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 La vida de más de 17.000 pacientes con insuficiencia renal crónica en Ecuador está en peligro debido a la deuda millonaria del Estado con las clínicas dializadoras, que hasta abril de 2025 asciende a USD 195 millones.
La vocera de los pacientes renales, Gabriela Álvaro, anunció que el próximo lunes 21 de abril de 2025 presentará una acción de protección ante la Corte Constitucional por la grave situación que enfrentan miles de personas que dependen del tratamiento de diálisis para sobrevivir.
Del total de la deuda, USD 88 millones corresponden al Ministerio de Salud Pública, y USD 107 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta falta de pagos ha provocado el cierre de varias clínicas especializadas y ha obligado a otras a limitar su atención por falta de insumos, medicamentos y personal.
Álvaro informó que, de momento, no se ha considerado una demanda internacional, ya que primero se agotarán los recursos legales a nivel nacional. Sin embargo, anunció que se solicitará ayuda humanitaria a organizaciones internacionales, ante el deterioro progresivo del sistema y el impacto directo en la salud de los pacientes.
La crisis no es nueva. En 2024, se reportó que más de 1.000 pacientes renales habrían fallecido por falta de atención adecuada. La situación actual, lejos de mejorar, empeora con el pasar de los meses, poniendo en riesgo la vida de miles de personas que requieren tratamientos permanentes y especializados.
Las asociaciones de pacientes exigen al Gobierno una solución inmediata y el pago urgente a las prestadoras de servicios de salud, para evitar más pérdidas humanas.