BAJA CALIFORNIA

JALISCO MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido un fallo trascendental en la Acción de Inconstitucionalidad 41/2025, promovida por la CNDH. El máximo tribunal invalidó el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta para el ejercicio fiscal 2025, el cual pretendía cobrar 1.25 UMA a personas extranjeras por el uso de servicios y espacios públicos. Esta decisión no sólo impacta las finanzas de dicho municipio, sino que establece un límite infranqueable para el "ingenio recaudatorio" de los gobiernos locales en todo el país.

El punto central de la controversia radicaba en que la norma era imprecisa e indeterminada. La Corte determinó que el legislador local no definió con claridad qué servicio, bien o espacio público justificaba el cobro. Esta falta de taxatividad vulnera directamente los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al dejar en manos de la autoridad administrativa la interpretación de cuándo y por qué realizar el cobro.

Para los especialistas, la sentencia confirma que un derecho municipal debe estar estrictamente vinculado a una contraprestación concreta e individualizada. No es constitucionalmente válido imponer cuotas genéricas bajo el argumento de "infraestructura" o "servicios públicos" sin especificar el hecho imponible. Si el ciudadano no sabe qué está pagando ni por qué, el tributo se convierte en un acto arbitrario que desvirtúa la naturaleza de las contribuciones en México.

Dentro de "Lo Bueno" de esta resolución destaca la ratificación de la seguridad jurídica. La Corte envió un mensaje claro: las leyes de ingresos no son cheques en blanco. Además, se fortaleció la facultad de la CNDH para impugnar normas tributarias cuando estas vulneran derechos humanos, eliminando obstáculos procesales que los congresos estatales suelen utilizar para evitar el control constitucional de sus leyes fiscales.

En contraste, "Lo Malo" reside en la deficiente técnica legislativa mostrada por el *Congreso del Estado de Jalisco. Resulta preocupante que los órganos encargados de crear leyes ignoren principios básicos de proporcionalidad y equidad. Este error técnico no solo representa un revés político, sino que genera una vacante recaudatoria en el municipio de Puerto Vallarta, afectando la planeación presupuestal por no haber diseñado el cobro bajo estándares constitucionales mínimos.

"Lo Feo" de este caso fue el matiz discriminatorio y la ambigüedad del recurso. Al dirigir el cobro exclusivamente a personas físicas extranjeras, la norma rozaba la violación al principio de igualdad. Además, la intención de cobrar por el simple "aprovechamiento de espacios públicos" abría la puerta a una aplicación discrecional por parte de inspectores o tesorerías, lo que históricamente en México se traduce en focos de corrupción y opacidad.

Este fallo nos sirve a todos los mexicanos porque actúa como un *scudo contra la voracidad fiscal. Evita que otros municipios turísticos repliquen fórmulas similares para "parchar" sus presupuestos mediante cobros injustificados a visitantes. La sentencia obliga a los 32 congresos estatales y a los más de 2,400 municipios a profesionalizar sus tesorerías y cuerpos legales, garantizando que cualquier nueva contribución respete el bolsillo de quien ingresa a territorio nacional.

Asimismo, la resolución fortalece el estándar de legalidad tributaria. Aunque la mayoría de los ministros se enfocó en los artículos 14 y 16, el voto concurrente del Ministro Espinosa Betanzo recordó la relevancia del artículo 31, fracción IV, que exige que todos los elementos esenciales del tributo estén expresos en la ley. Este rigor metodológico proporciona a los abogados y contribuyentes mejores herramientas de defensa y litigio frente a cobros indebidos en el futuro.

El impacto jurídico es inmediato: la invalidez surte efectos a partir de la notificación de los resolutivos al Congreso de Jalisco. La SCJN fue enfática al exhortar al legislativo local a no reincidir en estos vicios. Para los actores del sector turístico y empresarial, esto representa un respiro, ya que la implementación de este cobro amenazaba con restar competitividad al destino y generar fricciones innecesarias con los visitantes internacionales.

Desde una perspectiva operativa, las empresas y ciudadanos ahora cuentan con un precedente sólido para cuestionar cualquier derecho o aprovechamiento que no guarde una relación razonable con el servicio recibido. La lección para los gobernantes es clara: la necesidad de recursos no justifica el atropello a la Constitución. La técnica tributaria debe ser impecable para superar el tamiz de la Suprema Corte.

En términos de defensa del contribuyente, es fundamental monitorear si hubo cobros efectuados antes de la declaración de invalidez para evaluar posibles estrategias de recuperación. Este caso demuestra que la vigilancia ciudadana y la intervención de organismos autónomos son piezas clave para mantener el equilibrio de poderes. La transparencia en la creación de leyes de ingresos es hoy más exigible que nunca.

Para el público en general, este suceso es un recordatorio de que la Constitución Mexicana protege contra leyes injustas. No importa si el objetivo parece "loable" (como mejorar la infraestructura turística), si el camino legal para obtener el dinero es oscuro, la justicia federal intervendrá para restablecer el orden. Es un triunfo para la institucionalidad sobre la improvisación política.

Finalmente, este fallo queda como un hito en la historia tributaria municipal de la década. La SCJN ha trazado una línea roja: la autonomía municipal no es soberanía absoluta para crear impuestos disfrazados de derechos. El respeto a la seguridad jurídica es el único camino válido para una recaudación sana, justa y, sobre todo, constitucional en el México moderno.