En medio de un estado de excepción y bajo el pretexto de la "emergencia económica", el gobierno de Daniel Noboa ha impulsado y aprobado (con el aval de la mayoría de la Asamblea Nacional) una serie de reformas legales que eliminan pilares fundamentales del trabajo en el sector público. Estas reformas no representan un hecho aislado ni una simple “actualización normativa”: son la aplicación sistemática de una vieja receta neoliberal que busca debilitar al Estado, privatizar servicios estratégicos y precarizar la vida de cientos de miles de trabajadores. Lo que está en juego no es solo el empleo, sino el modelo de país.
Abordemos en primer lugar las verdaderas implicanciones de la Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada, que elimina el Art. 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que protegía a los servidores públicos de carrera mediante dos garantías básicas: el derecho a la estabilidad y la obligación de un sumario administrativo previo a cualquier destitución. Con esta reforma, los más de 365.000 funcionarios públicos de carrera pueden ser removidos sin justificación ni debido proceso. Se rompe así con un principio esencial del derecho laboral: el derecho a defenderse antes de ser sancionado. Esta medida abre la puerta al despido arbitrario, castigos por razones políticas o represalias sin ningún tipo de control institucional. Hacemos un llamado a la clase obrera y servidores públicos a debatir estos temas, rechazar estas medidas y preparar intensas acciones de lucha en defensa de los derechos y libertades que tanto esfuerzo y vidas le han costado al pueblo.
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