El Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de María Alexandra Ocles, quien hasta el 11 de mayo del 2020 se desempeñó como directora del Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y otros funcionarios por el presunto delito de tráfico de influencias, tras detectar irregularidades en el proceso de adquisición de 7.000 kits alimenticios con supuesto sobreprecio. La Fiscalía apunta una «inobservancia legal en el proceso de adquisición de kits de alimentos en el contexto de la emergencia» sanitaria por el covid-19 en Ecuador.
Por otro lado, la Contraloría General del Estado emitió el informe con responsabilidades penales contra las seis personas que ahora son investigadas. El Servicio de Riesgos gestionó la compra de 7000 kits por $1.182 mil, es decir a $150 cada kit. Pero para la Contraloría el valor total debió ser de $706 790,00, es decir, cada kit debía comprarse a $95.16 centavos. Por eso estableció un sobreprecio total de $475.638. Alexandra Ocles quien renunció a su cargo como directora del Servicio de Riesgos a raiz de este escándalo explicó que pidió en tres ocasiones a la Contraloría la auditoría del contrato y aclaró que el kit está compuesto por 56 productos que cuestan 120 dólares en el mercado.
La Contraloría explicó algunos de los excesos de precios. En cada fundas de arroz de 10 kilos el sobreprecio sería de $5.87, en la carne de res de $6.43, en el atún, $4.80, en los fideos $5,28 y hasta la caja plástica que guarda los productos se compró al doble del precio de mercado con un sobreprecio de $7,70. “Este no es un kit inventado por la emergencia, no es que nos haya gustado y por eso se adquirió, sino que se entrega siempre por evento adverso. No le meto la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano, no estoy acostumbrada a robar, siempre viví de mi trabajo y así lo sigo haciendo”, dijo Ocles.
La Contraloría encontró otras irregularidades. para la compra, el servicio pidió y recibió por mail dos proformas sin que haya precios unitarios de los productos. Y ese mismo día, el 21 de marzo, Fulton Camacho, quien al final fue el proveedor contratado, actualizó su ruc para poder hacer su oferta. Y aunque la exdirectora del Servicio de Riesgos aseguró que se hizo un estudio de mercado antes de la compra, la Contraloría afirma que no existe documentos de respaldo que lo certifique. Tampoco la Contraloría encontró los documentos que respalden el concurso que el servicio de riesgos afirma haber realizado para la firma del contrato.
