BAJA CALIFORNIA

EL AMPARO, HERRAMIENTA DEFINITIVA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de recientes jurisprudencias de su Primera Sala, ha marcado un hito trascendental en la conceptualización y protección del derecho humano de acceso a la justicia en México. Estas resoluciones no solo clarifican las obligaciones del Estado, sino que también reafirman y expanden el papel de la sociedad civil organizada, particularmente de los colegios de abogados, como defensores esenciales de este derecho fundamental en su dimensión colectiva. El juicio de amparo se consolida como una vía idónea para exigir la observancia de los mandatos constitucionales y garantizar una justicia más efectiva y cercana a la ciudadanía. 

LA OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: UN FRENO AL ACCESO A LA JUSTICIA 

La Tesis 1a./J. 213/2025 (11a.), publicada el viernes 22 de agosto de 2025, es contundente: la omisión del Congreso de la Unión de expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, así como de adecuar las leyes generales y federales a los principios de oralidad y prevalencia del fondo sobre la forma, viola directamente el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

MANDATO CONSTITUCIONAL INCUMPLIDO: La reforma constitucional en materia de justicia cotidiana del 15 de septiembre de 2017 impuso una obligación explícita al Poder Legislativo de tomar acciones concretas para avanzar en la garantía de este derecho. Su incumplimiento absoluto representa una clara transgresión. 

DIMENSIÓN CUALITATIVA Y MANDATO DE OPTIMIZACIÓN: El acceso a la justicia no se limita a una cuestión cuantitativa (más personas con acceso), sino que exige una dimensión cualitativa que busca mejores leyes y ordenamientos que faciliten y eficienticen la administración de justicia. Esta jurisprudencia lo establece como un mandato de optimización, es decir, que debe realizarse en la mayor medida posible, atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídica. 

JUSTICIABILIDAD DE LAS OMISIONES: Se enfatiza que esta dimensión cualitativa es plenamente justiciable, permitiendo que el amparo sea el vehículo para revertir la inactividad legislativa que vulnera este derecho esencial. 

INTERÉS LEGÍTIMO COLECTIVO: EL PODER RENOVADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

La Tesis 1a./J. 214/2025 (11a.), también publicada el 22 de agosto de 2025, fortalece el concepto de interés legítimo colectivo para las asociaciones civiles en el juicio de amparo. Establece que este interés puede acreditarse a partir de la relación entre la naturaleza difusa o colectiva del derecho implicado y el objeto social de la asociación quejosa. 

NATURALEZA DUAL Y DE BIEN PÚBLICO: Se reconoce que derechos como el acceso a la justicia poseen una naturaleza colectiva, difusa o dual (facetas individual y colectiva). Esto implica que su protección no recae exclusivamente en el Estado, sino que exige la participación activa de la sociedad civil. 

VEHÍCULO DE PROTECCIÓN: Las asociaciones civiles, al agrupar a personas con un fin común, son consideradas sujetos *particularmente bien posicionados* para defender estos derechos en un plano colectivo, siempre que dicha protección esté contemplada en su objeto social. 

ANÁLISIS INTEGRAL: La evaluación del interés legítimo requiere un análisis integral de la naturaleza del derecho y la relación particular que la asociación tiene con la dimensión colectiva de dicho derecho (su estructura compleja, plano social o carácter de bien público). La afectación generalizada y el beneficio colectivo del amparo son, en este caso, una consecuencia del reconocimiento de dicho interés. 

LOS COLEGIOS DE ABOGADOS: ACTORES INDISPENSABLES EN LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

Complementando las anteriores, la Tesis 1a./J. 215/2025 (11a.), publicada en la misma fecha, eleva a los colegios de abogados a la categoría de sujetos idóneos para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia a nivel colectivo, al reconocerlo como un bien público. 

IMPORTANCIA DUAL DEL ACCESO A LA JUSTICIA: La Corte subraya que el acceso a la justicia no solo es un derecho fundamental autónomo, sino también el medio principal para hacer efectivos y restituir las violaciones de otros derechos fundamentales. Posee una dimensión procedimental que se extiende como garantía para toda la sociedad. 

CARÁCTER DE BIEN PÚBLICO Y DESAFÍO DEL 'POLIZÓN': Se reconoce que el acceso a la justicia (en su faceta colectiva) es un bien público, garantizado a todos sin exclusión. La mejora en este sistema suele ser costosa individualmente, lo que lleva al "problema del polizón" (beneficio sin costo). Aquí, la participación de los colegios de abogados se vuelve sumamente valiosa, ya que su integración por profesionistas del derecho y su cercanía con las instituciones impartidoras de justicia los posiciona estratégicamente para superar este obstáculo. 

ACTORES FUNDAMENTALES: Los colegios de abogados se configuran como actores fundamentales  en la promoción del Estado de Derecho y los derechos humanos, con un rol esencial en el funcionamiento del sistema jurídico y la exigencia de una administración de justicia eficiente. 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES: Un Llamado a la acción para los Colegios de Abogados. 

Estas jurisprudencias, de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de agosto de 2025, no solo sientan un precedente jurídico, sino que también representan un llamado a la acción para los colegios de abogados en México. 

POTENCIAR LA LEGITIMACIÓN ACTIVA: Es crucial que los colegios de abogados asuman proactivamente su rol, identificando omisiones legislativas y actos que afecten colectivamente el acceso a la justicia para ejercer la acción de amparo colectivo. 

IMPULSAR LA LEGISLACIÓN ÚNICA: Deben redoblar esfuerzos para presionar al Congreso de la Unión a cumplir con su obligación constitucional de expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. 

PROMOVER LA ORALIDAD Y EL FONDO SOBRE LA FORMA: Su experiencia y conocimiento los posicionan para ser catalizadores en la  adecuación de leyes generales y federales a los principios de oralidad y prevalencia del fondo sobre la forma, elementos esenciales para una justicia ágil y eficaz. 

COLABORACIÓN Y ANÁLISIS: Fomentar la colaboración entre colegios y realizar análisis profundos de las barreras actuales al acceso a la justicia, proponiendo soluciones concretas basadas en estas nuevas interpretaciones. 

CONCLUSIÓN: HACIA UNA JUSTICIA MÁS EFECTIVA Y PARTICIPATIVA EN MÉXICO 

Las recientes determinaciones de la Primera Sala de la SCJN marcan un punto de inflexión. No solo reafirman la justiciabilidad del derecho humano de acceso a la justicia frente a omisiones legislativas, sino que empoderan a los colegios de abogados como guardianes esenciales de este bien público. Al asumir este rol vanguardista, los profesionistas del derecho no solo defienden los intereses de sus agremiados, sino que contribuyen de manera decisiva a la construcción de un sistema de justicia más efectivo, transparente y accesible para todos los mexicanos. La hora de la participación activa y propositiva de la sociedad civil organizada ha llegado para transformar la realidad jurídica del país.