María Alexandra Ocles
En el caso penal contra la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), María Alexandra Ocles, y cuatro funcionarios más de esa misma cartera de Estado, la fiscal general Diana Salazar asegura no tener el “elemento objetivo” que pueda configurar el peculado y por ello formulará cargos por el delito de tráfico de influencias. La diligencia solicitada por la Fiscalía se realizará desde las 10:00 del próximo lunes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y será la jueza y presidenta de la Sala de los Penal, Daniella Camacho, quien llevará la causa en esta primera instancia. Camacho fue quien llamó a juicio al expresidente Rafael Correa y a 20 personas más dentro del caso Sobornos 2012-2016.
Salazar señaló, en una entrevista en radio Sucesos, que el tráfico de influencias era conocido en el Código Penal anterior como peculado menor y para que exista él debía darse una inobservancia de la ley. Contraloría determina indicios de responsabilidad penal en compra de kits de alimentos realizada por la administración de Alexandra Ocles en la Secretaría de Riesgos
Al ser consultada de por qué no se procesa un peculado, explicó que el peculado propio requiere de varios elementos que deben ser verificados y uno de ellos, expuso, es que el Estado haya sido afectado económicamente en sus recursos.
“Cuando salió la noticia el contrato fue rescindido, no hubo entrega de dinero, de anticipo y tampoco se llegó a perfeccionar la entrega de los productos. Entonces no tenemos ese elemento objetivo que pueda configurar el peculado. La Fiscalía trabaja técnica y jurídicamente y tenemos que justificar jurídicamente cada uno de los elementos ante los jueces”, aclaró Salazar. Ante la emergencia sanitaria debido a la pandemia de COVID-19, la CNJ dispuso para la audiencia varias medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los sujetos procesales convocados y los funcionarios judiciales.
Entre ellas está el control médico y desinfección en los ingresos al edificio y a las salas del Mezanine1 que se usarán para mantener una distancia adecuada entre las personas. A la diligencia no se permitirá la entrada de personas ajenas a los sujetos procesales convocados, es decir, Fiscalía, que llevará adelante la acusación; los procesados y sus abogados; funcionarios de la Defensoría Pública y la jueza Camacho y su equipo de trabajo. Hasta el momento también están excluidos los medios de comunicación.
Además de Ocles la fiscal Salazar pidió audiencia para formular cargos contra César E., Ramón R., Mauricio C. y Jorge O.. Todos son investigados por inobservancias legales en el proceso de adquisición de 7000 kits de alimentos para ser entregados a la población afectada por la emergencia por el COVID-19, contrato por casi 1,1 millones de dólares. Justamente Salazar informó que en los allanamientos realizados encontraron documentación que revelaría la inobservancia de los procedimientos de contratación. No dio mayores detalles porque el proceso seguiría en la fase de investigación previa.
La jueza Camacho solicitó a los ciudadanos que no puedan comparecer a la diligencia que se llevará en la CNJ, en Quito, que informen de esa situación para que se coordine con las distintas cortes provinciales y de esa forma se realicen las conexiones telemáticas del caso. De los cinco llamados a audiencia, dos se encuentran en la provincia del Guayas, dos en Manabí y Ocles estaría en Quito (Pichincha).
