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La asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, se enfrenta a una situación legal que podría impedirle asumir su curul en la nueva Asamblea Nacional. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó el 1 de mayo de 2025 la suspensión de sus derechos políticos por tres años, tras hallarla culpable de violencia política de género contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La denuncia fue presentada por Salazar en junio de 2024, acusando a Schettini y a la abogada Angélica Porras de difundir información falsa y despectiva sobre su persona, incluyendo acusaciones de plagio de tesis. El TCE determinó que estas acciones constituyeron actos sistemáticos de violencia política de género, afectando la imagen personal y profesional de la fiscal .

El juez ponente, Joaquín Viteri, señaló que las denunciadas incurrieron en infracciones graves al Código de la Democracia, al utilizar medios de comunicación y redes sociales para difundir mensajes que descalificaban a Salazar y a su familia. Estas acciones fueron interpretadas como un intento de presionarla para que renunciara a su cargo. En respuesta a la sentencia, Schettini anunció que presentará una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, argumentando que la pérdida de sus derechos políticos contraviene el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a participar en el gobierno.

La situación de Schettini ha generado un debate en el país sobre la aplicación de la Ley y la protección de los derechos políticos. Mientras algunos defienden la decisión del TCE como una medida necesaria contra la violencia política de género, otros consideran que se trata de una persecución política que limita la participación democrática. La Corte Constitucional deberá analizar la demanda presentada por Schettini y determinar si procede la restitución de sus derechos políticos. Este caso se suma a otros recientes en los que se cuestiona la imparcialidad de las instituciones encargadas de velar por la democracia en Ecuador.

Schettini invitó a simpatizantes y prensa, para la demanda que ella presentará este lunes 12 de mayo a las 10H30, puesto a que alega que se está cometiendo una ilegalidad al retirarle sus derechos políticos, lo cual contraviene el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Arenga que su lucha no será fácil, pero que la rendición por parte de ella no es opción, justificándose con que la democracia debe hacerse respetar y no trascender en una persecución política.