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REDACCIÓN SANTIAGO CHILE - Parte 1 / Desde hace varios meses circula en corrillos de prensa, en la comunidad de inteligencia y entre policías de la vieja escuela, un archivo que señala al Poder Judicial de Costa Rica como presunto articulador de operaciones clandestinas durante los años más violentos del país. El documento ha sido presentado en algunos espacios como si se tratara de un informe desclasificado. No lo es.

PARTE 1 / Se trata de un texto de circulación privada, sin sello institucional ni origen verificable, cuya fuerza no radica en su estatus formal, sino en su contenido. Y es precisamente ese contenido —más que su procedencia— el que ha despertado preguntas, incomodidades y debates soterrados dentro y fuera del aparato de seguridad. En esta publicación lo reproducimos con un disclaimer explícito y con los resguardos editoriales correspondientes. El documento fue revisado por nuestra Sala de Redacción: una parte significativa de la información que contiene es verificable y corresponde a hechos históricos documentados; otra parte no puede ser confirmada, precisamente por su naturaleza de supuesta operación negra, diseñada para no dejar rastro.

El final que nunca se discutió

Johnny Monge murió el 13 de noviembre de 1991. La versión oficial habló de suicidio. Un disparo. Caso cerrado.
La opinión pública aceptó el desenlace sin demasiadas preguntas. No hubo marchas, ni reclamos persistentes, ni campañas exigiendo explicaciones. La razón fue tan simple como brutal: Johnny Monge era percibido como un peligro real. Había liderado una ola de asesinatos, había burlado a las autoridades, había sembrado terror. Para buena parte del país, su muerte —fuera cual fuera la causa— representó alivio.

Décadas después, esa aceptación sigue siendo un hecho incómodo.

Fuera de cámara, expolicías que participaron directa o indirectamente en aquellos días repiten una frase que se ha transmitido como leyenda interna: “A Johnny Monge no lo podían dejar vivo”. No lo dicen como confesión ni como denuncia, sino como una constatación pragmática, casi clínica. No hablan de órdenes escritas ni de planes formales. Hablan de clima. De tensión. De miedo. De una institución golpeada que acababa de perder agentes y operaba bajo presión social extrema.

La versión de que Johnny Monge fue suicidado —no suicida— nunca fue confirmada, pero tampoco desapareció. Ha circulado durante años en pasillos, retiros y conversaciones privadas entre quienes saben más de lo que se publicó. No como certeza, sino como ruido persistente. Como un eco que no logra silenciarse del todo. Y aquí está el punto clave: las leyendas no sobreviven por casualidad. Sobreviven porque algo quedó mal cerrado.

Este texto no afirma que Johnny Monge haya sido ejecutado. Afirma algo distinto, quizá más inquietante: que la sociedad costarricense estuvo dispuesta a aceptar que lo fuera. Y esa disposición colectiva dice tanto sobre el criminal como sobre el Estado que lo persiguió.

Con su muerte, el expediente se cerró. Pero no todo terminó ahí.

El OIJ quedó con dos agentes asesinados, una provincia traumatizada y una herida institucional difícil de procesar. El cierre judicial no fue sinónimo de cierre emocional. Y cuando eso ocurre, las instituciones —como las personas— buscan válvulas de escape. Es en ese contexto donde aparece una figura marginal, secundaria, incómoda. No un asesino probado. No un objetivo formal. No un actor central del caso Monge. Alguien que no encajaba del todo, pero tampoco desaparecía del radar. Un nombre que no estaba en los expedientes, pero sí en las conversaciones. Un sujeto que, para algunos, sabía demasiado; para otros, no sabía nada, pero estaba demasiado cerca.

Tío Conejo no fue parte del caso Monge. Es importante repetirlo.
No era sospechoso, ni cómplice, ni testigo formal. Sin embargo, terminó orbitando el relato. No por lo que hizo, sino por lo que representaba: una pieza suelta en un tablero emocionalmente dañado.

El documento que circula —y que esta investigación presentó con todas las advertencias necesarias— no pretende ser un expediente real. No lo necesita. Su valor no está en probar hechos, sino en exponer una lógica que muchos reconocen, aunque pocos admitan públicamente. La pregunta central no es si existió una “Operación Tío Conejo” con ese nombre o ese formato. La pregunta real es otra: ¿existieron —y existen— prácticas de vigilancia, presión psicológica y contención informal fuera de los marcos documentales tradicionales?

Fuera de cámara, la respuesta es casi unánime: sí. No sólo en Costa Rica. No sólo en los años noventa.

En contextos específicos —alta violencia, presión social, instituciones heridas, ausencia de pruebas suficientes, sospechosos inestables pero potencialmente peligrosos— los Estados han recurrido históricamente a zonas grises. No para juzgar, sino para observar. No para detener, sino para desgastar. No para castigar legalmente, sino para neutralizar riesgos percibidos. Estas prácticas no dejan expediente. No tienen actas de inicio ni de cierre. No generan órdenes firmadas. Pero dejan huellas.

Aquí es donde el caso trasciende a Johnny Monge y a Tío Conejo. Porque incluso si el documento fuera sólo una reconstrucción teórica, plantea un dilema que sigue vigente: ¿qué ocurre cuando una institución confunde prevención con castigo? ¿Quién decide cuándo alguien es demasiado peligroso para ser dejado en paz, pero demasiado débil para ser detenido? ¿Qué controles existen cuando la vigilancia se justifica como “protección”? ¿Qué sucede cuando el dolor institucional se convierte en criterio operativo?

¿Quién responde si esas prácticas se normalizan y se heredan? ¿Y si parte de ese ADN quedó incrustado en capas profundas del aparato policial costarricense, transmitido más por cultura que por reglamento? 

Estas no son preguntas sobre el pasado. Son preguntas sobre continuidad.

Johnny Monge murió y el país siguió adelante.
Tío Conejo sobrevivió y se desvaneció del relato oficial.
Uno fue considerado demasiado peligroso para vivir.
El otro, demasiado irrelevante para importar.

Entre ambos queda un espacio incómodo: el de las decisiones que no se escriben, el de las operaciones que no existen en papel, el de las verdades que nadie confirma, pero que demasiada gente reconoce. Este trabajo no afirma culpabilidades. No señala responsables. No presenta pruebas judiciales. Hace algo distinto: expone una lógica. Y deja una pregunta final que no busca respuesta inmediata, sino memoria: Si estas prácticas existieron, si fueron toleradas, si se justificaron en nombre del orden… ¿estamos seguros de que no dejaron herencia?

A veces, lo más inquietante no es lo que ocurrió, sino lo que pudo ocurrir y fue aceptado en silencio.