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PRENSAMERICA ECUADOR.-El caso Progen se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos y administrativos del Ecuador reciente según pudimos conocer por intermedio de diarios internacionales. Lo que comenzó como una contratación presentada por el Gobierno como una solución urgente para enfrentar la crisis eléctrica terminó exponiendo una trama de corrupción, decisiones cuestionables, contratos millonarios, conflictos de interés y un proceso de investigación marcado por las sombras. Mientras la Fiscalía impulsa procesos por presunto peculado, la ciudadanía observa cómo información relevante aparece fragmentada, se oculta o simplemente no recibe la atención que merece, como lo ocurrido con los videos y grabaciones entregadas por los técnicos.
Las investigaciones periodísticas han revelado que las alertas sobre los equipos contratados existieron mucho antes de que el escándalo estallara públicamente. Funcionarios y técnicos vinculados al proyecto advirtieron sobre problemas relacionados con la calidad, operatividad y condiciones de los generadores. Sin embargo, esas advertencias no detuvieron la ejecución de contratos que comprometieron más de cien millones de dólares de recursos públicos. Peor aún, varios de esos antecedentes han sido minimizados o excluidos del debate oficial, alimentando la percepción de que existe una intención deliberada de reducir el alcance de las investigaciones.
Las recientes revelaciones sobre conversaciones y audios que involucran a la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, y a la asambleísta Diana Jácome, quien presidía la Comisión de Transparencia encargada de investigar el caso, profundizaron las dudas sobre la independencia de los procesos de control. La mayoría gobiernista en la Asamblea ha servido para mantener en la impunidad los casos de corrupción.
Diversos reportes periodísticos nacionales en internacionales han puesto bajo la lupa las relaciones entre actores públicos y privados que intervinieron en las negociaciones, así como posibles nexos con personas cercanas al círculo político del gobierno, entre ellos el ex Secretario de la Administración y ex Ministro de Gobierno Arturo Félix Wong, quien actualmente es embajador de Ecuador en Colombia.
El número de implicados cercanos al propio presidente Noboa, lleva a que su bloque parlamentario busque impedir la fiscalziación en el parlamento. El archivo del juicio político contra la exministra Manzano cerró una vía fundamental para esclarecer responsabilidades políticas y administrativas. Con ello, la mayoría legislativa optó por proteger al Ejecutivo antes que cumplir con su deber constitucional de fiscalización. La función de control no existe para absolver o condenar de antemano, sino para garantizar que los funcionarios rindan cuentas por sus decisiones.
No solo es Progen, esta forma coaligada de corrupción se evidencia tambien en los contratos de Austral Technical (ATM) y Power Tech Consortium (PTC). En estos casos, los contratos adjudicados por CELEC, en el marco de la emergencia 2024, ascendió a USD 820, 7 millones. De ese total, los contratos cuestionados suman hasta ahora USD 354 millones, con el agravante de que se hicieron pagos recurrentes y no hay un megavatio generado e integrado al sistema interconectado de energía eléctrica del país. La evidencia nos demuestra que el gobierno ha establecido un sistema de corrupción en el Ministerio de Energía.
Como se evidencia, Progen es un reflejo de cómo se administra el Estado bajo el gobierno de Daniel Noboa: contratos urgentes sin garantías, advertencias ignoradas, información reservada y una preocupante resistencia a la rendición de cuentas configuran una práctica corrupta y atentatoria a los intereses nacionales.
