“Anoche el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo. Se hizo fast-track, con audiencias exprés y un transitorio para aplicar las nuevas reglas a casos en curso. Traducido: cambiaron las reglas a mitad del partido, dejando en duda la protección que muchos ciudadanos habían buscado en los tribunales.
El cambio más duro está en la suspensión del acto reclamado, que es la medida urgente con la que un juez puede detener un abuso mientras decide el caso de fondo. Sin esa suspensión, una persona puede perder su casa, un negocio puede ser clausurado o una cuenta bancaria congelada sin defensa efectiva. La reforma restringe esa protección en temas clave (como bloqueos de cuentas o permisos federales), lo que en la práctica significa que el daño puede consumarse antes de que exista sentencia.
Esto se va a litigar —por retroactividad, por proporcionalidad y por chocar con precedentes de la Corte—, pero mientras tanto comunidades, familias y empresas quedan más vulnerables. Un Estado fuerte no necesita ciudadanos desprotegidos: necesita jueces con herramientas reales para evitar abusos en el momento en que ocurren, no cuando ya es demasiado tarde”.
“La reforma a la Ley de Amparo ordena que las nuevas reglas se apliquen retroactivamente a todos los juicios en curso. Esto significa que miles de suspensiones ya concedidas podrían ser anuladas y que quienes hoy buscan protección frente a abusos del poder quedarán desarmados. La retroactividad en perjuicio viola de frente la Constitución: es un golpe directo a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva de los derechos”.
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