas de crónica roja, reporteros judiciales, corrillos de prensa hispana. No en redes sociales. No en espacios abiertos. En pasillos. En chats privados. En conversaciones que empiezan con “no digás que fui yo”.
Llegó a nuestra Sala de Redacción como llegó a otras: sin contexto, sin aval, sin instrucciones. Lo que lo volvió peligroso no fue su tono conspirativo, sino algo peor: contenía detalles verificables. Fechas, lugares, secuencias, nombres mal escritos pero reconocibles. No probaba nada, pero tampoco podía descartarse como delirio.
Ese fue el origen de la Parte 1. No publicarlo como verdad, sino usarlo como disparador. La pregunta nunca fue si era real. La pregunta fue otra: ¿por qué este relato seguía circulando tantos años después?
Intentamos lo obvio y lo imposible. Hablamos con actores del sistema judicial y policial, activos y retirados. Gente del OIJ, del Ministerio de Seguridad, de estructuras que conocieron los años más violentos del país. La reacción fue unánime: evasivas, negativas, advertencias. No hubo desmentidos contundentes. Tampoco confirmaciones. Hubo algo más elocuente: cautela. Miedo a reabrir historias “cerradas” que, según ellos, siguen siendo peligrosas para terceros.
De ese bloqueo nació la Parte 2. No como verificación del documento, sino como intento de entender el clima que lo hacía posible. La entrevista con un exagente judicial no ofreció certezas judiciales ni cronologías limpias. Ofreció algo más perturbador: una lógica. La descripción de una institución herida, traumatizada por un caso que se desbordó —Johnny Monge— y que aprendió a moverse con extrema cautela cuando el riesgo ya no podía procesarse por la vía tradicional.
En ese relato, Tío Conejo dejó de ser un personaje marginal, dejó de ser el vendedor de helados en una bicicleta en las calles de Puerto Limón. Se volvió síntoma. No fue detenido. No fue absuelto. No fue eliminado. Fue vigilado. Administrado. Mantenido visible. No como castigo, sino como contención. No para hacer justicia, sino para evitar otro final que la institución no podía permitirse.
Y aquí empieza esta tercera parte.
Porque la pregunta ya no es si Johnny Monge y Tío Conejo fueron episodios aislados en una provincia húmeda del Caribe centroamericano. La pregunta es si lo que se registra —y lo que deliberadamente no se registra— pertenece a un ecosistema mayor. Una forma histórica de gestionar amenazas cuando el derecho procesal se vuelve insuficiente, peligroso o políticamente costoso.
¿Estamos frente a residuos de viejas doctrinas de Guerra Fría, del Plan Cóndor, de la formación hemisférica impartida en lugares como la Escuela de las Américas, de donde salieron militares y policías que luego encabezaron dictaduras y campañas de exterminio? ¿O es una gramática más reciente, adaptada al mundo post Guerra Fría, donde el discurso de derechos humanos convive —no sin tensión— con prácticas de neutralización silenciosa?
Tal vez no sea una cosa u otra. Tal vez sea una continuidad adaptada.
Por eso ampliamos la lente. Salimos de Limón. Salimos de Costa Rica. Salimos de los nombres propios. Observamos otros escenarios donde los Estados enfrentaron dilemas similares y respondieron con herramientas distintas: eliminación socialmente aceptada, vigilancia indefinida, expulsión administrativa, aislamiento absoluto, intervención total que termina en desastre. No para equiparar escalas. No para justificar violencias. Sino para identificar un patrón. Un repertorio. Una gramática del poder que no siempre se escribe, pero que se aprende, se transmite y se reactiva cuando el sistema siente que no puede fallar otra vez.
Johnny Monge es el primer quiebre. Su historia no cerró con juicio ejemplar ni con revisión institucional profunda. Cerró con alivio. Su muerte fue aceptada como final necesario. No por claridad jurídica, sino por cansancio. Por miedo. Por hartazgo. Johnny Monge dejó una enseñanza brutal: cuando el riesgo desaparece, la pregunta por el método deja de importar. El proceso se vuelve secundario cuando el peligro sale del mapa. Esa lección no quedó escrita. Pero quedó aprendida.
Tío Conejo es el reverso incómodo. No fue eliminado. Tampoco absuelto. No hubo cadáver ni sentencia ni titular. Hubo vigilancia. Presencia dirigida. Desgaste psicológico. La lógica era la misma: no volver a fallar públicamente. Donde Johnny fue un punto final, Tío Conejo fue una postergación infinita. Administrar el riesgo sin resolverlo. Mantenerlo visible para que no desapareciera. Controlarlo para que nadie decidiera “resolver” por su cuenta. No castigo. No absolución. Contención.
Los asaltantes venezolanos introducen otra variante del mismo repertorio. Aquí no hubo vigilancia prolongada ni eliminación. Hubo expulsión. Detenciones, armas, violencia extrema… y luego una decisión administrativa: sacar el problema del territorio. No porque no hubiera delito, sino porque el proceso penal implicaba costos, tiempos y riesgos que el sistema no estaba dispuesto a asumir. El Estado no mató ni vigiló. Desplazó.
Y fuera de Costa Rica, el patrón no se diluye. Se confirma.
Pablo Escobar no es comparable por escala, sino por decisión. El Estado colombiano osciló entre persecución, negociación y contención. Fracasaron. Cuando el proceso dejó de ser viable, la eliminación se volvió aceptable. Su muerte no fue sólo un operativo exitoso: fue la admisión de que el sistema no podía sostener ese riesgo sin romperse.
Abimael Guzmán es el contraejemplo. El Estado pudo matarlo. No lo hizo. Lo congeló. Cadena perpetua, aislamiento extremo. Vida biológica sin vida política. Cuando no se puede matar ni soltar, se aísla. Cambia el contexto. La lógica persiste.
Waco Texas es el límite. El intento fallido de vigilar, negociar, contener. El final catastrófico. El recordatorio de que la administración silenciosa del riesgo tiene un umbral. Y que cruzarlo deja cicatrices que ningún informe cierra.
No hay conspiración. Hay aprendizaje institucional.
Doctrinas de seguridad hemisférica privilegiaron durante décadas la neutralización del riesgo sobre el debido proceso. No como manual secreto, sino como marco mental. No dictan órdenes. Habilitan decisiones.
Y así, cuando el proceso es viable, se usa. Cuando no lo es, el Estado elige: cerrar, vigilar, expulsar, aislar… o intervenir hasta romperlo todo. Johnny Monge y Tío Conejo no fueron anomalías caribeñas. Fueron expresiones locales de una gramática más amplia. Lo inquietante no es que exista. Lo inquietante es que se aprende, se adapta y se transmite sin escribirse. Y lo que no se escribe, rara vez se discute.
EPÍLOGO
El documento sigue circulando. Llega a redacciones como la nuestra. Pero conviene decirlo con claridad: Ese documento no es prueba. No es informe. No es expediente. No es orden. No es verdad revelada. Nunca fue el corazón de esta investigación.
Fue un disparador. Un texto torpe, emocional, con errores evidentes, pero cargado de detalles que activaron algo más potente que una verdad: una reacción. Silencios. Cautelas. Temores que no corresponden a un papel, sino a lo que ese papel evocaba.
La Parte 1 no buscó validarlo.
Buscó entender por qué circulaba.
La Parte 2 no buscó confirmarlo.
Buscó reconstruir la lógica que lo hacía verosímil.
La Parte 3 dio el paso definitivo: sacó la mirada del caso local y la colocó dentro de un repertorio histórico más amplio.
Esto es lo que esta Trilogía sí es: Un ejercicio de periodismo analítico sobre cómo el poder administra el riesgo cuando no puede permitirse fallar. Una lectura comparada de respuestas estatales que no nacen de conspiraciones, sino de aprendizajes acumulados. Una exploración de las zonas grises donde el derecho convive con el miedo, el trauma institucional y la presión social por resultados.
Aquí no imputamos delitos. No señalamos culpables. No dictamos sentencias. Nombramos una gramática.
Y dejamos preguntas abiertas: ¿Qué ocurre cuando una sociedad acepta un cierre no porque sea justo, sino porque elimina el miedo? ¿Cuántas decisiones tomadas “para que no pase nada” terminan definiendo más el rumbo institucional que los hechos que sí llegaron a juicio? ¿En qué momento la prevención deja de ser herramienta del derecho y se convierte en sustitución silenciosa del proceso?
Esta trilogía no pretende responderlas. Pretende algo más incómodo: dejarlas formuladas.
Porque lo que no se pregunta, se repite. Y lo que se repite sin escribirse, termina pareciendo inevitable.
Aquí termina este trabajo, no con una verdad, pero sí con una advertencia silenciosa. El resto queda en manos del lector, del tiempo y de lo que las instituciones decidan seguir callando.
