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REDACCIÓN SANTIAGO CHILE / Parte 2 - Esta entrevista forma parte de la segunda entrega de un trabajo periodístico iniciado en la Parte 1, donde se abordó la circulación de un documento no oficial —sin origen verificable ni validación institucional— que reactivó memorias, silencios y debates enterrados en la historia policial reciente de Costa Rica. No se trata de un archivo desclasificado ni de un expediente auténtico. Nunca lo fue. Su valor no reside en su estatus, sino en el eco que provocó: coincidencias narrativas, patrones repetidos, recuerdos que sobreviven incluso cuando los papeles no existen o desaparecieron.

El documento no se utiliza como prueba ni como registro formal. Funciona, únicamente, como detonante periodístico. Permitió identificar una zona donde el archivo no alcanza: la memoria institucional, ese territorio donde no hay resoluciones judiciales, pero sí versiones persistentes, miedos heredados y decisiones que nunca se escribieron.

La entrevista que sigue no busca confirmar ni desmentir el contenido del documento, ni atribuir responsabilidades a personas concretas. Es un ejercicio de periodismo de contexto. Una conversación con una fuente anónima, con experiencia directa en los hechos abordados, cuyas palabras se presentan como percepciones, no como pruebas. No hay pretensión judicial. Hay relato.

Los nombres ficticios, las referencias genéricas y la omisión deliberada de datos identificables responden a criterios editoriales: protección de fuentes, respeto a la presunción de inocencia y seguridad de terceros. Todo lo descrito debe entenderse como reconstrucción de climas institucionales y lógicas operativas, no como afirmación de hechos comprobados ni como confirmación de operaciones formales o clandestinas.

Este medio asume su deber ético: preservar confidencialidad, no revelar identidades ni métodos, salvo en casos de riesgo grave e inminente. El objetivo es otro: invitar a pensar los límites del poder, la prevención, la memoria y las zonas grises del Estado. No ofrecer verdades cerradas. No clausurar preguntas.

Durante décadas, ciertos episodios quedaron flotando en la memoria policial y social sin expediente completo, sin cierre judicial, sin versión única. No porque no ocurrieran, sino porque ocurrieron en un terreno donde la vigilancia sustituye al arresto, la presión reemplaza a la prueba y el error deja de ser opción.

Esta segunda parte no intenta probar delitos. Intenta reconstruir una pregunta que nunca se fue: ¿qué hace una institución cuando no puede permitirse otro Johnny Monge?

Consultamos a varios actores del sistema judicial y policial. Las respuestas fueron casi idénticas: cautela extrema, negativas secas, advertencias veladas. “Eso todavía quema”. No preguntaban por el enfoque. No querían leer nada. El rechazo no era profesional. Era visceral.

El acceso no llegó por insistencia, sino por respeto al silencio. Dejamos pasar días. Semanas. No volvimos sobre nombres. Entendimos que para algunos episodios no son pasado, aunque hayan ocurrido hace décadas.

Finalmente accedió. Lo llamaremos Ramiro. Exagente del OIJ. Participó en las refriegas del caso Johnny Monge y en el entorno del caso Tío Conejo. No habló de anonimato: lo dio por hecho. No por miedo legal —ya no estaba en funciones— sino porque siguen vivas personas vinculadas a esos hechos.
“No es por lo que diga”, escribió antes del encuentro. “Es por lo que se reactiva cuando se dice”.

El lugar cambió dos veces. Nada de oficinas. Nada de sitios asociados a trabajo. No hubo cámaras ni libretas. Solo un celular grabando. Frases medidas. Silencios largos. Miradas alrededor, no por paranoia, sino por costumbre.

Antes de empezar, una advertencia: dentro de los equipos hubo tensiones reales. Advertencias cruzadas. Miedos explícitos.
“No todos estábamos cómodos”, dijo. “Y no todos reaccionan igual cuando creen que algo se está saliendo de control”.

Habló de llamadas sin registro. De frases dichas “al aire”. Lo suficientemente fuertes para entenderse. Lo suficientemente vagas para no poder atribuirse. De climas internos donde algunos empujaban a una resolución rápida, mientras otros intentaban ganar tiempo.
“A veces la amenaza no venía de afuera”, dijo, sin desarrollar.

Cuando le preguntamos por qué nada de eso llegó a medios, respondió sin dudar:
“Porque no pasó nada visible”.
Y agregó algo peor:
“Y porque había consenso en que era mejor que no pasara”. No habló de órdenes. Habló de ambiente. De una sensación compartida de que remover esas historias no traería estabilidad, sino ruido.

Pidió algo concreto: que no presentáramos esto como operación formal ni como verdad definitiva.
“Porque no lo fue”.
Y dejó una frase que funciona como advertencia editorial: “Hay cosas que no se callan porque sean ilegales, sino porque siguen siendo peligrosas”.

Con ese marco comienza la entrevista. (Tomada textualmente de: masdiario.es)

— ¿Después de un caso traumático como el de Johnny Monge, bajan los umbrales de tolerancia al riesgo?

— Sí. No se reconoce así oficialmente, pero ocurre. Después de un golpe tan fuerte, la institución se vuelve más reactiva. Se amplía la noción de “riesgo” y se estrecha la de “error aceptable”.

— ¿Se prioriza evitar otro escándalo?

— Más que evitarlo, se intenta que no vuelva a repetirse una situación fuera de control. Nadie quiere ser el siguiente responsable de algo que pudo haberse anticipado.

— ¿Pesaba Johnny Monge como antecedente?

— Claro que pesaba. No como caso puntual, sino como recordatorio constante de lo que pasa cuando algo se desborda.

Sobre la vigilancia visible aplicada al vigilado Tío Conejo, algunas fuentes cercanas al caso señalan que no fue una vigilancia normal, que el OIJ dejaba verse y sus agentes, sus autos frente a los hoteles de pernoctación del sujeto. Entonces, ¿autos del OIJ visibles frente a un hotel es patrullaje rutinario?

— No. El patrullaje rutinario no se fija en un sólo punto ni se repite con la misma lógica. Eso es presencia dirigida.

— ¿Se buscaba que el vigilado lo notara?

— Sí. En esos casos la visibilidad es parte del mensaje. No se trata de sorprender, sino de disuadir.

— ¿Eso lo decide un agente solo?

— No. Nadie se expone así sin respaldo. Aunque no haya orden escrita, hay conocimiento de mando.

— ¿Es una forma de presión psicológica?

— Puede entenderse así, aunque internamente se racionaliza como prevención.

— La vigilancia no se limitó a un sólo punto. Hay referencias a seguimiento en San José, Siquirres, Guácimo. ¿Eso responde a una lógica distinta?

— Sí. Cuando una persona vigilada a ese nivel se mueve entre regiones, la observación también se desplaza. No para cercar, sino para no perder continuidad. Lo vigilamos en Siquirres, en caminos vecinales de Guácimo, en montaña, Liverpool, Río Blanco, debajo de algunos puentes de San José, edificios abandonados, en sectores cercanos al homicidio de las víctimas de Jhonny, en bananales, hasta sus familiares, algunos de ellos, cooperaron en este trabajo de campo.

— ¿Se buscaba impedir que encontrara “zonas neutras”?

— Exactamente. Que no hubiera lugares donde pudiera sentirse completamente fuera del radar.

— ¿Eso implica coordinación interregional?

— Implica conocimiento compartido. No necesariamente una operación formal, pero sí conciencia común de que se trataba del mismo problema moviéndose de lugar.

— ¿Qué se hace cuando no hay base para detener?

— Se observa. Se monitorea. Se intenta anticipar escenarios. No es ideal, pero ocurre.

— ¿Se gana tiempo?

— Exactamente. Se gana tiempo para que algo no pase, o para que, si pasaba, no tomara por sorpresa.

— En el documento se menciona que el punto de quiebre fue cuando el vigilado se acercó a una jefatura regional poco después de la masacre, vinculándose con una de las víctimas. ¿Ese gesto influyó realmente en cómo se le empezó a ver?

— Sí. Mucho más de lo que se admite. No por el contenido de lo que dijo, sino por el momento en que lo dijo. La institución estaba herida, a la defensiva, con los nervios a flor de piel. Cuando alguien aparece en ese contexto y toca esa historia, deja de ser un sujeto cualquiera. Se convierte en un factor de riesgo, no por lo que hizo, sino por lo que puede reactivar. Desde ahí, todo lo demás se leyó distinto.

— Usted habla de prevención, pero ¿cómo estaba él en ese período?, ¿cuál era el estado mental del vigilado?

— Mal. Muy mal. Había consumo fuerte de cocaína, días sin dormir, episodios de paranoia severa, él presentaba conductas erráticas en espacios públicos sensibles incluidos escuelas, hoteles, restaurantes, y buscábamos evitar este tipo de riesgos.

— ¿Paranoia en qué sentido?

— Se escondía debajo de las camas de los hoteles, convencido de que iban a entrar de noche. A veces desaparecía hacia zonas montañosas cercanas, sin comer, sin avisar. Lloraba. Rezaba. Estaba claramente descompensado.

— ¿Eso complicaba la vigilancia?

— Muchísimo. Porque ya no se trataba sólo de lo que podía hacer, sino de lo que podía hacerse a sí mismo.

— ¿Ese deterioro era solo por las drogas?

— Las drogas lo agravaban, pero la presión constante no ayudaba. Era una espiral.

(silencio breve)

— ¿La vigilancia podía estar empujándolo más al límite?

— Fue una posibilidad que nadie quería formular en voz alta.

— ¿Sobre los expedientes que no se ven, siempre hay un expediente formal?

— No. Muchas veces no hay uno sólo. Hay fragmentos.

— ¿Dónde quedan esos fragmentos?

— En bitácoras, partes internos, registros de patrullaje, anotaciones administrativas. Nada que diga “investigación sobre X”.

— ¿Se usan términos neutros?

— Siempre. “Presencia preventiva”, “ronda”, “verificación”. Lenguaje normalizador.

— ¿Hoy quién podría acceder a eso?

— Muy poca gente. Y sólo sabiendo qué buscar.

— ¿Por qué nunca fue noticia el caso Tío Conejo?

— Porque no hubo evento. La prensa cubre hechos, no prevenciones silenciosas.

— ¿Influye que sea difícil de explicar públicamente?

— Mucho. No hay forma sencilla de justificar vigilancia sin cargos sin abrir preguntas incómodas.

— ¿El riesgo era sólo que él hiciera algo?

— No. También existía el riesgo inverso.

— ¿A qué se refiere?

— A que alguien decidiera adelantarse. A que se impusiera una lógica de “esto hay que resolverlo”.

— ¿La vigilancia servía para contener eso?

— Sí. Saber dónde está alguien también es una forma de protegerlo de terceros.

— Usted ha dicho que vigilar a Tío Conejo fue una forma de contención, incluso de protección. Pero dígame algo que nunca se escribe en los informes: ¿qué fue lo que la institución temía más en ese momento, lo que él pudiera hacer, o lo que alguien dentro pudiera terminar haciéndole a él?

— (pausa larga)

— En ese momento, lo segundo. Cuando una institución viene de un golpe así, el riesgo no siempre está afuera. Hay rabias acumuladas, cansancio, miedo a repetir el error. Y cuando aparece alguien que no encaja, que incomoda, que toca una herida reciente, el peligro es que alguien decida “resolver” para cerrar el capítulo. La vigilancia también era para que eso no pasara. Para que nadie cruzara una línea de la que después no habría vuelta atrás.

— ¿Qué es peor para una institución: un enfrentamiento o una desaparición?

— Una desaparición. Porque no hay relato, no hay control, no hay cierre.

— ¿Mantenerlo visible evitaba eso?

— Exactamente. Mientras estaba a la vista, el caso sigue en el mundo observable.

— ¿Por qué nadie habló después?

— Porque no había un relato limpio que contar. Y porque removerlo no aportaba estabilidad.

— ¿El silencio siempre significa que no pasó nada?

— No. A veces significa que pasó algo que no conviene reinterpretar.

— ¿Qué pesa más con los años?

— La paz institucional.

— Si todo esto no fue una operación formal, sino una suma de decisiones pequeñas, silenciosas y aparentemente razonables…
¿en qué momento una institución deja de saber exactamente qué está haciendo?

— Cuando deja de escribirlo. Mientras algo no queda en papel, se siente reversible. Se cree que siempre se puede volver atrás, aunque en la práctica ya no se sepa dónde empezó.

— Y cuando el vigilado empieza a quebrarse, a perder estabilidad, a desdibujarse como amenaza y como persona… ¿ahí termina la prevención o empieza otra cosa?

— Ahí es donde nadie quiere ponerle nombre.

— ¿Cuáles eran los objetivos de tanta vigilancia y contención a un simple vendedor de helados?

— En ese momento, vigilar a Tío Conejo no se entendía como una medida punitiva, sino como una forma de evitar que todo terminara peor. No porque fuera un criminal probado, ni porque existiera un expediente que lo justificara, sino porque se percibía que estaba entrando —o podía entrar en cualquier momento— en una espiral peligrosa. El consumo de drogas no era un juicio moral, era un factor operativo: alteración del juicio, paranoia, impulsividad, decisiones erráticas. La combinación perfecta para que una situación menor se transformara en un hecho irreversible. El temor no era sólo que cometiera un acto violento, sino que forzara una reacción que acabara con él muerto, sin proceso, sin verdad, sin posibilidad de explicación.

— ¿Por qué aseguras que la situación con este sujeto era tan seria?

— Después de Johnny Monge, nadie quería otro final así. No otro cuerpo, no otro cierre rápido, no otra historia que el país aceptara con alivio y silencio. Mantener a Tío Conejo bajo observación era, paradójicamente, una manera de mantenerlo con vida. De evitar que se convirtiera en “otro Jhonny”, en otro nombre que se cerrara sin preguntas porque resultaba más cómodo no hacerlas.

— ¿Qué otros riesgos había en ese escenario?

— El riesgo no venía sólo de él hacia afuera. También venía hacia él. En un clima institucional cargado, con heridas abiertas y presión acumulada, empezaron a circular discursos peligrosos en el grupo. No órdenes, no planes formales, sino algo más difuso y más inquietante: la idea de que había problemas que no podían seguir existiendo. Que ciertas personas eran, en sí mismas, una amenaza latente. Que bastaba con un paso en falso para justificar cruzar esa línea de no retorno y acabar con el problema. Algunos no hablaban de vigilancia; hablaban de “resolver”. Y resolver, en ese lenguaje, no significaba investigar.

— ¿Entonces era una operación en ambas direcciones?

— Así es. La observación constante funcionaba entonces como una forma de contención doble: hacia afuera, para anticipar una posible escalada; y hacia adentro, para evitar que alguien cruzara una línea de la que no habría retorno. Saber dónde estaba, con quién se reunía, quién se le acercaba, no sólo permitía controlar la situación, sino impedir que otros decidieran adelantarse. Que la justicia por mano propia —envuelta en rabia, miedo o cansancio— se impusiera al proceso, aunque el proceso fuera incómodo, lento o insuficiente.

— ¿Puedes describir ese escenario de manera más amplia?

— Había un escenario en el que se temía más que cualquier enfrentamiento: la desaparición. Que Tío Conejo simplemente dejara de estar. Que apareciera muerto sin contexto, o que nunca apareciera. Eso habría abierto un agujero imposible de cerrar, alimentado rumores durante décadas y convertido el caso en una leyenda tóxica para la institución. Vigilar era, en ese sentido, una manera de mantener el relato en el plano observable, de evitar que se perdiera en la oscuridad donde ya no hay control ni explicación posible.

No había buenas opciones. No había cargos sólidos, no había flagrancia, no había base jurídica clara para detener. Pero sí había una sensación persistente de riesgo, de amenaza difusa, de historia que podía repetirse. En ese margen estrecho, la vigilancia apareció como el mal menor. No como solución, sino como aplazamiento. No como justicia, sino como intento desesperado de que nada explotara.

— ¿Entonces qué es lo que se buscaba?

— En ese contexto, lo que se buscaba evitar no era sólo un delito. Era otro final sin juicio. Otra muerte aceptada en silencio. Otro error que la institución no podía permitirse.

No hubo más preguntas. No porque ya no hicieran falta, sino porque algunas respuestas funcionan mejor en silencio.

Lo que deja esta conversación no es una confesión ni una prueba, sino algo más inquietante: la confirmación de que existen decisiones que nunca entran en los expedientes, pero que pesan durante décadas en la conciencia institucional. No porque hayan sido ilegales, sino porque fueron necesarias en un momento en que el sistema sentía que no podía volver a fallar. La vigilancia sobre Tío Conejo no fue una operación, fue un reflejo. Un síntoma de una institución herida, caminando sobre la cuerda floja entre la prevención y el exceso, entre el control y el miedo a repetir su peor pesadilla.

Johnny Monge aparece aquí no como un caso cerrado, sino como un fantasma operativo: el recordatorio permanente de lo que ocurre cuando el Estado pierde el control de la escena. Tío Conejo, en cambio, encarna el reverso: el sujeto al que no se podía matar, pero tampoco dejar libre. Entre ambos se despliega una lógica que rara vez se escribe, pero que muchos reconocen cuando se les pregunta en voz baja.

Esta historia no termina en Costa Rica. Lo que aquí se narra —vigilancias informales, contenciones sin expediente, zonas grises activadas por trauma institucional— no es una anomalía local. Es una práctica que aparece, con distintos nombres y disfraces, en sistemas de seguridad de todo el mundo cuando el margen de error se reduce a cero.

En la tercera parte, la mirada se amplía. Salimos del mapa nacional para rastrear otros casos, otros países, otras instituciones que enfrentaron dilemas similares: qué hace el poder cuando no puede detener ni matar, cuando solo le queda observar. Porque entender a Tío Conejo no es solo entender a Costa Rica, es asomarse a una lógica global donde el control ya no siempre se ejerce con esposas, sino con presencia.

Y ahí empieza otra historia.
La de los Estados que aprendieron a vigilar sin expediente.
La de los silencios que cruzan fronteras.
La de las operaciones que nadie firma, pero demasiados conocen.