Daniel Noboa ha enviado la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, para realizar cambios en el manejo económico del BIESS, donde su principal justificación es lo que denomina “fondeo”, pero tendrá graves efectos sociales. El principal reparo que se tiene a esta ley es su inconstitucionalidad, ya que la Constitución dispone que los recursos del IESS son distintos de los del fisco y, además, que es autónomo, por tanto, no es el Presidente de la República quien puede disponer sobre recursos que no le pertenecen, ni sobre el BIESS que es de propiedad del IESS.
Se reforma el artículo cuatro de la Ley del BIESS, que incluye disposiciones que le permiten “Realizar operaciones de venta de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria, de conformidad con la ley.” a lo que se añade la capacidad de realizar operaciones de reporto y pignorar su cartera. Con las operaciones de reporto se lo habilita a realizar operaciones a corto plazo entre entidades financieras principalmente, son operaciones comunes entre bancos que requieren “fondearse” de forma rápida y por corto tiempo, para superar falta de dinero temporal. Pero pueden ser riesgosas en la medida en que las garantías entregadas no cubran el riesgo de quien pone el efectivo.
La pignoración posibilita que se reciba bienes, sin los procesos legales, posibilita que el deudor que pignora el bien mantenga su posesión.
En el interés de reducir la elevada cartera hipotecaria vencida, que asciende al 12.55%, el BIESS pretende ofertarla en el mercado de valores. La cartera vencida de préstamos hipotecarios y la denominada cartera improductiva suman USD 932 millones, que afectan a más de 20000 deudores que han caído en mora.
Vender estos documentos tiene dos consecuencias negativas, la primera es que, en el mercado de valores, no podrá obtener el 100% del valor en papeles. Probablemente, tendrá que conformarse con perder un 30%, o más según las condiciones del mercado, sin embargo, los directivos del banco esperan, con esa operación “fondearse”, es decir, tener dinero en efectivo, pero la ley no dice el destino de esos fondos, lo que añade más incertidumbre a esta reforma legal.
La segunda consecuencia negativa, y más grave, es que, el nuevo dueño de esos documentos, tomará posesión de ellos, lo que conlleva desalojar viviendas que fueron compradas con esos préstamos, lo que dejaría en la calle al deudor y a su familia. Habría unas 100000 personas afectadas. Mientras los beneficiarios serán quienes compren esos papeles, sin duda banqueros.
El caso de estos deudores es especial ya que, en su mayoría, perdieron su trabajo, por lo que fueron obligados por las circunstancias, a caer en mora, fundamentalmente por las dificultades económicas que agobian al Ecuador. Estas disposiciones legales abren la posibilidad de que el BIESS entregue recursos al sistema bancario con los riesgos que esto significa y que bien podría implicar, en medio de un gobierno de la burguesía, que el banco de los afiliados termine siendo víctima de las maquinaciones de los banqueros que, en unidad con el Banco Mundial, tienen el objetivo de desaparecerlo.
